Ocurrió el pasado 9 de mayo, día de Europa. Hablo de Isabel Estapé, famosa economista, notario y consejera de distintas sociedades del entorno Caixa, líder en sus ratos libres de una de las tertulias -no mediáticas- de mayor nivel que existen hoy en Madrid, titulada Panel Cívico.

Ese día había convocado al subgobernador -vicepresidente- del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos ante no más de una veintena de personas. Entre los presentes, el penúltimo presidente del Banco Popular, Ángel Ron.

Todo transcurría con la elegancia de los foros habilitados para gente educada en colegio de pago, cuando tomó la palabra Julio Padilla Carballada, jurídico militar del Tribunal Supremo, ya retirado y exdiputado del PP por Lugo, y se dirigió al invitado:

-No entiendo por qué un acto administrativo como el de la intervención del Banco Popular se declaró secreto.

Aludía con ello al expediente de intervención del Banco Popular, donde todos los accionistas perdieron su dinero -1.300 millones de euros según su valor en bolsa, 11.000 millones de euros de patrimonio, según la evaluación de los peritos del Banco de España- sin saber por qué lo perdían, privados del principal instrumento para su defensa- y con la sensación general de que se les estaba tomando el pelo.

De hecho, todo el caso Popular -hoy jueves 6 de junio cumplen 7 años de la intervención, perpetrada con nocturnidad y alevosía en la noche del 6 al 7 de junio de 2017- fue perpetrado por la Junta de Resolución Bancaria Europea (JUR), que decidió intervenir un banco, solvente y rentable -según el propio informe pericial del Banco de España- y regalárselo al Santander por un euro.

Pregunta a Luis de Guindos: ¿Por qué el expediente de resolución fue secreto? Respuesta tautológica del número dos del BCE: "Si la Comisión decidió intervenir sería que era lo mejor para los accionistas". ¡Toma ya!

Luis de Guindos, que encima, en el momento de autos, era ministro de Economía y tras defender lo lógico, que no había que intervenir un banco solvente y rentable, se pasó a apoyar la intervención con la retirada de cuentas públicas del Popular y de esta forma alentar el espantajo de la falta de liquidez del banco.

Además, la pregunta de Padilla revelaba todo el vodevil-estafa jurídico posterior a la intervención, con un guión que ordenaba buscarle las cosquillas a los anteriores administradores y a ser posible que alguien fuera a la cárcel para justificar el desafuero de la JUR y del propio gobierno español.

Pues no, el Popular no necesitaba intervención pública alguna pero Europa sí que necesitaba intervenir un banco para demostrar su poder. La JUR depende la Comisión Europea pero es una pieza más del Banco Central Europeo (BCE) en una Unión Bancaria Europea que todavía está en pañales.

Pues bien, Padilla como buen jurista ponía el dedo en la llaga: si toda la intervención del Popu fue un proceso limpio, ¿por qué razón se ocultó el expediente a los damnificados? Encima, como buen gallego, Padilla, se encargó de recordarle a Guindos que eso, los expedientes secretos para la toma de resoluciones públicas, era propio del Franquismo: ¡Mmmmmmmmmmm!

Cuando el jurídico Padilla formuló la pregunta todos las caras se volvieron hacia Ángel Ron -empitonado por el juez José Luis Calama- quien miraba con expresión de 'yo no he sido quien ha formulado la pregunta pero qué pregunta más interesante'.

Pues bien, Guindos ni inmutarse, despachó la pregunta con una tautología: "Si las autoridades comunitarias han decidido la intervención, sería que era lo mejor para los accionistas". ¡Toma ya!

Siete años de la intervención del Popular. Una vergüenza para España, para el Gobierno Rajoy que cedió ante Europa y dejó aniquilar un banco solvente y rentable. A pesar de ello, nada ha cambiado en el Viejo Continente, porque cuando la JUR quiso repetir la hazaña, mismamente en Italia y los italianos le mandaron a paseo a Bruselas.

Y menos mal que no lo han intentado en Alemania, la tierra de las cajas de ahorros y los bancos cooperativos porque, en ese caso, la alemana Elke König, podría haber sido fusilada en la Puerta de Brandeburgo.

En cualquier caso, el séptimo aniversario de la intervención del Banco Popular es el momento idóneo para recordar, al rebufo de las palabras de Luis de Guindos, que el mismísimo Banco Central Europeo (BCE) avaló la solvencia del Banco Popular... ¡dos días antes de la intervención!

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Con este precedente no es de extrañar, nada de eso, que hubiera un gran interés en mantener secreto el expediente de resolución del Banco Popular, una chapuza interesada de grandes proporciones que, encima, para continuar la tragicomedia, el juez Jose Luis Calama pretende concluir con penas de cárcel para los inocentes y exculpando a Emilio Saracho que llegó al Popular... para cerrarlo.