Los trabajos para desmantelar la central nuclear de Garoña, cuyo cierre se decretó en agosto de 2017, comenzarán dentro de un año, en el segundo semestre de 2019, según los planes de la propietaria Nuclenor (Iberdrola y Endesa) trasmitidos a los ayuntamientos del Valle de Tobalina, donde se encuentra.

Lo ha confirmado a la agencia EFE la alcaldesa del Valle, Raquel González, mientras cuelgan de una cuerda sobre el resto de las centrales nucleares españolas, sobre todo después de que Pedro Sánchez se sienta en el sillón de Moncloa. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (en la imagen), ha sido clara e incluso ha puesto fechas: a partir de 2020, para terminar en 2028.

El 20% de la capacidad instalada depende ahora de las nucleares, que además no contaminan

Otra cosa es cómo se concrete porque depende de un nuevo modelo energético -más voluntarioso que realista, de momento-, basado en la mejora de la eficiencia y las energías renovables. Pero no se puede olvidar que el 20% de la capacidad instalada depende ahora de las nucleares, que además no contaminan (otro problema, en términos de CO2 para otras fuentes), y el posible impacto en el aumento de los precios de la electricidad. Queda mucho partido, en suma.

La primera central que tendría que pedir licencia para alargar la vida útil es la de Almaraz (Cáceres), en 2019 porque vence en 2023 y la última Trillo (Guadalajara), que cumple 40 años en agosto de 2028. Entre una y otra están el resto: Almaraz II, Ascó I y II, Cofrentes y Vandellós II.

Endesa, Iberdrola y Naturgy hacen sus planes en medio del suspense que rodea a las nucleares 

Esas intenciones dejan en segundo término las exigencias de fiscalidad más suave que han planteado hasta ahora por Endesa, Iberdrola y Naturgy (antes Gas Natural Fenosa). Las tres empresas tendrán que acomodarse al nuevo escenario y a las posibles negociaciones con el Gobierno.

Volviendo a Garoña, la alcaldesa del Valle de Tobalina ha explicado a EFE que Nuclenor espera las aprobaciones para el desmantelamiento de Consejo de Seguridad Nuclear y de Enresa, al tiempo que ultima sus planes para revitalizar la zona, que dependía económicamente de la vida de la central.

El desmantelamiento, en cualquier caso, llegará dos años después del cierre, mientras Enresa ha puesto sobre la mesa las cifras del coste que supondrá. Incluso el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cabreó a las eléctricas al sugerir nuevas aportaciones de las eléctricas para ese cometido. Es un aspecto, en fin, que también hay que tener en cuenta, porque el coste con el desmantelamiento del resto se multiplicará por mucho.