Los trabajadores de los juzgados y tribunales de toda España no están nada contentos con sus condiciones laborales.

Y así se lo están haciendo saber a la ministra de Justicia, Pilar Llop, por medio de dos huelgas y la amenaza de una tercera. 

La primera huelga fue la de los letrados de la administración de Justicia (LAJ), que fue sofocada por el Gobierno tras aceptar estos una subida salarial de entre 450 y 480 euros mensuales, aunque no consiguieron todo lo que querían. 

La segunda huelga -convocada el pasado 17 de abril y todavía en vigor- es la de los funcionarios de Justicia (de inferior rango a los letrados), que piden una subida salarial y una mejora de sus condiciones (protestan por realizar funciones que no les corresponden). 

Y ahora, jueces y fiscales también amenazan con una huelga -la tercera- a partir del próximo 16 de mayo, tal y como explican en este comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. 

Todas ellas señalan que llevan “años preocupadas y denunciando la falta de dotación suficiente del servicio público que constituye la administración de Justicia”.

Entre las razones para ello, aducen: “Los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito son insuficientes, en la administración general del Estado la administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad”.

Abundan en el “decepcionante resultado” de las reuniones anteriores con el Ministerio de Justicia, pese a que ellos han demostrado una gran “paciencia y sentido de responsabilidad”. 

Por todo ello, constatan: 

1- La falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril;

2- la nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo, dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento. Incluso aunque llegue a celebrarse, si no existe un verdadero propósito de negociar (que el Ministerio aún no ha demostrado) no sería más que otra forma de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental;

3- que la actitud prudente, callada y responsable que hemos mantenido hasta ahora, desde hace más de 1 año, no ha dado fruto alguno, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa;

4- que todo lo anterior se produce en un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los Tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos.

En vista de todo ello, las Asociaciones Judiciales y Fiscales HEMOS DECIDIDO:

1º- La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales anunciamos nuestra intención de convocar una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo de 2023.

2º- La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal), estiman oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado.

3º- Todas las Asociaciones Judiciales y Fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora.

No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los Ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de juezas/ces y fiscales no se desarrolla en condiciones – también retributivas – adecuadas.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, ha dicho: "Si el Gobierno quiere evitar la huelga, tiene margen más que suficiente. Pero, si su intención es tomarnos el pelo, ya saben cuáles serán las consecuencias a las que se enfrentarán".