• Juzgará a ocho ex directivos por la quiebra de la caja alicantina, pero por cuestiones 'menores'.
  • Y encima el caso se cierra en falso: sin investigar los créditos dolosos de la entidad rescatada con dinero público.
  • Ni tan siquiera tiene en cuenta el déficit de 3.200 millones en la cartera de préstamos calculada por el FROB, como pedía el fiscal.
  • Vamos, que Crespo o López Abad se sentarán en el banquillo por apropiación y alteración de las cuentas, pero 'encantados'.
  • Lo que parecía un proceso judicial ejemplar amenaza con quedarse en casi nada.
  • Ojo, el coste de la quiebra de la CAM para los españoles será de unos 20.000 millones de euros.
En contra de lo que parece, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez (en la imagen) deja en casi nada, frente a lo que podría haber ocurrido, el cierre de la causa judicial por la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Procesará, en efecto, a los ocho ex directivos de la caja alicantina por apropiación indebida y alteración de las cuentas de la entidad, pero quedan fuera de responsabilidad en las principales acusaciones que pesaban sobre ellos, especialmente el déficit no contabilizado de 3.200 millones de euros en la cartera de créditos de la entidad, como calculó el FROB en julio de 2011. Si ese déficit se hubiera contabilizado antes, está claro que el beneficio de 200 millones que la caja declara a 31 de diciembre de 2010 no hubiera sido tal. Pero el cálculo del FROB fue, como digo, en julio de 2011 y por esas fechas los ocho ex directivos -entre ellos su presidente Modesto Crespo, su ex director general Roberto López Abad o su adjunta, Dolores Amorós- ya habían abandonado la entidad. ¿En qué quedan entonces las principales acusaciones contra los antiguos ejecutivos de la CAM? Pues en cuestiones mucho menores, lo que equivale, en suma, a descafeinar la causa contra una de las quiebras más sonadas de una caja -desfalco se han llamado también-, cuyo rescate costó al Estado 5.249 millones de euros sólo en capital, aunque superará sin duda los 10.000 millones en conceptos de pérdidas por el Esquema de Protección de Activos (EPA) que percibirá el Banco de Sabadell de todos los españoles como entidad compradora. La adquisición se concretó dos años más tarde, en febrero de 2013. Es coste para los españoles de la quiebra de la CAM ascenderá a unos 20.000 millones. En otras palabras, para que me entiendan: los ocho ex directivos de la CAM quedan exculpados de la parte medular del proceso, un desfase de 3.200 millones de euros mal contabilizados en créditos presuntamente dolosos concedidos por los ex directivos. Esa fue precisamente la tesis defendida por la fiscalía. De lo que les acusa el juez Bermúdez a los ocho ex directivos es de tres causas menores. La primera de ellas, por alternación de las cuentas. Ocurrió en diciembre de 2010, cuando se contabilizaron indebidamente 200 millones de unos activos titulizados. La segunda razón, el pago indebido de un dividendo de las filiales a la matriz. Este punto no fue considerado indebido en el informe pericial de los inspectores y de Rubén Manso. Y el tercer motivo, la apropiación indebida de 47 millones de euros, 32 millones de los cuales fueron para el pago a la plantilla de una paga extra de beneficios. Teniendo en cuenta que la caja alicantina estaba en pérdidas, aunque había registrado un beneficio de 200 millones, la CAM no debía haber efectuado ese pago. Ahora bien, todo hay que decirlo: el FROB hizo lo mismo después, pero con unas pérdidas de 2.800 millones de euros. Con la quiebra de la CAM vuelve a suceder lo que en otras tantas investigaciones judiciales: que un tribunal juzga con lo que tiene, no con lo que no tiene. ¿Y qué es lo que no tiene?: lo que no se ha investigado, por muy contundente que sea la petición del fiscal. Es ahí  donde está la cabeza del león del verdadero desfalco de la CAM, que no está en la cola de ratón que ahora se juzgará. Dicho de otro modo: una cosa es lo que aparece en el sumario judicial y otra, mucho mayor, lo que ha quedado fuera del mismo: los créditos dolosos no investigados, que fueron directa o indirectamente concedidos por los entonces directivos de la CAM, a beneficio propio o de sus allegados, pero que impactaron, paralelamente, en perjuicio de la caja. Fueron esos créditos los que no fueron investigados posteriormente por los inspectores del Banco de España o del FROB. Y si no lo han hecho ha sido por algo tan simple como que hacerlo hubiera puesto en evidencia lo que la inspección no hizo antes para evitar la quiebra de la caja alicantina. Por eso se cierra en falso la causa: queda sin investigar el principal agujero de una gestión que llevó a la quiebra a una entidad, la CAM en este caso. Por ese motivo, queda meridianamente claro también que lo que pintaba como un proceso judicial ejemplar amenaza con quedar en agua de borraja. En muchísimo menos, en cualquier caso, de lo que quedará. Rafael Esparza rafael@hispanidad.com