El Gobierno recibió el 2 de marzo una recomendación de la UE para evitar manifestaciones multitudinarias pero no la trasladó a las autonomías

El Gobierno recibió el 2 de marzo una recomendación de la UE para evitar manifestaciones multitudinarias como el 8-M o el congreso de Vox, pero no la trasladó a las autonomías. El Ministerio de Sanidad se escudó en el que el informe era accesible en internet para no alertar de sus recomendaciones, e incluso lo obvió por completo en la reunión que mantuvo con los gobiernos regionales tres días después, el 5 de marzo, en el Consejo Interterritorial de Sanidad. «No se habló nada, ni nos enseñaron ni citaron documento alguno», aseguran fuentes de diversas comunidades. Una de ellas incluso aporta el orden del día de la reunión, que no hace ninguna alusión. (El Mundo)

La Guardia Civil sostiene que el Ministerio de Sanidad contaba el 6 de marzo, 48 horas antes de que se celebrara la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer en Madrid, con datos sobre la importancia de mantener la distancia social para frenar el contagio de coronavirus. En un atestado policial remitido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Plaza de Castilla (Madrid), la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, los agentes subrayan que el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES) tenía «pleno conocimiento de que la tasa de contactos disminuye con la aplicación de medidas de salud pública» como son el «aislamiento preventivo» y el «distanciamiento social», tal y como publicó la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) unas jornadas antes. (El Mundo) (La Razón)

Los correos del consejero de Madrid que avisó de que no hospitalizar ancianos era ilegal: “Morirán de forma indigna”. Al inicio de la pandemia, el responsable de los geriátricos escribió a su compañero de Sanidad pidiendo atención médica y advirtiendo de “graves consecuencias legales”. (El País)

El Gobierno dividió en dos una misma dirección general del Ministerio de Transportes para colocar al frente al arquitecto Ignacio Carnicero, el mejor amigo de Pedro Sánchez. Aunque este fue nombrado para el cargo de la nueva dirección esta misma semana —en el Consejo de Ministros del martes—, la historia comienza en enero. El día 28 el Gobierno aprueba el real decreto «por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales», la reestructuración de los ministerios. ABC ha consultado a altos cargos con años de experiencia en este ministerio. Coinciden en que es «absurdo, un disparate, crear estas dos direcciones generales, una es más que suficiente». Explican que las «competencias son muy limitadas, pues se trata de áreas transferidas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos». (ABC)

El doble discurso de PSOE y Podemos con el enchufismo: Acosar a los cargos del PP y justificar a los de la izquierda. Distinta vara de medir cuando se trata de la familia socialista, entonces se aplica guante de seda; mientras que con los populares siempre se ha puesto en marcha una ofensiva brutal con acusaciones de «enchufismo». Pablo Iglesias atacó a Ana Botella como alcaldesa de Madrid y justificó a Irene Montero. (ABC)

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se prepara estos días para devolver de nuevo a partir de este lunes 8 de junio las competencias autonómicas a los presidentes de los gobiernos regionales que entren en la Fase 3 prevista en el plan de desescalada diseñado por La Moncloa como transición a la nueva normalidad, tras el confinamiento de toda la población española decretado el pasado 14 de marzo para frenar el avance imparable por aquellas fechas del coronavirus. Para ello, el presidente del Gobierno se saltará la legislación actual que regula el estado de alarma. En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por este diario avisan de que constituye una vulneración de la legislación vigente que las comunidades que entren en Fase 3 recuperen plenamente su poder , mientras, España continúa bajo el estado de alarma, cuya prórroga fue aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados hasta el próximo 21 de junio. (La Razón)

Se aguarda con expectación la próxima celebración, dentro de este mes, del Consejo Superior de la Guardia Civil que presidirá la directora general del Cuerpo, María Gámez y en el que, aunque el orden día no está establecido, será abordada la situación por la que atraviesa la Benemérita. La anterior sesión, el 7 de mayo pasado, fue presidida excepcionalmente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y, por las citadas circunstancias, no se puede descartar que vuelva a ocurrir lo mismo. María Gámez no piensa por el momento en dimitir y no se ha sentido nunca desautorizada por el ministro Grande Marlaska. (La Razón)

La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, que hoy continúa con sus sesiones, dará pocos minutos a los comparecientes para explicar sus planes. El tiempo que hasta el momento tiene programado la Comisión de Reconstrucción para hablar sobre la reactivación económica es de los más ajustados. Fuentes parlamentarias aseguran a elEconomista que las horas dedicadas en este grupo de trabajo suman un total de 17, mientras que para los asuntos europeos se dedica más tiempo, unas 26 horas. El grupo de trabajo sobre Sanidad y Salud Pública es uno de los que más tiempo tiene programado hasta ahora en la Comisión, con 50 horas. (El Economista)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, afirma que el ingreso mínimo vital es necesario, “pero en España está mal diseñado”. Reclama que la ministra Irene Montero debe dimitir por negligencia el 8-M. Cuando le preguntas cómo se siente al ser el sucesor de Inés Arrimadas, dice que la líder de Ciudadanos “es insustituible” y que su papel se ha acrecentado porque la actualidad política está en el Parlamento. “Yo soy el portavoz adjunto del grupo, pero en absoluto pretendo sustituirla ni podría hacerlo. Me toca este papel hasta que acabe su baja maternal, que está disfrutando mucho porque es una trabajadora absolutamente incansable”. De lo que no se arrepiente es de haber sido abogado del Estado rebelde, que se atrevió a plantar cara a Pedro Sánchez y Dolores Delgado, negándose a cumplir sus órdenes sobre lo ocurrido el 1-O en Cataluña. Aunque insiste en que no respira por la herida, pone el dedo en la llaga afirmando que “ahora todos ven como se las gasta Marlaska y el Gobierno: “Quieren una Administración servil y que los funcionarios tengan miedo y digan siempre sí”. (El Economista)

