El Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el jueves la solicitud del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar una pena de cárcel, tras apelar este una condena por corrupción, en un fallo que probablemente termine su carrera política y profundice las divisiones en el país, informa Reuters.

El voto decisivo que inclinó el 6-5 fue emitido por la jueza Rosa Weber, quien se opuso al pedido de Lula para evitar la prisión y comenzar a cumplir su condena de 12 años por aceptar sobornos. Su decisión selló el destino del expresidente izquierdista y puede ser encarcelado dentro de una semana.

Lula sigue siendo el político más popular de Brasil, a pesar de su condena y seis juicios pendientes por corrupción. Es el favorito en todas las encuestas de opinión para las votaciones presidenciales de octubre, pero su condena probablemente le impida postularse.

La decisión representa un duro golpe para la supervivencia política del primer presidente de clase trabajadora de Brasil, cuya carrera se hunde en medio de escándalos de corrupción que han sacudido a la clase política y especialmente a su Partido de los Trabajadores, que detentó el poder desde el 2003 hasta mediados del 2016.

El fallo probablemente termine su carrera política y profundice las divisiones en el país

La sociedad brasileña sigue profundamente dividida después de que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fuera acusada y destituida de su cargo como presidenta en medio de un escándalo de corrupción y una crisis económica.

La condena de Lula fue confirmada en una primera apelación. Según la ley electoral brasileña, un candidato tiene prohibido presentarse para cargos públicos durante ocho años después de ser declarado culpable de un delito.

Algunas exenciones se han hecho en el pasado, y la decisión final en el caso de Lula sería tomada por el máximo tribunal electoral del país siempre y cuando el expresidente presente oficialmente su candidatura.

Lula fue declarado culpable en agosto y condenado a 10 años de prisión por aceptar sobornos valorados en 3,7 millones de reales (1 millón de dólares) de la firma de ingeniería OAS. En enero, un tribunal de apelaciones confirmó por unanimidad su condena y aumentó la pena de prisión a 12 años.