Sr. Director:
Si en algo están de acuerdo los políticos de este país en cuanto a la crisis filatélica, es que ha existido una falta grave de regulación y control por parte de la administración, lo que ha permitido cometer la macro-estafa con total impunidad durante 27 años.
Esto es una negligencia, pero más grave aún es que desde hace muchos años la Administración poseía pruebas contra estas sociedades, en concret
- La querella de la Fiscalía Anticorrupción se basan en hechos ocurridos entre los años 1998 y 2002.
- En el 2002 una asociación de consumidores- dirigió varias cartas al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Ministerio de Economía, en las que denunciaba la inseguridad y falta de control del sector de los llamados bienes tangibles, el riesgo que ello implicaba para sus clientes y reclamaba la adopción de medidas.
- Entre los años 2001 y 2003 el Servicio ejecutivo para la prevención del blanqueo de capitales, adscrito al Banco de España, investigó a Forum Filatélico por operaciones sospechosas de blanqueo.
Pues bien, durante todo este tiempo sorprendentemente la Administración no solo no actúa, por el contrario las deja fuera del control de entidades financieras y desde el 2004 se las regula mediante la famosa disposición adicional 4ª de la Ley 35/2003.
Pues clama al cielo que esta disposición también la incumplían impunemente en cada uno de los contratos que firmaban.
Ni tan siquiera cumplieron con la obligación de presentar en el 2004 una auditoria anual en la Consejería de Consumo y este organismo ni sanciona, ni tan siquiera reclama su cumplimiento.
Un cúmulo de errores garrafales que culmina con una demostración total de descoordinación e incompetencia por parte del Ministro de Justicia Sr. López Aguilar que entrega en el 2005 un premio a la alta dirección al mayor delincuente de la historia de España y causante de la estafa, el ex presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones y por si fuera poco una publicación dependiente del Ministerio de Hacienda aconseja la inversión en estas empresas.
Luego, tenían pruebas del delito, no intervienen, no les controlan, les permiten delinquir y encima refuerzan la confianza en la empresa.
El 9 de Mayo del 2006 y viendo la magnitud del problema, se produce la intervención y el Gobierno pide tranquilidad a los afectados, diciendo que la justicia va a actuar en su defensa.
Pues han pasado nueve meses y los afectados se encuentran en absoluta indefensión debido a una justicia incapaz de recuperar el dinero evadido y de localizar y castigar contundentemente a los culpables, colapsada por las dimensiones del caso, atónitos ante unos políticos que eluden incluso investigar las posibles responsabilidades políticas y la complicidad de algunos medios de comunicación que actúan en sintonía con ellos.
Lo sucedido es muy grave, se ha estafado a cientos de miles de españoles y se han evadido ingentes cantidades de dinero del país y el funcionamiento de la Administración del Estado fue y sigue siendo lamentable y esto es un problema que no solo afecta a los estafados.
Ojo si no se toman medidas, usted puede ser la próxima víctima del Estado.
Jorge Afuera
jafuera@teleline.es