A partir del 15 de junio, 850.000 familias van a demandar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno para levantar un escudo social que ayude a mitigar los efectos económicos del coronavirus. La gestión de la ayuda residirá en el Instituto de la Seguridad Social (INSS), excepto en el País Vasco y Navarra. Y el coste lo asumirá el Estado... menos la parte burocrática, que les corresponderá a los ayuntamientos. Así se desprende del borrador del convenio de colaboración entre el INSS y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que ha tenido acceso EL MUNDO. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que inicien el expediente administrativo de cada solicitante, pero el documento –al igual que el decreto ley– no incluye una partida destinada a que los entes locales puedan reforzar y ampliar sus plantillas de servicios sociales. Y eso deja las finanzas locales en una complicada encrucijada. (El Mundo)

Cerco a José Montilla para que renuncie a todos sus privilegios como ex presidente de la Generalitat de Cataluña tras su fichaje por Enagás. Las fuerzas políticas con representación en el Parlamento catalán han reclamado formalmente la comparecencia del socialista en la Cámara catalana para que justifique la «compatibilidad de mantener una dedicación en el sector privado y los beneficios como ex president». Ciudadanos, JxCat, ERC y la CUP han registrado solicitudes para empujar a Montilla a ofrecer explicaciones y el PP respaldará la petición de la formación presidida por Inés Arrimadas. Tras hacerse público su ingreso en el consejo de administración de la gasística -lo que le reportará un salario de 160.000 euros anuales más complementos-, Montilla comunicó que renunciaba a su pensión vitalicia de ex president, que asciende a unos 88.000 euros al año. (El Mundo)

La candidata a presidenta de la Comisión de Competencia (CNMC), Cani Fernández, afrontará un mandato difícil por las constantes incompatibilidades debidas a la profesión de su esposo, Jorge Padilla, director general de Compass Lexecon, una de las principales consultoras mundiales en competencia. El paso de la abogada a la CNMC también se complica por su anterior cargo en Moncloa, como asesora de presidencia. La norma de Competencia es clara: “Existe un posible conflicto de intereses cuando los miembros del Consejo intervengan en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o de personas con las que tengan una relación análoga a la conyugal, o intereses compartidos con terceras personas”. (El Economista)

Grupos con fuerte vinculación con España como Telefónica, la aerolínea British Airways (filial del grupo hispano-británico IAG) y la empresa de transportes National Express (dueña de los autobuses españoles Alsa y participada por la familia Cosmen), han sido aceptados en ese plan, a través del que ya han captado 800 millones de libras (en el entorno de los 900 millones de euros). Según datos oficiales del Banco de Inglaterra, la inyección a Telefónica es de 200 millones de libras (224 millones de euros), mientras las concedidas a IAG y National Express son de 300 millones de libras (336 millones) cada una. (Expansión)

Primefin, la sociedad a través de la cual el jeque catarí Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani posee un 10,3% del capital de El Corte Inglés, ha declarado unos beneficios de 87 millones de euros en sus cuentas del ejercicio 2018, que ha publicado recientemente en el Registro Mercantil de Luxemburgo, donde está radicada. Un resultado que contrasta con las pérdidas de 46 millones que registró en el anterior ejercicio. (Cinco Días)

Compass, el mayor grupo de servicios de catering del mundo, se enfrenta al cierre de colegios y empresas en todo el planeta, dos de sus principales fuentes de negocio. En España, el grupo tiene 12.000 empleados y sólo unos 3.000 –los vinculados a la restauración en hospitales y residencias de ancianos, o a empresas que no han parado, como es el caso de Amazon– han podido seguir con su actividad. Fernando Pascual, director general en España y Portugal, explica que la compañía tiene ya fórmulas para ofrecer cantinas seguras a sus 1.600 clientes, aunque muchas cosas van a cambiar. (Expansión)

La economía sumergida supone el 25% del PIB español y provoca una pérdida de ingresos próxima a los 70.000 millones de euros, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda. Rebajar a la mitad la economía en "B" supondría aflorar unos 25.000 millones. El fraude fiscal, resta otros 26.000 millones más a la recaudación. Con el agujero que va a provocar la brusca caída del PIB este año, superior al 9% según las estimaciones del Gobierno, y que podría rebasar con creces los 14.000 millones adicionales al ya mastodóntico déficit, urgen medidas que logren incrementar la recaudación sin asfixiar al emprendimiento y a la clase media, la inmensa mayoría de los españoles. (La Razón)

Soy un empresario español que quiere traer un grupo de trabajadores a España...”, “somos un equipo de abogados y tenemos reuniones en Estados Unidos...”, “soy una enfermera española con contrato para incorporarme en Reino Unido...”, “somos una pareja de italianos y hemos encontrado trabajo en un bar de Ibiza a partir de julio...”. El Gobierno se ha puesto manos a la obra ante el aluvión de preguntas de empresarios y empleados que necesitan viajar fuera de España por trabajo. Según ha podido saber EXPANSIÓN, el Ministerio de Exteriores lanza una plataforma para ayudar a las empresas españolas a sortear trabas internacionales al desarrollo de sus negocios, desde cierres de fronteras, a cuarentenas, pasando por la exigencia de tests o certificados médicos. (Expansión)