Esto de las licencias tanto radiofónicas como audiovisuales- se ha convertido en el gran instrumento de control político de la información. Así que mejor que nadie se mueva, porque no saldrá en la foto. Y desde luego, que a nadie se le ocurra moverse antes de las elecciones de mayo. Aquí manda quien manda. Esto es lo que parece querer decir el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que ha promovido un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Audiovisual Catalana. La Ley sugiere la asunción por parte de la Generalitat de la capacidad de configurar nuevos canales a partir del espectro radioeléctrico de que se disponga en su territorio, cuando la planificación y gestión del dominio público es una competencia exclusiva del Estado, señala Sevilla.
El ministro valenciano de origen- añade que el pasado mes de junio crearon una comisión bilateral Estado-Generalitat para debatir estos temas. Transcurridos los seis meses que se dieron para alcanzar un acuerdo sin consenso, Sevilla ha optado por llevar la Ley valenciana ante el Tribunal Constitucional. ¡Toma Estado cooperativo! Pero el Gobierno no puede permitirse que Camps se ponga a dar licencias audiovisuales en pleno período electoral. ¡Hasta aquí podíamos llegar!
