El intervencionismo socialista alcanza cotas antijurídicas. La última novedad del Ministerio de Vivienda consiste en que las ayudas aprobadas para los inquilinos menores de 35 años y con rentas inferiores a los 15.000 euros anuales vayan directamente al propietario. De esta manera, el propietario se asegura al menos el cobro de los 240 euros mensuales y el inquilino se ahorra la molestia de ver pasar el dinero por su cuenta corriente sin poder tocarlo.

 

Probablemente nadie se queje, pero la normativa resulta un tanto atípica. Resulta que el beneficiario de la ayuda pública es el inquilino, pero quien la recibe es el propietario. Ocurre algo parecido a los conciertos escolares. Los maestros de escuela concertada mantienen una relación laboral con la propiedad de la escuela. Ellos prestan un servicio, pero, a cambio, el empleador no les paga. Y no les paga porque ya lo hace la Consejería de Educación por ellos, no vaya a ser que caigan en la tentación de meter la mano en los sueldos. A eso se le llama confianza.

 

En el caso de los alquileres ocurre lo mismo. Un inquilino contrata con un propietario. El inquilino recibe una ayuda por sus circunstancias personales. Pero en vez de recibir esa ayuda, el dinero irá directamente a la propiedad, tergiversando el acuerdo entre particulares y la autonomía de la voluntad. Eso sí, todo es mucho más cómodo, limpio y transparente. Pero intervencionista. Y nadie se quejará porque vivimos en una sociedad anestesiada, donde la mano del Estado siempre será bienvenida mientras venga cargada de euros.