La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado en una entrevista a El Mundo: "En la Lomloe fuimos muy claros: los centros educativos que segreguen por sexos no pueden recibir financiación pública". Y eso que la pregunta de la periodista señalaba que "El Tribunal Constitucional avala este modelo". 

Pero Alegría sigue la senda de Isabel Celaá y su proyecto que ataca a la concertada -en su mayoría religiosa-, elimina la demanda social para que los padres puedan elegir a qué centro quieren llevar a sus hijos, o premia la vagancia utilizando como un argumento que ante los suspensos y las repeticiones de curso, los alumnos se traumatizan.

Eso sin olvidar que decide también por los padres con hijos con necesidades especiales a qué centros deben llevarles, sin tener en cuenta dichas necesidades.

Eso sí, Alegría ha reflexionado: la sucesora de Celaá dará una moratoria a las CCAA para que quiten o sigan con las pruebas este año. "Vamos a dar más importancia a la Lengua Castellana y a las Matemáticas".

Por su parte, de momento, en Madrid, según publica La Razón, la consejería de Educación explora vías para evaluar si los alumnos han adquirido los conocimientos necesarios, después de que el Gobierno pretenda suprimir las recuperaciones. La última modificación normativa a la que la Comunidad de Madrid pretende hacer frente es al proyecto de Real Decreto por el que se regulan la evaluación y la promoción del alumno, del que hasta ahora se conoce un borrador, y que pretende acabar en la ESO con los exámenes extraordinarios de recuperación que en Madrid se celebran en Junio, desde hace unos años, y en otras muchas comunidades autónomas se realizan en septiembre.