Colombia defiende el principio no negociable del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
Empezamos esta crónica semanal de Hispanoamérica -en la que hacemos especial énfasis en la defensa de la vida, la familia natural, la libertad de enseñanza y el bien común, es decir, los principios no negociables establecidos por Benedicto XVI- en Colombia, para defender el principio no negociable del derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones.
En ese país, un proyecto de ley para proteger el derecho de los padres a elegir la educación sexual de sus hijos fue aprobado este miércoles 19 de abril en su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, recoge Aciprensa.
Celebramos aprobación en primer debate de nuestro Proyecto #LosPadresElige
— Luis Miguel López Aristizábal (@LuismLopezA) April 19, 2023
Gracias a @ingridsogamoso por su arduo trabajo como ponente, a los padres que se unieron y enviaron mensaje a Colombia 🇨🇴 en redes sociales. Seguiremos trabajando en la defensa de nuestros niños y familias pic.twitter.com/b1onDL1bVv
El objetivo es asegurar el derecho de los padres “de educar a sus hijos menores de edad, a fin de que estos últimos reciban una educación sexual que sea acorde con sus convicciones, al interior de los establecimientos educativos públicos y privados”, señala el proyecto en su primer artículo.
En su exposición de motivos, los autores recuerdan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de Colombia reconocen el derecho de los padres a escoger el tipo de formación para sus hijos. “La educación para la sexualidad es algo necesario, sin embargo, no son ni el Estado ni la sociedad, sino los padres, los responsables”, indica el proyecto de ley ordinaria.
En ese sentido, entre los puntos más saltantes de la iniciativa está la obligación de los centros educativos de informar, durante el primer mes del año escolar, sobre los contenidos que se impartirán a los alumnos, para que los padres indiquen si aprueban la asistencia de sus hijos a dichas clases.
En México, la eutanasia y el suicidio asistido están expresamente prohibidos en el art. 166 de la Ley General de Salud y en el art. 312 del Código Penal Federal (CPF)
Nos vamos ahora a México, para defender el derecho a la vida contra la eutanasia. Esta semana, la plataforma Actívate presentó cerca de seis mil firmas a la Cámara de Diputados para expresar su profunda preocupación y oposición a la legalización de la eutanasia en el país, por ser contraria a los valores fundamentales como el derecho a la vida, recoge Aciprensa.
En diálogo con ACI Prensa, la maestra en Bioética Ivette Laviada aseguró que “la iniciativa de ‘muerte digna’ que se pretende discutir en la Cámara de Diputados es completamente contraria a los derechos humanos”. “En México, la eutanasia y el suicidio asistido están expresamente prohibidos en el art. 166 de la Ley General de Salud y en el art. 312 del Código Penal Federal (CPF)”.
La experta indicó además que “el disfraz que le quieren poner a la eutanasia activa (considerada como la ayuda o inducción al suicidio) como un acto de piedad a solicitud del enfermo para evitarle sufrimiento ante una enfermedad terminal tiene muchas aristas que hay que considerar”.
“Cuando un médico ya no puede curar, puede acompañar con cuidados paliativos: que no falte el alimento vital, que no falten los cuidados de higiene, que no falten los medicamentos que eliminen o aminoren el dolor y que el enfermo, si así lo desea, reciba un acompañamiento espiritual”, finalizó.
La población está pidiendo a gritos “el fin del comunismo y la llegada de la libertad
Nuestro siguiente destino es Cuba, para defender la libertad, principio humano fundamental. Allí, el P. Alberto Reyes, de la Arquidiócesis de Camagüey, señaló que el país necesita un cambio y que, en su opinión, “solamente la Iglesia Católica está en condiciones de liderar un diálogo y de proponer una transición”, recoge Aciprensa.
En los últimos meses la situación económica y social se ha agravado en Cuba donde, según el informe de octubre de 2022 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el 72% de los habitantes “vive por debajo del umbral de la pobreza y sólo el 14% espera que su situación personal mejore en un futuro próximo”.
El deterioro de la economía cubana no es reciente, y el malestar de la población se reflejó en las protestas de julio de 2021 en diversas ciudades –respondidas por el gobierno con una fuerte represión–, y con varias manifestaciones a lo largo del año pasado.
El P. Alberto Reyes, quien en su cuenta de Facebook suele reflexionar sobre la realidad cubana, afirmó que la población está pidiendo a gritos “el fin del comunismo y la llegada de la libertad”. Sin embargo, el gobierno busca impedir “que salgan más imágenes al exterior” que muestren a la comunidad internacional este malestar de la ciudadanía.