Segunda de las dos jornadas de manifestación de profesores de la pública, convocadas por los cuatro sindicatos UGT, CC.OO, CSIF y ANPE, a los que también se han sumado, CGT, CNT, STEM y la Asamblea Menos Lectivas.

La reducción del horario lectivo es, junto con la bajada de las ratios, la equiparación salarial con otras comunidades autónomas o la reducción de la burocracia las principales reclamaciones de unos paros convocados ante la falta de acuerdo en la negociación del nuevo Acuerdo Sectorial Docente entre los sindicatos y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

El origen de la reivindicación de las horas lectivas arranca con la crisis de 2012, cuando el Ministerio de Educación obligó, por decreto, (el llamado «decreto Wert») a aumentar de 18 a 20 horas el número de horas de clase para los profesores de Secundaria y 25 para Primaria. En 2018, pasada esa coyuntura, Educación aprobó otro decreto por el que se revertía la situación y daba vía libre a las comunidades autónomas para recuperar las horas lectivas previas a la crisis.

Según los convocantes de las movilizaciones, la Consejería de Educación hizo una propuesta para lograr evitar la protesta: la reducción para el curso 2026-2027 de una hora lectiva sólo para el profesorado de Secundaria no tutor, una medida que, según los afectados, «afectaría únicamente a cuatro o cinco docentes en un claustro de 60». Esto fue el detonante para que los profesores decidiesen ir a la huelga.

El seguimiento fue de, 23,4% según la Consejería, y del 67% en datos de los sindicatos convocantes, que por la tarde se han manifestado por el centro de Madrid.

Y esto nos recuerda a lo que publicamos en su día en Hispanidad: Sánchez ha pensado en todo. Si su modelo de alumno es el perezoso y cada vez más ignorante, para educar a esos estudiantes, los profesores tienen que estar a la altura. Lógico.

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Por cierto, también lo publicamos en su día en Hispanidad, la ley Celaá no tiene nada contra la concertada... pero condena a sus profesores, peor tratados que los de la educación pública. Trabajan más y cobran menos... por la racanería del Estado con sus colegios.

FSIE, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, solicitaba a la Conselleria de Educación que protejiera a los profesionales que trabajan en la red de centros concertados y que cubrieran las necesidades que quedan fuera de la Lomloe relacionadas con la Educación Especial.

Y recordaban además que los profesores de la concertada seguirán -en gran parte, gracias a la señora Celaá- trabajando mucho y cobrando poco. Trabajando mucho más que los de la escuela pública y cobrando mucho menos. 

Según FSIE, las diferencias salariales se cifran en una media de 383 euros al mes, a favor de los profesores de la escuela pública. Estas cifran varían dependiendo de la Comunidad Autónoma.

Esta diferencia va aumentado a medida que pasan los años, debido a que los salarios de los profesores de la escuela pública aumentan a través de los sexenios, mientras que los de la escuela concertada no disponen de este complemento, solo con los trienios. 

Y, mientras tanto, este tipo de enseñanza -la concertada- seguirá ahorrándole dinero al contribuyente español ya que cada alumno le cuesta 3.000 euros/año frente a los 6.000 euros que le cuesta un estudiante de la pública.

Pero Celaá priorizó proteger los derechos de los menores, por ejemplo, fomentando la ley del mínimo esfuerzo -para que no se traumaticen- o educándolos en contenidos afectivo sexuales, ¡Bravo, Celaá!