A las 6 de la madrugada de este jueves los ecologistas de Green Peace iniciaban una protesta ante la central nuclear de Garoña. Pedían su cierre basándose en que está totalmente amortizada desde hace años y es una central nuclear obsoleta, aquejada de graves problemas de seguridad. El permiso de explotación de Garoña termina en julio de 2009, pero la compañía propietaria Nuclenor ha pedido una prórroga de otros 10 años. Lo que ocurra en esa fecha es clave para saber lo lejos que puede llegar el ecologismo de ZP.
El Gobierno espera ahora el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), vinculante para el cierre en caso de que se estimara que existe un riesgo de seguridad. El CSN estudia minuciosamente los informes que Nuclenor facilitó en julio de 2006, cuando se pidió la prórroga, y en noviembre de 2007. Si el CSN determinara que la central está en condiciones, el Gobierno no podría argumentar su cierre por motivos de seguridad. Por eso, el Foro Nuclear ha solicitado en diversas ocasiones al Ejecutivo que tome su decisión basándose en los criterios técnicos.
El Gobierno tiene complicada cualquier otra argumentación, ya que sindicatos y patronal, entre otros, se han mostrado favorables a la prórroga de la vida de las nucleares teniendo en cuenta las necesidades energéticas del país. Por si eso fuera poco, las cinco inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica en los últimos doce años han avalado la seguridad de las instalaciones desde el punto de vista técnico. Por el contrario, aunque no se trata de contraponer nuclear y renovable, Garoña produjo por sí sola en 2007 el equivalente al 13% de la producción eólica en España.
La prórroga del permiso de Garoña, que comenzó a operar en 1971, no sería nada extraordinario. En Estados Unidos el organismo regulador ya ha concedido el funcionamiento por 60 años a 14 reactores similares en diseño y edad a Santa María de Garoña.
