La opinión pública no termina de entender por qué los diputados sólo necesitan 8 años de cotización mientras que se plantea retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para el resto de los mortales. Todos los grupos políticos defienden esta medida. Una evidencia más del corporativismo de los diputados. Llamazares defiende que se trata de situaciones excepcionales de algunos diputados que -por las razones que sean- no han podido contribuir. Afecta a una minoría; en casos muy concretos. Sánchez Llibre se aferra también a que se trata de personas que no han podido contribuir por razones ajenas a su voluntad. Por su parte, Tomás Burgos señala que se trata de una decisión de la Mesa del Congreso y que por lo tanto, se puede modificar.
La más clara es Isabel López Chamoso (PSOE) quien señala con rotundidad que los diputados tienen el mismo trato que cualquier trabajador. La excepción es que en el caso de que un diputado no logre cotizar, el Congreso complementará hasta que reciba la pensión máxima. Y en 32 años de actividad parlamentaria sólo ha ocurrido en dos ocasiones. Se trata de un complemento de empresa, explica. Ya, señoría, pero en este caso se trata de una empresa pública, el Congreso de los Diputados, le espetan. Chamoso acepta. El argumento no era muy bueno.
