Como recuerda Wikipedia, Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO)​ de la Guardia Civil, a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.​ El 27 de octubre de 2014 fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar, supuestamente, implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años. Supuestamente, como contrapartida, se cobraban comisiones ilegales -del 2-3% del volumen del contrato–​ que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario. Francisco Granados, antiguo número dos del PP en la Comunidad de Madrid, fue uno de los principales implicados, además de dar nombre, indirectamente, al operativo.

Pues bien: el empresario David Marjaliza, principal arrepentido de la denominada trama Púnica, ha entregado a la Audiencia Nacional una parte de la documentación original de la caja B de sus empresas, en las que dejó anotados numerosos pagos en negro a diferentes partidos, como 970.290 euros para el PSOE, 105.489 euros para el PP y 15.025 euros para IU. La primera anotación manuscrita correspondiente a pagos a los socialistas madrileños se produjo en la época en la que Rafael Simancas, actual portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, era secretario general de la formación en dicha autonomía, informa El Mundo.

La primera anotación manuscrita correspondiente a pagos a los socialistas madrileños se produjo en la época en la que Rafael Simancas, actual portavoz adjunto del PSOE en el Congreso de los Diputados, era secretario general de la formación en dicha autonomía

Esta nueva doble contabilidad, a la que ha tenido acceso El Mundo, comprende todos los pagos en metálico sin declarar realizados por las sociedades del constructor entre los años 1999 y 2002. Este empresario ya apuntó en una declaración realizada en 2015, cuando comenzó a colaborar con el Juzgado Central de Instrucción número 6, que había recogido el pago de sobornos en una contabilidad B en la que los receptores del dinero habían sido identificados en clave. Sin embargo, hasta ahora había explicado al instructor de la causa y a la Fiscalía que no había podido documentar esa afirmación porque había destruido la mayor parte de las pruebas quemándolas, detalló, en un día de niebla para no levantar sospechas. Precisó que lo había hecho en 2014, siguiendo indicaciones del ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y que no podía aportar en este sentido más que su testimonio.

Y la traca final: en un tuit del 25 de julio de 2015, Rafael Simancas escribía: “El PP debe dar explicaciones públicas por 'Púnica', máxima colaboración con la Justicia y priorizar la devolución del dinero público robado”. ¿Quién debe dar ahora explicaciones, diputado Simancas?