La ministra portavoz, María Jesús Montero, y el titular de Sanidad, Salvador Illa
En el contexto del confinamiento por el coronavirus, el director de la Policía José Ángel González ha afirmado, tajantemente, que es un bulo la información que circula por redes de que las Fuerzas de Seguridad van a grabar conversaciones y mensajes privados.
Nos atenemos, por tanto, a la información aparecida en el BOE el sábado 28 de marzo, según la cual "se pretende contar con información real sobre la movilidad de las personas en los días previos y durante el confinamiento. El objetivo es entender los desplazamientos de población para ver cómo de dimensionadas están las capacidades sanitarias en cada provincia".
Por esa razón, el ministro de Sanidad Salvador Illa establece en ese BOE "encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo urgente y operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Dicha aplicación permitirá, al menos, realizar al usuario la autoevaluación en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información al usuario sobre el COVID-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación".
"La aplicación -prosigue el BOE- permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar. La aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet".
"La aplicación no constituirá, en ningún caso, un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos. La utilización de la aplicación no sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado”, explica el BOE.
Y la pregunta es: entonces, ¿para qué se hace?
Y segundo, ¿de la geolocalización pasaremos a otros niveles superiores -o inferiores- de vigilancia de los ciudadanos? En efecto, por el momento, se trata de un bulo. Por el momento.