El consorcio español amenaza con romper el contrato del AVE a La Meca

Los acuerdos de comercialización cerrados entre la Generalitat, Ryanair y otras compañías aéreas que operan desde los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus podrían constituir «ayudas de Estado» encubiertas, según la investigación preliminar realizada por la Comisión Europea, que ha anunciado la ampliación de la investigación que puso en marcha hace casi siete años. «La Comisión Europea ha decidido ampliar el alcance de la investigación en marcha sobre los acuerdos de comercialización entre entidades públicas y Ryanair y otras aerolíneas que utilizan los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus a otros contratos adicionales», anunció el Ejecutivo comunitario. (El Periódico) (El Economista)

La capitalización de la empresa aumentó hasta los 71.377 millones de euros. La compañía ya vale, por primera vez, más que las otras tres siguientes energéticas juntas: Endesa (26.956 millones), Naturgy (23.796 millones) y Repsol (19.615 millones). Iberdrola, presidida por Ignacio Sánchez Galán, está protagonizando desde hace meses un rally alcista en Bolsa, pero especialmente en lo que va de año. Desde enero se ha revalorizado un 22%. La escalada se produce en plena polémica por el análisis del que está siendo objeto Iberdrola en el denominado caso Villarejo. (Expansión)

La Audiencia Nacional podría acorralar todavía más al expresidente de BBVA, Francisco González (FG). La Fiscalía Anticorrupción, además de apuntar directamente al exbanquero como responsable de los contratos del grupo financiero con el excomisario Villarejo, se plantea solicitar al juez la apertura de un pieza separada para investigar los encargos particulares que realizó el exmáximo responsable de la entidad al expolicía, como la búsqueda de fincas para comprar. Los fiscales consideran oportuno poner en marcha esta nueva investigación y lo esgrimen como argumento para desestimar la petición del banco de personarse en la causa, al considerarse perjudicado por las prácticas irregulares. (El Economista)  

El BBVA solo investigó por encima el ‘caso Villarejo’ bajo la presidencia de González (El País) (Cinco Días)

Los fondos ignoran el ‘caso Villarejo’ y elevan su inversión en BBVA. (Expansión)

La promotora Neinor llevará al consejo del próximo 26 de febrero un plan para ampliar su radio de actividad y entrar en el negocio de la vivienda de alquiler. De ser aprobado tal giro, se quedará como propietario de alguna de las promociones que construya. (Cinco Días)

Trascendental decisión judicial en la lucha contra las webs que piratean la señal de la televisión de pago en España, con especial relevancia de los partidos de fútbol, dentro del conocido fenómeno de Rojadirecta. Un juzgado mercantil de Madrid ha dado la razón a Telefónica Audiovisual Digital en una demanda interpuesta contra las operadoras de telecomunicaciones y proveedores de acceso a internet para la identificación y bloqueo de una serie de webs de pirateo. La sentencia incluye una novedad clave: el demandante podrá facilitar cada semana un listado de nuevas webs a bloquear sin pasar siquiera por el juzgado. (Cinco Días)

Los españoles pagamos mucho menos que el resto de nuestros vecinos europeos por la compra de alimentos. Pese a la polémica por los bajos precios que reciben los agricultores, y mientras el Gobierno echa la culpa a las grandes cadenas de supermercados, los datos demuestran la alta competitividad que hay en los lineales, que permite que España ocupe el puesto 22 por el nivel de precios de los alimentos. (El Economista)

El desabastecimiento puntual de fármacos ha sido una tónica habitual, y no demasiado preocupante, en España. Sin embargo, durante el año 2019 la falta de medicamentos se convirtió en un problema estatal de calado. A 31 de diciembre faltaban en la prestación 761 presentaciones de productos farmacéuticos. Esta cantidad es el doble que hace cinco años y además el 7% de ellos no cuenta con una alternativa. (El Economista)

La Comunidad de Madrid bate su récord de solidaridad con la caja común del sistema de financiación autonómica tras una revisión al alza comunicada por el Ministerio de Hacienda en las entregas a cuenta para 2020. En total, Madrid deberá aportar al llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF), considerado clave para la solidaridad del sistema, un total de 3.919 millones, la cantidad más alta nunca entregada por Madrid. Supera en un 150% al siguiente contribuyente que es Cataluña, con 1.579 millones. (El Mundo)

La patronal madrileña avisa del golpe a la competitividad si se suben impuestos. (ABC)

Pedro Sánchez, sin complejos, ha barajado con sus ministras Calviño y Montero una prórroga presupuestaria si no hay garantías de una mayoría para alumbrar los de 2020. El ministerio de Hacienda, de hecho, ya publicó en el BOE el 23 de enero, una Orden Ministerial que «adopta una serie de medidas de gestión del gasto público (...) en el escenario de una prórroga de los Presupuestos del Estado vigentes». La prórroga sería un fiasco político para Sánchez, pero quizá también un éxito económico. Sería la coartada perfecta para dilatar proyectos que requieren aumentos fuertes de gasto. Es el «plan B económico» del presidente, que se complementa con la preparación –requieren tiempo y pedagogía– de otros planes, aunque los efectos económicos del coronavirus podrían servir de coartada. A falta de una reforma fiscal profunda, las únicas vías para recaudar mas –y gastar en la misma medida– es subir el IRPF, no solo a los «ricos» sino a la clase media y, aunque son palabras mayores para la extrema izquierda, subir el IVA que se deja de recaudar, por los beneficios fiscales que se aplican al gravamen, más de 40.000 millones al año, según un informe del Banco de España. (La Razón)

