El abogado madrileño Íñigo Coello de Portugal ha recurrido el decreto del estado de alarma por constituir un atentado directo contra el derecho fundamental a la libertad religiosa de los españoles. Y así es.

Para ser exactos, lo que ha impugnado no es el decreto de alarma, que entró en vigor el domingo 15, sino una de las órdenes ministeriales que lo desarrollan la del 9 de mayo (ver aquí), donde el Gobierno Sánchez se quita la careta e intenta prohibir la Eucaristía, centro y raíz del culto litúrgico cristiano, con el insulto añadido de los términos empleados: Se “prohíbe el reparto de objetos” (sic) durante las celebraciones litúrgicas. Pedazo de cacho de trozo: el pan ácimo es un objeto sí, pero, para los católicos, es también es el mismo Dios Creador cuerpo de Cristo. Para los católicos, digo, por ejemplo, para el fautor de la orden ministerial, el católico ministro Illa. Sí, él se confiesa católico.

En la misma orden se prohíben un montón de cuestiones que constituyen una ristra de atentados contra el derecho fundamental a la libertad de culto o, al menos, violentan y dificultan su ejercicio. Por ejemplo, el uso del agua, lo que impide el sacramento del bautismo.

El 14 de marzo, Moncloa laminó la libertad de culto de los católicos de forma indirecta: el 9 de mayo, de forma directa. Y Simón ya amenaza con la repetición del Estado policial

Por decirlo en pocas líneas: Moncloa empezó el 15 de marzo destruyendo las posibilidad de celebrar la Eucaristía: no a los curas, sino a los laicos. Sí, ya sé que muchos obispos llegaron más allá en su “colaboración” con el Gobierno y suspendieron las eucaristía públicas. Pero a esos que les juzgue Dios, no el Tribunal Supremo. Aquí hablamos de derechos.

Pedro Sánchez, digo, con el decreto del estado de alarma prohibió salir de casa, un verdadero Estado policial, salvo para comprar comida, ir a la farmacia o paseara al perro (esto último una tarea esencial e impostergable. Al revés de lo que ocurre con la Eucaristía).

La norma de Salvador Illa también impedía otros sacramentos, como el bautismo. Sorprendentemente, el Supremo está archivando todos los recursos contra un estado de alarma liberticida

Con esta mínima reducción de derechos constitucionales… el Gobierno se cargó la libertad de culto, la libertad de reunión, de manifestación y también de expresión, salvo expresión digital. España se convirtió en un verdadero estado policial, con policías estúpidos interrumpiendo la celebración de la eucaristía en allanamientos de morada mondos y lirondos. Y si no, ya saben, lo que perpetraron en la catedral de Granada durante la ceremonia de Jueves santo: le dijeron al obispo que a él no le pasaría nada pero que, o interrumpía la celebración o detendrían a todos los fieles presentes por salir de casa sin permiso.

En cualquier caso, la orden del 9 de mayo muestra la cristofobia del Gobierno Sánchez: prohibido repartir objetos. Hay que ser miserables. Sin ‘objeto’ eucarístico no hay culto, ergo no hay libertad de culto.

Y ojo, la inicua norma de don Salvador comienza con un “se permitirá la asistencia a lugares de culto”. ¿Cómo que “se permitirá”? ¿Quién es el señor Sánchez para permitir o prohibirnos ir donde nos venga en gana?.

Al final, la prepotencia cristófoba de Sánchez: “Se permitirá la asistencia a lugares de culto”: ¿Cómo que se permitirá?

En cualquier caso, el Supremo, al alto tribunal porque ha alcanzado cotas de terror al Ejecutivo más elevadas que en toda su historia, está echando abajo todos los recursos contra el estado de alarma. Mejor sería que no echara este en saco roto, porque Fernando Simón, nuestro héroe, ya está  amenazando con más medias “estatales”. Si no fuera por la recesión económica que pueda acabar en ruina, éstos nos confinan de nuevo.