La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publica una nueva edición del Observatorio de Deuda, que analiza la evolución reciente de la deuda pública e incluye un análisis del impacto de la condonación parcial de deuda autonómica prevista en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera.

Según las simulaciones realizadas, la asunción por el Estado de 83.252 millones de euros permitiría reducir la deuda conjunta del subsector en 5,1 puntos de PIB y adelantaría doce años, hasta 2029, el cumplimiento del límite legal de deuda autonómica del 13% del PIB, inicialmente previsto para 2041. Además, reduciría el gasto por intereses en 2.532 millones de euros en el primer año y en 15.657 millones acumulados hasta 2030. 

La condonación parcial de la deuda autonómica, en conjunto, reduciría la ratio de deuda del subsector en 5,1 puntos del PIB, con las mayores reducciones relativas en Andalucía (8,6 puntos), Castilla-La Mancha (8,5 puntos), Murcia (7,7 puntos) y Comunitat Valenciana (7,4 puntos), todas ellas por encima de la media. No obstante, "algunas comunidades seguirán registrando niveles elevados de endeudamiento, superiores al 20% de su PIB". En concreto, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cataluña todavía estarían por encima del 13% en 2030 y continuarían sin alcanzar el umbral dentro del horizonte de proyección (2050).

Con ese escenario se llegaría a una situación en la que el supuesto objetivo de la quita no se estaría cumpliendo. Al incumplir los objetivos de déficit, estas comunidades se tendrían que seguir financiando por el Fondo de Liquidez Autonómica, cunando lo que busca la quita es facilitar que la financiación sea en los mercados, por ello, la AIReF reclama establecer condiciones a la quita. 

A ojos de la AIReF habría que reformar el sistema de financiación y vincular la quita al cumplimiento de las reglas fiscales. De esto modo se evitarían riesgos de incentivos fiscales no adecuados y se garantizaría "una mayor equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo".

La AIReF destaca que la quita mejora la sostenibilidad financiera y refuerza la capacidad de acceso a los mercados, pero advierte de que no genera margen para incrementar el gasto corriente, dado que los pagos por intereses quedan excluidos de la regla de gasto: "Destinar el ahorro a gasto en lugar de reducir deuda, sin un ajuste por parte de la administración central, podría deteriorar la posición fiscal del conjunto de las Administraciones Públicas".