En España, la economía ya no está tanto para tirar cohetes como le gusta presumir al Gobierno Sánchez y así se ha visto esta semana en los últimos datos del PIB, que reflehjan ralentización, al tiempo que el PIB per cápita sigue estancado y la inflación ha repuntado al 3%. Pero ojo, porque estos días, las energéticas, la transición ecológica y hasta el desarrollo industrial y la vivienda se ven aún más contra las cuerdas por culpa de Sara Aagesen y la CNMC. Y las consecuencias las viviremos todos los habitantes de nuestro país.
Dentro del sector energético, sobre todo, después del apagón que fundió a negro toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril, preocupa que no se rectifique el cierre de las centrales nucleares, poniendo en peligro la seguridad de suministro, así como la estabilidad de la red eléctrica y unos precios asequibles de la luz, miles de empleos y el futuro económico de muchas zonas rurales. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no está por la labor y quiere conducir a que España cometa el mismo error que Alemania, a contracorriente del renacimiento nuclear que se vive en todo el mundo. Con su habitual caradura, Aagesen sigue sin rectificar y ahora lo fía todo al informe que elabore el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), a pesar de que Iberdrola, Endesa y Naturgy (propietarias de la central de Almaraz) han renunciado a la rebaja fiscal que pedían y han solicitado la extensión de la operación de la central extremeña “sin condiciones” hasta 2030.
En paralelo, el sector energético está pendiente de ver cómo queda la tasa de retribución financiera de las inversiones en redes eléctricas en el periodo 2026-2031… y por ahora, no hay optimismo. La CNMC se abrió a mejorarla hace unas semanas y recientemente, ha propuesto que la tasa sea del 6,58% y la ha remitido al Consejo de Estado, frente al 6,46% que planteó el pasado julio y el 5,58% que está actualmente en vigor. Sin embargo, la nueva cifra propuesta por el regulador de la Competencia que preside Cani Fernández sigue estando muy lejos de la que pide el sector (entre el 7% y el 7,5%). Por tanto, se trata de una noticia negativa, especialmente para aquellas compañías con mayor exposición al negocio regulado doméstico de electricidad como Redeia (21% de su resultado bruto de explotación -ebitda-) y Endesa (36% de su ebitda), según han explicado los analistas del Banco Sabadell. Eso sí, estos expertos han subrayado que el Ministerio que dirige Aagesen podría frenar el proceso si considera que la CNMC no respeta las orientaciones de política energética, para lo que tendría que convocar una Comisión de Cooperación.
Desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) -que agrupa a Endesa, EDP e Iberdrola, entre otras- han mostrado su profunda preocupación por la nueva tasa propuesta por la CNMC (6,58%) porque compromete la electrificación del país, pone en riesgo los objetivos de transición energética del Gobierno, y condena proyectos industriales y de vivienda a la falta de acceso a la red eléctrica. A pesar de que el regulador de la Competencia sabe que urgen las inversiones en redes ante su elevada saturación (83,4%), propone una tasa muy por debajo del coste de capital y de los niveles europeos, desincentivando la inversión en España en un momento crítico para el despliegue de infraestructuras eléctricas.
Claro que no sólo las energéticas piden una mejor retribución en electricidad, sino también en las actividades gasistas. Hace unos días, la patronal gasista Sedigas (de la que forman parte Enagás, Naturgy y Repsol, entre otras empresas) ha referido que el sector se reivindica tras el apagón y pide una mejor retribución para no perder 2.405 millones más en ingresos en el próximo marco regulatorio (2027-2032).