Siempre se ha dicho, y es cierto, que la justicia, si es lenta, no es justicia. En España no es que sea lenta, es que es lentísima. El pasado 20 de noviembre, el Tribunal Supremo dictó un auto por el que inadmitió el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional -junio 2025- por la que invalidó la multa de 10,4 millones de euros impuesta a Deloitte en 2014 por la salida a bolsa de Bankia, en julio de 2011.
En otras palabras, según esta información, publicada por Cinco Días, Deloitte hizo bien su trabajo y es inocente. Bien, pero, catorce años después, ¿quién restituye el prestigio de esta firma? Lo dicho: la justicia dictada catorce años después del caso, no es justicia.
En esta línea, recuerden que tanto el entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, como los otros 33 acusados, fueron absueltos por la Audiencia Nacional en 2020, absolución ratificada por el Tribunal Supremo, dos años después. Es decir, pasaron diez años desde la apertura del caso hasta la absolución del Supremo.
Pero el asunto que nos ocupa no es la lentitud de la justicia, sino las mentiras de la crisis bancaria. Y el mayor engaño de todos fue el hacernos creer que las cajas de ahorros estaban quebradas. No lo estaban, pero el entonces ministro Luis de Guindos las puso al borde del precipicio con un decreto que las empujaba a comportarse como bancos sin tener la estructura ni la capacidad para hacerlo.
Luego surgió la idea de que las entidades no podían quebrar y que, por tanto, había que rescatarlas con dinero de los contribuyentes. Entidades cada vez más grandes, con mayor nivel de capital porque se suponía que eran más sólidas, cuando en realidad un banco bueno no es el que tiene mucho capital, sino poca morosidad.
Volviendo al inicio, ni Bankia engañó a los inversores cuando salió a bolsa -entre ellos había bancos de inversión- ni Deloitte hizo mal su trabajo. Pero eso, ¿a quién le importa, quince años después?
