El Gobierno se parapetó hasta 11 veces en un comité de expertos ‘fantasma’

El comité de expertos para la desescalada fue el apoyo en el que se justificó la acción del Gobierno durante el mes de mayo, cuando crecía la polémica sobre el diferente trato al País Vasco y Valencia o chocaba con Madrid por los pases de fase. Tras admitirse que jamás existió, todas las referencias a este equipo quedan ahora en entredicho. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; o el ministro de Sanidad, Salvador Illa, recurrieron a unos supuestos especialistas sin rostro hasta en, al menos, 11 ocasiones en respuestas a los medios o adversarios políticos. En muchas de esas comparecencias, eso sí, trataron de obviar el término «comité». (El Mundo)

El Gobierno reconoció a senadores del PP que sí había expertos para la desescalada. Si este miércoles se conocía que el Ministerio de Sanidad aseguró que nunca llegó a formarse, ABC desvela una respuesta escrita a los senadores del PP, Teresa Ruiz-Sillero y Antonio Román, del pasado 23 de junio, en la que dice todo lo contrario, que se creó, que la composición «se publicó en su momento» y que «ya finalizó su tarea». Un elemento más que ahonda en la polémica y que deja al descubierto la falta de claridad sobre la gestión que se ha hecho de la crisis del Covid-19. Y lo que es peor, abre nuevas incógnitas sobre cómo, quién y por qué se decidió que comunidades como Madrid no pudieran pasar a la fase 1 y salir de ella. (ABC)

No cejó en su empeño de proponer iniciativas para solucionar el «problema catalán», entendiendo que esa solución suponía también una «oportunidad para Euskadi» y los deseos del PNV de un «nuevo modelo de Estado». Ya sin Puigdemont –huido–, ni Rajoy en la escena política, Urkullu planteó al ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un plan para reconducir la crisis catalana que incluía la celebración de una consulta legal y pactada a la ciudadanía. Urkullu remitió a Sánchez una propuesta, fechada el 11 de diciembre de 2018 bajo el título Dar una oportunidad al diálogo en y para Cataluña. En este documento, Urkullu proponía a Sánchez abrir una negociación desde el Gobierno con los partidos soberanistas catalanes para «dar de nuevo una oportunidad al diálogo», acordar desde la «legalidad» y la «bilateralidad» el estatus de autogobierno de Cataluña y la convocatoria de una «consulta popular pactada y legal» antes de iniciar el proceso de negociación y confirmar así la adhesión de la ciudadanía. Urkullu sugiere incluso en el documento cuál pude ser la pregunta a los catalanes: «¿Quiere que Cataluña abra un nuevo proceso político para acordar con garantías de legalidad y bilateralidad un estatus de autogobierno con las instituciones del Estado?». (El Mundo)

Podemos lleva sin actualizar la información de su portal de transparencia con nuevos datos de ingresos y gastos desde finales de 2018. A partir del 31 de diciembre de ese ejercicio, la opacidad es completa, una fecha significativa, ya que es a partir de ese momento cuando se produjeron los hechos en los que se sustenta la denuncia del abogado «purgado» José Manuel Calvente. Es decir, que el período sin actualizar coincide con las fechas en las que su ex abogado ha denunciado que había una «caja B». El pago de sobresueldos era común en 2018 en el partido de Iglesias, según la declaración de Calvente. (La Razón)

«Podemos quiere gente que diga que sí aunque sea ilegal. No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera». Y esto es precisamente lo que dice que ha sucedido con su compañera Mónica Carmona y con él mismo. Se considera víctima de un «montaje», el del acoso sexual, para justificar «un despido improcedente» que se saldó, a diferencia de lo que dice Podemos, sin ningún procedimiento disciplinario contra él, apunta. A las bravas. Y es que el exletrado denuncia un plan del «núcleo duro» de esta formación que se habría puesto en marcha en las elecciones municipales de 2019 para hacerse con el control del equipo legal, territorios y finanzas. «Si tienes ese control lo tienes todo», confiesa Calvente. (ABC)

La vicesecretaria de acción sectorial del PP, Elvira Rodríguez, asegura en una entrevista con elEconomista que en la Unión Europea se ven con mucho recelo las fórmulas populistas y comunistas de Podemos. Para la dirigente popular, el reto del Gobierno es no convertir el dinero que llegue del plan de recuperación en un nuevo Plan E que fracase. Rodríguez asegura que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende subir los impuestos, tanto el IVA como el IRPF. Cuando le preguntas si haber sido casi todo en política -directora general, secretaria de Estado de presupuestos con Montoro, ministra de Medio Ambiente, presidenta de la Asamblea de Madrid o de la CNMV entre otros cargos- le hace situarse por encima del bien y del mal y dice, sin más, que “se le pueden echar años a la vida o vida a los años y yo estoy en lo segundo”. (El Economista)