Los partidos retoman a partir de hoy los trabajos en la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma del sistema de pensiones, con la intención de aprovechar los avances realizados en los dos años y medio de negociaciones. Entre estos avances está el acuerdo, alcanzado cuasi por unanimidad en febrero de 2019, sobre la revalorización de las pensiones en base al IPC previsto. Así, el principal objetivo es llegar a un pacto antes para “no alargar más la incertidumbre de los pensionistas”, señalan a elEconomista fuentes de la Comisión, con la esperanza de que no se difiera de lo acordado con un consenso de las fuerzas políticas antes de que Podemos dinamitase el borrador para la reforma, a pocas semanas de las elecciones de abril de 2019.  (El Economista)

Casado se presentó con una «oferta de pactos y de estabilidad», la misma que realizó antes de la investidura, y que exige que Sánchez rompa sus acuerdos con ERC y se levante de la mesa bilateral que imponen los secesionistas. Lo que supone, en suma, que cambie de socios de gobierno. De ese cambio en la política en Cataluña dependen los demás acuerdos, explicó Casado a Sánchez, como ayer adelantó este periódico. También el de la renovación del Poder Judicial y de las demás vacantes institucionales. Sánchez le confirmó a Casado que ninguna oferta le hará romper su pacto con los independentistas. «No romperé el pacto con ERC», puede ser el resumen de la conversación «cordial», según las dos partes, que presidente del Gobierno y líder de la oposición mantuvieron en La Moncloa. (La Razón) 

ERC exige a JxCAT fijar ya la fecha de la mesa de diálogo con Sánchez. (La Razón)

El barón 'popular' plantea colocar a varios independientes 'naranjas' en las listas del PP gallego pero descarta formar una coalición. (El Mundo)

Se trata de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé dejar la investigación de las causas penales en manos del fiscal en vez de en el juez de instrucción, como sucede ahora. En un momento en el que la elección de Delgado ha herido de muerte la apariencia de imparcialidad del Ministerio Público, el plan de Campo -que ya intentó sacar adelante Francisco Caamaño cuando el hoy ministro era secretario de Estado-, no fue recibido ayer con demasiado entusiasmo. (ABC)

El Gobierno avala la argucia que está empleando la Generalitat para excarcelar prematuramente a los dirigentes independentistas condenados por organizar el referéndum ilegal del 1-O. «El Gobierno está tranquilo de que se cumple la ley y cada institución hace lo que le corresponde», aseveró ayer la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, para respaldar el uso que el Govern presidido por Quim Torra está haciendo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Ése que permite a los presos abandonar durante el día la prisión para trabajar o hacer labores de voluntariado que favorezcan su reinserción. Ése del que ya se han beneficiado para abrazar la semilibertad el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consejera de Trabajo Dolors Bassa. (El Mundo)

La Fiscalía General del Estado ultima ya la querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, por un delito de desobediencia por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) al dar trámite para votación a propuestas de resolución a favor del derecho de autodeterminación. Después de que el tribunal que defiende la Carta Magna pidiera acciones penales por la comisión de posibles ilegalidades contra Torrent y miembros de la Mesa, el ministerio público está elaborando el texto para actuar sin esperar a que la exministra de Justicia Dolores Delgado acceda al cargo de fiscal general. Según explican fuentes del ministerio público, el asunto está en manos de la secretaría técnica de la Fiscalía General, que está ya perfilando cómo se deberá proceder contra Torrent. (La Vanguardia)

El líder venezolano tiene el estatus de «huésped». El régimen de Maduro pretende detener al opositor antichavista. Desde el entorno de Guaidó descartan que España expulse a López, «pero quién sabe», apuntan. (La Razón)

Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia de Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela de 2004 y 2007, posee cuentas bancarias millonarias en el país helvético. Así figura en la respuesta a una comisión rogatoria enviada a Suiza por el juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupción en transacciones comerciales internacionales, blanqueo y delitos fiscales en el supuesto saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA. El juez estudia ahora reclamar información más exhaustiva sobre las cuentas a Suiza, y está a la espera de la documentación pedida a una docena de entidades bancarias y notarías de Portugal, Suiza, Panamá y España. (El País)

La UE dio luz verde ayer a una operación marítima en el Mediterráneo para tratar de controlar las costas de Libia y frenar el tráfico de armas. La operación Sofía, en cierto modo su predecesora, concluirá definitivamente. El resultado no es todo lo que el alto representante de la UE, Josep Borrell, hubiera querido, pero mucho más de lo que él mismo esperaba antes de la reunión, cuando asumía que sería «imposible». Los ministros consensuaron un pacto con nueve puntos, definiendo que el objetivo de la misión «es la implementación del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas» y que habrá «activos marítimos, aéreos y por satélite». El documento especifica que el «área de operaciones será definida de acuerdo al mandato acordado», pero tiene los ojos puestos en el este del país. (El Mundo)

Tres meses después de paralizar datos españoles por hallar "anomalías", el organismo aún no ha dado explicaciones. (El Mundo)