Sr. Director:

Hay palabras que la sociedad decide, mejor dicho, sus gobernantes, que no se pueden pronunciar. No porque describan falsedades ni carezcan de significado, sino porque su mera articulación activa un ritual moral automático. La famosa palabra que empieza por N (“nigger” / “negrata”) en Estados Unidos es un ejemplo claro. Se la rodea de eufemismos -“the N-word” (“la palabra con N”)- como si la sola fonética fuera capaz de invocar demonios sociales. Pero todos sabemos cuál es; la imagen mental se activa igual. La diferencia no está en el conocimiento, sino en la teatralización pública de la virtud.

La novela de Agatha Christie Ten Little Niggers (“Diez negritos”) cambió de título tres veces: primero a Ten Little Indians (“Diez indiecitos”) y luego a And Then There Were None (“Y no quedó ninguno”). Editoriales como HarperCollins incorporan “sensitive readers” (“lectores de sensibilidad”) para revisar textos clásicos y evitar cualquier palabra que pueda ser considerada ofensiva, incluso en un contexto crítico. No se trata de proteger sensibilidades: se trata de eliminar el contexto.

El problema no es la palabra en sí, sino el fetichismo lingüístico: al parecer, algunos piensan que prohibirla o reemplazarla por una expresión «neutra» cambiará la realidad social. Es la superstición del lenguaje: que la secuencia de sonidos tiene poder independiente de la intención, de la historia y de la estructura de poder que lo sustenta.

Intención frente a fonética

En España conocemos bien la diferencia entre palabra e intención. Llamar “mono” a un futbolista negro desde la grada no es una cuestión de zoología, sino un intento deliberado de degradar, de vejar… En cambio, cuando alguien llama “mona” a una mujer —¡ay, qué mona!— no es un insulto racial; es un piropo. El insulto reside en la intención, no en la palabra.

La ironía extrema es que, mientras la sociedad se obsesiona con el signo, no presta atención al significado ni a la intención. Se sustituye la atención real por la ilusión de virtud lingüística.

La palabra como objeto sagrado

Cuanto más se prohíbe una palabra, más importancia simbólica se le otorga. La palabra deja de ser un signo y se convierte en tótem moral. “The N-word” (“la palabra con N”) funciona igual que un fetiche: nadie quiere pronunciarlo, pero todos saben cuál es. El efecto es perverso: desplaza la empatía hacia quien no tiene culpa, mientras la persona que sufre la limitación o la condición real queda invisible.

En España, aunque la historia sea distinta, el efecto se reproduce. Adoptamos el ritual del eufemismo sin adoptar la comprensión histórica que lo explica. Se repiten frases como “persona de color” o “diversidad funcional” sin que cambie la realidad de quienes viven las limitaciones, ni la disposición real de la sociedad para facilitar la comunicación o la inclusión.

Eufemismos, censura y la hipocresía de lo correcto

Mientras que cada día que pasa existe una mayor obsesión con prohibir palabras por su sola fonética, la historia literaria ofrece ejemplos claros de hasta dónde llega la censura moral. La novela Huckleberry Finn de Mark Twain, escrita en 1884, es un clásico indiscutible de la literatura estadounidense. Sin embargo, muchas décadas después fue reeditada y censurada para eliminar la palabra “nigger” (“negrata”), aunque el contexto fuera crítico o satírico. La intención original de Twain —denunciar la esclavitud y la hipocresía social— se sacrificó en aras de un tabú fonético.

Otros ejemplos abundan: desde Agatha Christie hasta novelas de aventuras infantiles, donde el vocabulario histórico se cambia para evitar ofender sensibilidades modernas, aunque ello distorsione el contenido y el contexto. La palabra se elimina, la intención se oculta y se transforma la obra en algo neutro, plano e incoherente.

Actualmente, no basta con eliminar palabras. La cultura del eufemismo ha inventado “racializado”, “diversidad funcional”, “capacidad diferente”, “comunidad sorda” y un sinfín de expresiones que intentan camuflar la realidad en un envoltorio políticamente correcto. La intención es pura hipocresía: aparentar visibilizar y dignificar sin hacer nada que cambie la experiencia real. El efecto real es otro: el lector o ciudadano se enfrenta a un lenguaje inflado que no describe hechos, sino aspiraciones, y termina trivializando la limitación real.

En España, fenómenos similares se producen con palabras como “gitano”. La sociedad evita mencionarla, como si la simple pronunciación fuera un insulto irremediable. En lugar de usar la palabra para hablar de cultura, historia o derechos, se opta por circunloquios interminables, generando confusión y un sentimiento de censura absurda.

