Tubos Reunidos se ha convertido en otra muestra del desastre de las ayudas públicas que el Gobierno Sánchez otorgó vía SEPI (a través de préstamos del fondo para empresas estratégicas que se nutrió con fondos europeos), tras la pandemia del Covid-19. Y es que acaba de entrar en concurso de acreedores, pese a que hace unas semanas lanzó un ERE para 301 empleados (el 21% de su plantilla) y después rebajó la cifra de afectados a 285, y como protesta está afrontando una huelga indefinida.
El grupo vasco especializado en tubos de acero sin soldadura está en “insolvencia inminente”. Por ello, ha presentado ante un juzgado de Álava la declaración de concurso voluntario de acreedores... y la CNMV ha suspendido su cotización. El Consejo de Administración de Tubos Reunidos, que preside Joaquín Fernández de Piérola Marín desde el pasado febrero (cuando dimitió Josu Calvo), ha tomado la decisión por las tensiones de tesorería de los últimos meses, agravadas por la “paralización indeseada” de la actividad en la planta de Amurrio, y porque no ha logrado garantizar las premisas para ejecutar un plan de viabilidad, sobre todo, en lo relativo a la entrada relevante de caja. Además, está la deuda financiera neta acumulada de 263,2 millones, así como las pérdidas de 71,3 millones registradas en 2025.
La capitalización ha pasado de superar los 700 millones en 2008 a situarse en unos 27 millones, según recoge El Economista. En este declive han influido: el impacto de los aranceles en EEUU, que aporta el 45% de sus ingresos; los elevados costes; la irregular demanda en el sector energético; y su deuda. Con la entrada en concurso de acreedores, Tubos Reunidos busca proteger los intereses de sus acreedores, trabajadores, proveedores y accionistas. Recuerden que su plantilla asciende a 1.432 personas y había anunciado un ERE que afectaría a 301 (el 21% del total) de las plantas de Amurrio y Trápaga: en concreto, a 87 eventuales y 214 fijos, vía prejubilaciones y salidas incentivadas. Hace tres meses, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, dijo que desde el Gobierno intentarán ayudar “proactivamente” a mantener su capacidad productiva... pero a día de hoy aún no lo ha hecho. Y a finales del pasado marzo, desde el comité de empresa se apuntó: “No vamos a aceptar que se destruya empleo mientras se blanquea la responsabilidad de quien ha tomado las decisiones”.
Este grupo vasco se fundó en 1892 en Amurrio (Álava) como Tubos Forjados y en 1968 se unión a la filial española de la compañía estadounidense Babcock & Wilcox para dar lugar a Tubos Reunidos. En su historia, siempre ha tenido un núcleo duro de accionistas bajo la batuta del antiguo Banco Industrial de Bilbao (actual BBVA) y de familias vascas ligadas al entorno de Neguri (los Ybarra Aznar y los Zorrilla Lequerica están en su Consejo). El banco que preside Carlos Torres controlaba el 24,25% del capital de Tubos Reunidos en 2007, pero comenzó una reducción progresiva de su participación que actualmente es del 9,958%, ocupando el segundo puesto en el accionariado, tras la Acción Concertada (que ostenta la familia Zorrilla-Lequerica Puig), con el 10,223%. Y tras esta familia y el BBVA, figura Joaquín Gómez de Olea Mendaro (vinculado a la familia Barandiaran Olleros y uno de los fundadores de Elecnor), con un 6,076%, en los registros de la CNMV. El Consejo de Administración de Tubos Reunidos está formado por nueve miembros (cinco independientes y cuatro dominicales). Los consejeros independientes son: Joaquín Fernández de Piérola Marín, que es el presidente no ejecutivo del grupo; Ana Muñoz Beraza; Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia; Teresa Quirós Álvarez; y Carmen Motellón García. Por su parte, los consejeros dominicales son: Emilio Ybarra Aznar, vicepresidente y representando de su participación y la de su familia (a través de distintos vehículos posee un 6,74%); Alfonso Barandiarán Olleros, en representación de Joaquín Gómez de Olea Mendaro; Enrique Migoya Peláez, en nombre del BBVA; y Leticia Zorrilla de Lequerica Puig, en representación de Acción Concertada, o sea, de su grupo familiar.
Por su parte, Carlos López de las Heras continúa como primer ejecutivo y al frente del equipo directivo del grupo vasco. No hay que perder de vista el préstamo de 112,8 millones otorgado en julio de 2021 del fondo para empresas estratégicas de la SEPI... y que aún no ha devuelto. Tubos Reunidos recibió el quinto rescate de dicho fondo, tras los adjudicados a: Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Duro Felguera (120 millones) y Plus Ultra (53 millones). Y ojo, porque a Tubos Reunidos le ha salpicado el caso Leire Díez: al parecer la ‘fontanera’ del PSOE medió en el citado rescate a cambio de 114.000 euros, según informó El Confidencial. Además, el grupo vasco ha admitido haber tenido un contrato de asesoramiento con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.