Legalmente, la población inmigrante en España apenas supera el 12%. Sin embargo, la población reclusa procedente del exterior roza el 40%. Es lógico, dado que el hombre bien instalado no emigra. Emigra el joven bien formado que no encuentra trabajo en su país de origen o, sencillamente, el desesperado que no tiene nada que perder por abandonar su país.
En cualquier caso, la integración no es sencilla y la crisis económica golpea, preferentemente a los trabajos menos cualificados, que son los que asumen los inmigrantes porque los españoles no los queremos.
Y el Gobierno ZP insiste en que los ya instalados regresen a su país: no lo harán. Estar en paro en España significa vivir mucho mejor que con trabajo en muchos de los países de origen.
Mientras, eso sí, continúa la difícil convivencia carcelaria entre colectivos de muy diversas procedencias. Por eso, siempre que se encuentra el resquicio legal pertinente, a muchos inmigrantes en prisión provisional, a la espera de juicio, se les repatría a su país de procedencia. Lo que no es una buena idea porque casi representa una invitación a volver a entrar en Europa con una nueva identidad y sin cuentas pendientes con la justicia.
