Ya lo decía aquel ministro norteamericano de visita en España durante el Franquismo: "España es diferente: al revés que en el resto de los países, los coches los fabrica el Estado y las carreteras por donde circulan las hace la iniciativa privada".
Aunque no se fíen del conocimiento que los gringos tengan de España. Recuerden aquella otra anécdota del millonario norteamericano, también de viaje en Madrid, al que le presentaron al viejo Antonio Garrigues: "Ah, pero usted es una persona de carne y hueso –aclaró el yanqui-. Yo pensé que "Garrigues" era un impuesto, porque siempre que me pasan una factura de España aparece su nombre".
Hoy las cosas han cambiado, pero lo cierto es que aún hay mucha gente, cada vez más, que quiere volver al viejo esquema: el Estado es el que hace las infraestructuras y la iniciativa privada lo que circula por ellas.
Con motivo del apagón barcelonés, ha vuelto a ponerse de moda el asunto: Red Eléctrica de España (REE) y Enagás tienen poco de públicas, pero –afirman los partidarios de privatizar hasta el Estado- lo cierto es que el Estado puede asegurar, a través de la regulación, el suministro del servicio eléctrico en buenas condiciones, es decir, en onerosas condiciones.
Ya sabemos que no es así: la privatización de la mayoría del capital de Red Eléctrica Española ha provocado un deterioro de esta infraestructura de enorme magnitud. Otrosí: el regalo de Enagás -porque fue un regalo, que conste- al señor Durán Farrell y a Gas Natural, no ha propiciado desabastecimiento, pero si ha ralentizado las inversiones en esta otra infraestructura básica, cada vez más básica.
Lo mismo puede decirse del agua o del teléfono, de la vía del tren, de AENA, o de las carreteras. No hay problemas en que muchas operadoras compitan en las sobre-estructuras, pero la infraestructura debe ser pública. Y, a estos efectos, ruego reparen en el inteligente artículo que hoy publicamos en Hispanidad, debido a la pluma del sin duda mejor experto español en planificación energética, Juan Avilés.
La razón es sencilla: son infraestructura que precisan enormes inversiones, y el accionista privado no es muy amigo de las inversiones, sino del dividendo a repartir cada año. En España. No ha existido nada más ridículo que la venta de acciones de nuestra red eléctrica a fondos de inversión, entidades de quita y pon, a las que no les apetece mucho una inversión cuya rentabilidad real puede situarse a 25 años vista.
Hay que insistir en que no todos los agentes económicos tienen que ser privados, ni todas las compañías sociedades anónimas, al menos por dos razones: el único objetivo de una empresa no es el accionista, sino también los trabajadores y, antes que ninguno de los dos, los clientes. Por otro lado, y aunque el neoliberalismo se empeñe en lo contrario, el problema de la justicia social no radica en la pugna entre lo público y lo privado sino entre lo grande y lo pequeño, independientemente de su naturaleza jurídica.
Eulogio López