La presión del Gobierno para que Felipe VI aparte cuanto antes a Juan Carlos I del Palacio de la Zarzuela con la alternativa de que se traslade temporalmente incluso fuera de España desata críticas de personalidades monárquicas. El ex alto comisionado de la Marca España Carlos Espinosa de los Monteros acusa al «Gobierno de Sánchez e Iglesias de intentar llevar a España hacia una República, no utilizando la vía prevista en la Constitución sino por la de desacreditar la Monarquía de cualquier manera». En un artículo remitido a este diario (ver reproducción adjunta) atribuye al Gobierno actual «una presión en todos los frentes tendente a forzar la salida (¿expulsión?) de España del Rey Juan Carlos, sin que exista sobre él no ya una sentencia condenatoria, ni siquiera imputación de ningún tipo, todo ello como condición necesaria para seguir tolerando la Monarquía Constitucional en España». (El Mundo)

El propósito de Sánchez en el foro autonómico, en todo caso, es ofrecer a las comunidades diseñar conjuntamente un mecanismo de “cogobernanza” para gestionar este ambicioso fondo europeo. En espera de que hoy desvele los detalles y la letra pequeña del acuerdo europeo, el presidente del Gobierno solo trazó sus grandes objetivos en la transición ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial, en busca de la igualdad de oportunidades para todos los territorios. (La Vanguardia)

Las CCAA piden en la Conferencia de Presidentes más armas frente al virus. La preocupación prioritaria por parte de las CCAA se centra ahora en el control del virus y en la adopción de medidas «claras y comunes» para impedir que los rebrotes adquieran el carácter de segunda oleada de la enfermedad y se extiendan entre territorios. «Criterios y planes de país», en palabras del presidente castellano manchego Emiliano García-Page que han encontrado eco en la mayoría de sus homólogos. (El Mundo)

Las comunidades con más casos aplican tarde y a medias el plan de acción de Sanidad. El documento del ministerio llegó cuando ya había 120 focos de covid y varios se estaban complicando. Cada comunidad ha ido aprobando medidas por su cuenta. (El País)

Los fondos que han lanzado la opa por MásMóvil –KKR, Cinven y Providence– han incluido una cláusula en la que abren la puerta a realizar una OPV de la cuarta teleco española a partir de 2024. Tres inversores –la familia Ybarra Careaga, el vicepresidente, José Eulalio Poza, y el fondo Inveready– controlarán hasta el 11,3%. La opa comenzó a gestarse en enero, se paró en el Gran Confinamiento y se retomó en abril. (Cinco Días)

El Ministerio de Transportes ratificó ayer que prepara un freno a la inversión en la red de alta velocidad. El departamento de José Luis Ábalos salió a última hora de la tarde en apoyo de la AiReF, que pidió por la mañana al Ejecutivo que se replantease la inversión en AVE. El organismo cifra en 73.000 millones el coste de acabar los trazados pendientes y apuesta por centrarse en Cercanías. El Gobierno asegura que estas medidas están completamente alineadas con la nueva política del Ministerio para hacer frente a los retos de la nueva movilidad. mucho más sostenible, segura y conectada. (El Economista)

La Comisión Europea trabaja contra el reloj para luchar contra los efectos económicos de la pandemia. Su última medida es una reforma de los trámites para que las empresas cotizadas puedan ampliar capital a través de una fórmula exprés, según una propuesta del organismo que preside Ursula von der Leyen. En lugar de un extenso folleto, les bastará uno simplificado con un máximo de 30 páginas. Los supervisores europeos –en España, la CNMV– deberán dar luz verde a las ofertas en un máximo de cinco días. (Cinco Días)

ATA denuncia la arbitrariedad de estas denegaciones y recuerda que el decreto por el que se aprueba la prestación no señala dicha incompatibilidad. Este viernes se reunirá con el Gobierno para reclamar su pago. (La Razón)

El magistrado está investigando la gestión del la Generalitat y de las residencias de ancianos
No solo ha requerido expedientes  administrativos, sino también copia certificada de los documentos. (El Periódico)