La acumulación de expresiones políticamente correctas no cambia la realidad de quienes tienen limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, incluidas la sordera, problemas de visión, taras congénitas, enfermedades incapacitantes o cualquier merma que afecte la vida cotidiana. Los discursos de “inclusión” y “capacidades especiales” no sustituyen la comunicación efectiva, ni eliminan barreras reales.

La sordera y otras mermas invisibles

La sordera profunda es especialmente relevante porque, siendo frecuente y generalmente invisible, la sociedad no la percibe hasta que impide la comunicación. La confusión entre “oír” y “escuchar” se ha generalizado, incluso entre otorrinolaringólogos, creando situaciones absurdas. Explicar que uno no oye y necesita que la persona «normoyente» lo tenga en cuenta, genera sorpresa, incredulidad o gestos desconcertados.

El fenómeno es equivalente a preguntarle a alguien con ceguera profunda o parcial si “mira” y esperar que su respuesta encaje con la norma visual. No encaja. Se puede ser un excelente “escuchante”, alguien que pone atención completa en captar la comunicación mediante gestos, lectura labial o contexto, pero eso no reemplaza la audición.

Incluir a personas con cualquier discapacidad en una conversación requiere movimiento consciente, esfuerzo y voluntad constante. Si una persona sorda advierte a sus interlocutores: «Vocalicen, no corran al hablar». Después de segundos o minutos, la gente vuelve a la inercia habitual, no por maldad, sino por comodidad. Más del 3% de la población española se enfrenta diariamente a situaciones similares.

Los subtítulos, bucles magnéticos y adaptaciones tecnológicas no aparecen solos; requieren voluntad y recursos. La mayoría de la población prefiere comodidad. Los discursos de eufemismos, por muy solemnes que sean, no generan voluntad.

Y no se olvide algo fundamental: las limitaciones físicas, sensoriales o de cualquier clase no desaparecen por decreto. Ninguna ley va a devolverle la audición a un sordo profundo. Ningún discurso sobre “inclusión” convierte una pérdida sensorial en una ventaja evolutiva. Y cuando el lenguaje político cruza la línea y habla de “capacidades especiales”, es una burla cruel además de absurda.

Constitución Española, eufemismos y realidad

La reforma del artículo 49 de la Constitución Española (1978) sustituyó “disminuido” por “persona con discapacidad”. Para algunos, un gesto simbólico de dignidad; para otros, un insulto a la inteligencia de quienes vivimos, sufrimos limitaciones.

  • La sordera profunda, cualquier tara, los problemas de visión o las enfermedades incapacitantes no desaparecen por decreto.
  • La voluntad de los normoyentes, por ejemplo, no se genera con palabras bonitas.
  • La inclusión real exige hechos: accesibilidad, enseñanza adaptada, recursos y ajustes constantes.

Cambiar expresiones sin cambiar prácticas es un paripé, puro teatro: afirmar que se llevan a cabo acciones «inclusivas», pero no lo son. Camuflar, blanquear, enmascarar o censurar no es visibilizar; es simular, tratar de contentar conciencias mientras la realidad permanece inmutable.

Y no se olvide que, cuando alguien es «disminuido», no es “digno de protección” por tener una tara.
Es digno de respeto por el simple hecho de ser ciudadano.

La diferencia es sustancial.

La Constitución no debería afirmar que los disminuidos, los discapacitados, los minusválidos deben ser “protegidos” como si fueran objetos delicados.
La Constitución debería obligar a las diversas administraciones a no colocarlos en desventaja estructural.

Si el discurso oficial suena a tutela, falla en la forma.
Si las políticas emprendidas por los gobernantes no eliminan barreras, fallan en el fondo.

La respuesta debe ser poner en marcha acciones que fomenten la igualdad real y con un lenguaje institucional sobrio, no condescendiente.

Recurrir a los eufemismos es un insulto a la inteligencia.

La verdadera inclusión no se consigue con etiquetas, palabras supuestamente neutras ni discursos institucionales.

  • No basta con afirmar que se pretende “garantizar la autonomía de la persona con discapacidad” si nadie hace adaptaciones ni emprende acciones de clase alguna.
  • No basta con sustituir “disminuido” por “persona con discapacidad” si los gestos cotidianos siguen siendo inaccesibles.
  • No basta con prohibir palabras históricas si no se emprenden campañas de «reeducación social» y concienciación..

La inclusión real exige esfuerzo consciente, voluntad constante y políticas efectivas. Todo lo demás —eufemismos, censuras, gestos simbólicos, discursos de hipocresía— es teatro vacío. Un teatro que pretende maquillar la realidad termina siendo, al final, un insulto a la inteligencia de quienes la vivimos, sufrimos esa cruda realidad.