El grupo industrial y de servicios Sánchez Ramade constituye el segundo conglomerado de Andalucía, después de Abengoa, con más de 4.000 trabajadores. Empresas de hardware (DIASA) o de electrodomésticos (URENDE), concesionarios de coches, salas de cine, empresas agroalimentarias y, ¡ay dolor!, promoción y construcción, especialmente bajo la marca Noriega.
Una empresa familiar que, cómo no, se ha pillado los dedos en el sector inmobiliario, especialmente en la compra de suelo, con la paralización consiguiente del sector. Ha sido la promoción la que le ha provocado una deuda bancaria de 1.400 millones de euros (más otros 200 en proveedores), lo que le ha colocado al borde del abismo.
Con Goldman Sachs representando los intereses de Sánchez Ramade (¿Buena elección?), los principales bancos y cajas acreedores son el BBVA (270 millones), Caja Madrid (175 millones), Banesto (165), Sabadell (155), Unicaja (135) y Cajasur (135). Todos ellos optaron por una liquidación ordenada del Grupo, con venta de las joyas de la corona, especialmente la informática y los electrodomésticos. Para ello, la banca acreedora debería aportar 70 millones de euros más, de los cuales más de la mitad servirían para abonar intereses de la deuda anterior. Sin embargo, BBVA se ha negado a aportar los 20 que le correspondían y ha situado a la compañía al borde del concurso de acreedores. Todo ello, cuando ya estaba redactado el cuaderno de ventas de DIASA.
La rigidez del banco que preside Francisco González sorprende porque, en esta ocasión nos encontramos, además, con un grupo cuya desaparición tendría un efecto social muy duro, especialmente en Andalucía, la región más castigada por el paro.
Miriam Prat
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