Ayer informábamos en Hispanidad sobre los cada vez más juristas de reconocido prestigio que opinan que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias está encubriendo un ‘estado de excepción' detrás de la declaración del ‘estado de alarma’ aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 14 de marzo para controlar la propagación del coronavirus en el conjunto del país y prorrogada hasta en cuatro ocasiones por el Congreso de los Diputados.

Pues bien: de las acusaciones informales se está pasando a las sentencias y denuncias concretas. Sin ir mas lejos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón ha emitido la primera sentencia, estimatoria, contra la declaración del Estado de alarma, informa Consalud.

En particular, este órgano judicial anuló la decisión de la Delegación del Gobierno en Aragón que prohibió una manifestación convocada por la Intersindical de Aragón para el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, debido a las restricciones de movilidad interpuestas por el RD de alarma. Sin embargo, la justicia ha estimado el recurso del sindicato, tras lo cual se llegó a celebrar una pequeña concentración de vehículos particulares, añade el mismo medio.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ConSalud.es, el TSJ estimaba que el estado de alarma es “el menos intenso” y que se trata de un régimen jurídico que “no contempla afectación alguna, mucho menos la suspensión, del derecho de reunión y manifestación”. En este sentido, sí que han subrayado que estos derechos particulares sí que se verían limitados en caso de que se hubiese declarado el estado de excepción.

Por otra parte, hoy es noticia que un grupo de abogados de toda España han presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en representación de más de 3.000 familiares de fallecidos con el nuevo coronavirus, en contra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los 22 vicepresidentes y ministros del Ejecutivo por un posible delito de homicidio imprudente en la gestión de la pandemia, informa RTVE.

La querella ha sido presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave" al haber permitido por acción o por omisión la extensión de la pandemia y la muerte de estas personas con el virus Sars-Cov-2.

Los firmantes de esta querella, que representan a 3.268 personas, han advertido que se podría ampliar para incluir los delitos de prevaricación y omisión del deber de socorro, entre otros, así como incluir al director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, y otros asesores de Sanidad como cooperadores necesarios.