Sr. Director:

Represento a algunos perjudicados por el manejo fraudulento de los trámites del concurso preventivo de Aerolíneas Argentinas SA. Al mismo tiempo, señalo que se han lastimado patrimonialmente a sus socios minoritarios, esto es, el propio Estado argentino y el Programa de Propiedad Participada que nuclea a los trabajadores de la empresa. Ni hablar del origen estatal español de los dineros ilícitamente utilizados por sus autores.

Si bien estos hechos tienen estado parlamentario en su patria, y por la nota aparecida en una de sus ediciones del medio que usted dirige, también son de público conocimiento en España, probablemente sea necesario difundir las particularidades del caso, el que, por lo dicho más arriba, conozco de sobra.

Tramitan en Buenos Aires, sendas causas judiciales, tanto por nulidad del acuerdo preventivo homologado, como por simulación y fraude, y por impugnación de decisiones asamblearias, todas éstas en sede de la Justicia de Comercio, la última de ellas promovidas por el Estado argentino, así como también expedientes en la Justicia en lo Penal por estafas. Al mismo tiempo, coexisten sendas denuncias ante la Inspección General de Justicia en orden a la violación de la prohibición en la designación como Director y Presidente del Comité Ejecutivo de Aerolíneas Argentinas, del señor Antonio Mata Ramayo, en atención a su condición de condenado por delitos en la administración de empresas por parte de la Justicia Penal madrileña.

Resulta, a mi juicio, incomprensible que de maneras insultantemente groseras se hayan hecho particulares del dinero del Estado español, con fines defraudatorios y tan expansivos.

Rubén Luchinsky

luchinsky@lprabogados.com