No es ningún secreto lo mucho que a España le gusta tirar piedras sobre su propio tejado o el hecho de que sobrevive un espíritu guerracivilista y cainita, que resurgió con fuerza tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, de la mano de comunistas y nacionalistas, el pasado junio, al triunfar su moción de censura. Un contexto made in Spain que también tiene su eco en el mundo económico, donde encontramos un mal endémico: el de malvender las empresas públicas. Y AENA es un buen ejemplo.

Hace casi cinco años, el primer Gobierno de Mariano Rajoy se planteó la privatización del 49% del gestor aeroportuario que presidía José Manuel Vargas, quien contaba con el apoyo de Ana Pastor, entonces ministra de Fomento. En octubre de 2014, Vargas hizo la primera valoración de la compañía en 4.500 millones de euros y empezaron las dudas: la cifra estaba lejísimos de los 19.000 millones en que la compañía fue tasada por la consultora estadounidense A.T. Kearney en 2011, cuando se intentó adjudicar en concesión los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Barcelona-El Prat; y a años luz del peritaje que hizo la consultora McKinsey en 2007, el momento de mayor pujanza del transporte aéreo en España, cuando valoró la compañía en 31.000 millones.

La primera valoración de Vargas estaba lejísimos de las hechas por A.T. Kearney (19.000 millones) y McKinsey (31.000 millones) en 2011 y 2007, respectivamente

Finalmente, las fuertes dudas provocaron que Vargas rectificara y realizara una segunda valoración, que se situó en los 8.700 millones. Así, se procedió a la privatización del 49%, del que un 28,35% debutó en bolsa el 10 de febrero de 2015, a un precio de 58 euros por acción (el más alto de la horquilla establecida -entre 53 y 58 euros-). Claro que tres meses después del estreno en el parqué, la capitalización superaba los 11.100 millones, demostrando los equivocados -y hasta sospechosos- cálculos de Vargas, pero esto no fue motivo para que dimitiera, algo que decidió personalmente a finales de septiembre de 2017, tras años ganando un jugoso sueldo (superior a los 100.000 euros).

El popular Jaime García-Legaz tomó el relevo de Vargas en octubre de 2017 al frente de AENA, pero sólo ocupó la silla durante diez meses debido al triunfo de la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa. Así, el socialista Maurici Lucena fue el elegido para sustituirle y tras la victoria del PSOE en las elecciones del 28-A, tiene casi segura su continuidad en la compañía, cuya capitalización asciende a 24.802 millones. Una muestra más de lo mal que privatizó parte del gestor aeroportuario, pero no la única. Recientemente, el Sindicato Alternativa Sindical AENA/Enaire (ASAE) ha denunciado que en sólo cuatro años, la compañía ha generado en dividendos el 70% del precio de la OPV, lo que considera “un escándalo económico”, y ha solicitado una comisión de investigación a las próximas Cortes que se constituyan. Y es que en los últimos cuatro ejercicios, ha repartido 2.994 millones del beneficio obtenido entre sus dueños: 1.527 millones para el Estado (51%) y 1.467 millones para los inversores privados. Además, el Estado recibió 4.263 millones por la venta del 49% de AENA, casi lo mismo que el beneficio neto de la compañía acumulado entre 2015 y 2018: 4.554 millones, según El Periódico.   

El sindicato ASAE denuncia que en cuatro años ha repartido 2.994 millones en dividendos entre el Estado e inversores privados, el 70% del precio de la OPV (4.263 millones)

Por si todo esto no bastara, conviene señalar que el gestor aeroportuario lleva dos años repartiendo un pay out del 80% del beneficio y lo hará, al menos, otros dos años más -en 2019 y 2020-. Sin embargo, una empresa pública debería preocuparse más por invertir y desapalancarse, y no tanto por los dividendos: precisamente, en el primer trimestre, la cifra de inversión pagada ha sido de 168,2 millones, 9,2% inferior a la de hace un año, y la deuda financiera neta se ha reducido un 5% respecto al cierre de 2018, hasta los 6.310,2 millones.

Y hablando de resultados, AENA ha ganado 136,4 millones hasta marzo, lo que supone un 22,7% más que hace un año, gracias, sobre todo, a los mayores ingresos. Estos han ascendido a 903,5 millones (+7,3%) por el aumento de pasajeros, que han alcanzado los 56,5 millones (+6,2%), una evolución positiva que ha provocado la revisión al alza, del 2% al 3,7%, de la previsión para 2019, algo que tendrá un impacto positivo de unos 75 millones en el Ebitda, que ha cerrado el primer trimestre en 392,9 millones (+7,9%).

AENA gana 136,4 millones (+22,7%) hasta marzo por mayores ingresos, pero debería preocuparse más por invertir y reducir deuda, y menos por dividendos, porque es una empresa pública

Y si AENA es un ejemplo de empresa pública malvendida por el PP, Endesa lo es también, pero gracias al PSOE: en el año 2009, con el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la italiana Enel logró hacerse con el 70% y desde entonces, ha apostado por el vaciamiento de la que fuera la gran eléctrica española. Claro que en la historia de empresas públicas españolas malvendidas no se puede olvidar a Iberia, que tras fusionarse con British Airways (operación que se cerró en noviembre de 2010), dando lugar al holding International Airlines Group (IAG), España pinta bastante poco en las decisiones, algo que también ocurre con la antigua Construcciones Aeronáuticas S. A. (CASA), que en 1999 se unió al grupo aeronáutico europeo EADS -hoy Airbus-.