Es como un choque de trenes y el campo de juego es la Corporación Eólica, CESA, una de las principales empresas españolas de generación de energía eólica.
Por una parte, se encuentra el grupo Mercapital, del inefable José María Loizaga, pionero del apalancamiento financiero en España y especialista en hacerse con empresas que luego trocea o que luego revende tras una profunda reestructuración, es decir, reducción de gastos y, en especial, de plantilla. A través de una sociedad conjunta, Mercapital controla el 92,4% del capital de CESA. Dicha sociedad instrumental está participada, a su vez, por el propio Mercapital, con un 45%, más sus aliados, Juan Luis Arregui, presidente de CESA, un 31%, mientras el fondo británico Bridgepoint se queda con el 23% restante.
Hasta ahí todo bien. Resulta, sin embargo que Loizaga, en el mejor estilo de la Casa, pretendió excluir al accionista minoritario, algo que a los fondos de capital-riesgo no son más que una molestia. Así, el primer ejecutivo de CESA, Álvaro Maortua, contaba con el 7,5% del capital, que Loizaga y Arregui intentaron comprarle por debajo de su precio. Maortua decidió entonces venderlo a Gala Capital, el fondo de capital-riesgo de Carlos Tejera, participado por nada menos que el poderoso Georges Soros. Para expulsar a Gala, Loizaga colocó a un duro entre los duros, el ex directivo del SCH, Fernando Gumuzio. Pero, al parecer, Gala Capital no se arruga ni tiene prisa en salir. Así, ya han sido tres las juntas de accionistas impugnadas. Y jurídicamente pintan bastos para Loizaga. Así, un jurado de Vitoria ha llamado a declarar al presidente de CESA, justo cuando la demanda interpuesta en diciembre de 2004 por CESA para quedarse con el 7,5% de capital rebelde, tiene pocas perspectivas de éxito.
El presidente de Corporación Eólica es Juan Luis Arregui, uno de los creadores de Gamesa y, por más señas el primer accionista individual de Iberdrola. Es él quien ahora deberá responder a las preguntas del juez sobre los acuerdos de la Junta General de Accionistas, celebrada en mayo de 2004, y donde no se contó con el accionista minoritario. Y Gala pide nada menos que la anulación de todas las decisiones tomadas en esas dos asambleas y en las dos celebradas con posterioridad hasta el día de hoy. A la postre, tenemos una empresa paralizada por intentar copar el último duro, ese que, según el viejo adagio bursátil, siempre debe dejarse para el que viene detrás.
