La Comisión Europea ha instado este miércoles a España a reducir el déficit público y limitar el gasto utilizando para ello el ahorro que supondría suprimir gradualmente las medidas de apoyo a la energía para finales de 2023 y su eliminación total en 2024.

Cabe recodar que el Ejecutivo comunitario va a imponer la vuelta a las normas fiscales comunes -congeladas desde 2019 debido a la pandemia- que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%.

Por ello, Bruselas ha instado al Gobierno español a garantizar una política fiscal “prudente”. En ese sentido, pide limitar el aumento nominal del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 a un máximo del 2,6% respecto al año anterior, lo que implica un ajuste estructural de al menos el 0,7% del PIB en 2024.

Según el programa, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta el 2,7% del PIB en 2025 y hasta el 2,5% en 2026. Por lo tanto, se prevé que el déficit de las administraciones españolas disminuya por debajo del 3% del PIB en 2025 y que el ratio deuda pública baje del 109,1% del PIB a finales de 2024 al 106,8% a finales de 2026.

La Comisión Europa también recomienda reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar el despliegue de las energías renovables, aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.

Bruselas destaca que la economía española superó las perturbaciones provocadas por la invasión de Rusia contra Ucrania y registró un "fuerte crecimiento" en 2022 que se espera que continúe a lo largo de 2023, con una previsión de crecimiento del 1,9%, acorde a las proyecciones de la Comisión, aunque a un ritmo "más moderado”.

El Ejecutivo comunitario también ha destacado que el saldo de las administraciones públicas españolas en 2022 ha mejorado, favorecido por el buen comportamiento de los ingresos, aunque advierte de que el déficit subyacente y la deuda pública siguen siendo “elevados".

Por otro lado, subraya que el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que la calidad de los activos ha seguido mejorando y la rentabilidad aumentó notablemente en 2021 y 2022, pero se enfrenta a nuevos retos derivados de la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.