El lobby LGTBI impone su ley: pobre de aquel que se atreva a discrepar de sus postulados...
Comenzamos esta crónica semanal de Hispanoamérica -en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia y la libertad- en México, donde el Congreso del Estado de México aprobó esta semana una ley que prohíbe las llamadas 'terapias de reconversión’ para homosexuales, con penas de uno a tres años de cárcel; o entre 25 y 100 días de trabajo comunitario, o multas de 50 a 2.300 días de salario, publicó TV Azteca.
Como informó Hispanidad, el Congreso de Ciudad de México aprobó en julio el mismo proyecto de ley para prohibir las terapias de reconversión para personas homosexuales.
Leyes como estas ponen de manifiesto que en México se libra una auténtica batalla en defensa de la ley natural, en concreto en defensa de la familia natural, en defensa de la vida y contra la ideología de género, que quiere imponer sus postulados: por ejemplo, que cada uno pueda elegir su sexo con independencia de su biología. Sin embargo, esos mismos que defienden la libertad para que cada uno pueda elegir el sexo que quiera -por ejemplo, el lobby LGTBI- impiden la libertad de quienes quieren elegir lo contrario: por ejemplo, dejar de ser homosexual. Curiosa paradoja y curiosa contradicción.
En Venezuela, el dictador Maduro pide al próximo Congreso que considere el matrimonio homosexual
En la misma línea contra la ley natural, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Asamblea Nacional, cuyo nuevo mandato comienza en enero, que discuta el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de citar los comentarios del papa Francisco esta semana en apoyo de las uniones civiles para parejas del mismo sexo, publicó Reuters. Recordemos que el Papa no habló de aprobar el matrimonio homosexual sino de aprobar ‘uniones civiles’ de parejas del mismo sexo.
El Constitucional de Colombia admite una demanda que podría despenalizar el aborto
De Colombia llegaba una mala noticia para la defensa de la vida. El Tribunal Constitucional ha admitido una demanda que busca eliminar del Código Penal el delito del aborto. La actual ley del aborto data de 2006 y castiga penalmente cualquier interrupción del embarazo no enmarcada dentro de tres causales, violación, malformación del feto o peligro para la salud de la madre, especialmente el daño psicológico, que ha sido el coladero de siempre para abortar sin problema alguno, informó el diario 'El Espectador’.
El Salvador: la Asamblea aprueba convertir el agua como un ‘bien público y un derecho humano’
Nos vamos a El Salvador, donde la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad la reforma de la Constitución para reconocer el agua como ‘bien público y derecho humano’. La reforma deberá ser ratificada por la próxima legislatura y por lo tanto podrá entrar en vigor a partir de 2021, tras las elecciones parlamentarias. El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, presidente de la Conferencia Episcopal, expresó la satisfacción de la comunidad nacional y de la Iglesia por la aprobación de la reforma constitucional, recogió Fides.
Iberdrola compra la estadounidense PNM Resources
En el ámbito económico, Iberdrola acelera su expansión en Estados Unidos. Avangrid, sociedad controlada al 81,5% por el grupo español, anunció un acuerdo para la compra de la empresa PNM Resources, eléctrica de Nuevo México y Texas que cotiza en la Bolsa de Nueva York. La eléctrica que preside Ignacio Galán ofrece un precio en efectivo de 50,3 dólares por acción, en una operación que asciende a un total a 4.317,5 millones de dólares estadounidenses (equivalentes a 3.663,5 millones de euros), según un hecho relevante enviado a la CNMV. Iberdrola se ha obligado a facilitar a Avangrid "los fondos que sean necesarios" para el precio de la operación, publicó Cinco Días.
Sacyr busca negocio en las concesiones de servicios para la Universidad en EEUU
También en EEUU, Sacyr ha conseguido importantes proyectos en Florida, Texas o Connecticut, y ve ahora una oportunidad en la tendencia de grandes universidades a concesionar una carta de servicios que van desde el suministro de energía al tratamiento de residuos o la gestión del agua. La española figura en uno de los cuatro consorcios que optan a gestionar los servicios públicos de la Universidad de Idaho, cuyas autoridades cuentan con asesoramiento de Wells Fargo en lo financiero, Jones Day en la parte jurídica y de Rieth Jones en el terreno estratégico para esta experiencia de colaboración público-privada, publicó Cinco Días.