No impondrá censura previa, pero síquiere un Consejo Audiovisual que decida qué medio dice la verdad y cuál miente. No hay precedentes en Europa. La diferencia es que las distintas comisiones de prensa en todos los países aconsejan pero no pueden decidir el cierre de una estación. Tras perpetuar el oligopolio con la concesión de emisoras de TV ahora llega el ataque directo. El PP estudia plantear un recurso de inconstitucionalidad
Naturalmente, se ha hecho mediante una filtración al diario El País. El Gobierno Zapatero pretende recortar la libertad de prensa en España mediante la creación de un Consejo de Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), similar al tristemente famoso Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC). El nuevo órgano, si prospera el proyecto de ley que prepara el ministro de Industria José Motilla, será una institución que tendrá por objetivo Controlar, inspeccionar y sancionar a los medios informativos malos, es decir, a aquellos que vulneran la verdad y el pluralismo. Quién decide cuando se han vulnerado tales principios? Pues el propio Consejo, nombrado entre profesionales de reconocida solvencia por el Gobierno.
El chaparrón de críticas frente a este recorte de la libertad de prensa, derecho básico recogido en el título 20 de la Constitución español no ha tardado ni horas. Pero el Gobierno sabe que tiene a muchos medios a su favor. Por de pronto, el grupo Polanco, pero también los medios públicos. Así, Radio Nacional de España ha oscurecido la información de El País al tiempo que dedicaba la portada de su diario hablado del mediodía a la petición de perdón de Consejo de Administración de la cadena COPE sobre la broma de un humorista al nuevo presidente boliviano, Evo Morales. La manipulación en los medios audiovisuales públicos ha alcanzado cotas desconocidas en toda la etapa democrática.
Por tanto, es posible que Montilla se sienta envalentonado para seguir adelante. Dirigentes del PP ya han comunicado que de inmediato se estudiará un recurso de inconstitucionalidad.
No es el primer ataque contra la libertad de información. El Gobierno acaba de rectificar el oligopolio audiovisual con el reparto de licencias de TV digital, donde sólo ha permitido la entrada de un nuevo operador: el suyo. Es decir, La Sexta.
La diferencia entre el espíritu de este nonato CEMA y los organismos nominalmente semejantes existente en otros países es el carácter consultivo de los foráneos frente al claramente coercitivo del proyecto Montilla, que incluso, al igual que ocurre en Cataluña puede revocar concesiones. Lo cual, por otra parte, nos lleva, otra vez, a la distinción entre medios escrito y medios audiovisuales. Si Zapatero y Montilla pueden permitirse este atentado contra la libertad informativa, es porque radios y televisiones, no así la prensa e Internet, es decir, la información más seria. Se rigen por el sistema concesional, y las empresas siempre están pendientes de que el Gobierno les renueve su licencia. En otras palabras, que los políticos les tienen agarrados por el cuello.
Hasta ahora, el Gobierno Zapatero se había limitado a mantener el oligopolio informativo, con un reparto de frecuencias que le aseguraba el buen trato con los grandes grupos multimedia. Fue el último trabajo del secretario de Estado Miguel Barroso, pero la luna de miel se rompió con el Estatut catalán, que se ha convertido en la cuestión clave de la vida española. Ahí se rompieron amarras y los medios han recogido el malestar general y un peligroso anticatalanismo creciente.
