(Exclusivas de la prensa de papel 27/01/2022) La justicia exige a los municipios devolver el IAE cobrado durante cierres por Covid

Los ayuntamientos vieron temblar el suelo bajo sus pies el pasado octubre cuando el Tribunal Constitucional tumbó el método de cálculo del llamado impuesto de plusvalía municipal, lo que ponía en riesgo una fuente de ingresos que aporta unos 2.500 millones de euros anules a las arcas públicas. Aunque los magistrados aclararon pronto que los efectos apenas serían retroactivos, salvo para causas ya judicializadas, y Hacienda no tardó en promover la aprobación de un nuevo método de cálculo que mantuviese viva esta vía de recaudación, los ayuntamientos afrontan ahora una nueva amenaza a su financiación: la justicia ha comenzado a exigir a los consistorios que devuelvan el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) cobrado a los negocios durante el tiempo en el que se les obligó a cerrar por la pandemia. Basándose en la citada sentencia del Constitucional sobre la plusvalía, los jueces aducen que si no hubo actividad esta no puede ser gravada. Los fallos imponen también compensaciones parciales por los periodos de limitación de los aforos. (Expansión)

Las moratorias que dilatan los plazos legales para declararse en concurso de acreedores tienen los días contados en la agenda del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo trabajan ya con el plan de que, tras anunciar a finales del año pasado otra prórroga de esta medida, que la mantendrá en vigor hasta el próximo 30 de junio, no habrá más extensiones de este tipo. El Ejecutivo quiere que su término coincida con el fin de la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley Concursal, aprobada en Consejo de Ministros el año pasado y que ya se encuentra en la Cámara Baja. El fin de las moratorias para declarar insolvencias supondría un primer paso en la retirada de las medidas excepcionales puestas en marcha, desde 2020, para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus en las empresas. (El Economista)

La subida de los precios de los materiales de construcción y de los costes energéticos y la crisis de suministros están provocando que los contratistas comiencen a abandonar obras y otro tipo de proyectos públicos, según denuncian fuentes del sector de la construcción. Ya hay algunos ejemplos de ello, fundamentalmente entre las Administraciones Locales, que en algunos casos tienen en la pública Tragsa una vía alternativa para que asuma los contratos. (El Economista)

Las familias sufrieron en 2021 la mayor subida de precios que se ha producido en España en los últimos 10 años, con picos puntuales en algunos meses (6,5% en diciembre) que no se vivían desde el año 1992. Pero lejos de haber tocado techo, los precios seguirán subiendo en este ejercicio. Así, de una inflación promedio del 3,1% en 2021 pasaremos este año a una subida de precios media a lo largo de los 12 meses del año muy superior. Es previsible, por tanto, que cuando la Cámara actualice su previsión, ésta sea superior al 2,6% que mantiene ahora y podría impulsar al alza la media del panel hasta una cifra cercana al 4%. En el lado opuesto de la tabla se sitúan casas de análisis que ya prevén cifras cercanas al 5%. Es el caso del servicio de estudios del Banco Santander, que espera una subida media de precios del 4,6% este año, aunque no quiere dar detalles de su cálculo. (El Mundo)

La reforma laboral publicada por el Gobierno en el BOE el 30 de diciembre ya no será la que se someterá a votación para su preceptivo refrendo en el Congreso. Su tenor literal ha aguantado apenas quince días. Los remiendos que el Ejecutivo ha ido introduciendo en el texto original forzarán al Parlamento a votar dos reales decretos en vez de uno: tendrán que convalidar el decreto de diciembre, que se ha reformado con una corrección de errores; y, además, tendrán que convalidar también otro real decreto más sobre la Sareb (el conocido como ‘banco malo’), que el Gobierno aprovechó la semana pasada para colar otros dos remiendos a la reforma laboral. En total, dieciséis cambios con los que «corregir» o «aclarar» el texto que se promulgó en el BOE del pasado 30 de diciembre. En la práctica, las correcciones y aclaraciones introducidas ahora no alteran las condiciones pactadas por el Gobierno con sindicatos y patronal. No cambia el sentido de lo pactado, indican las fuentes jurídicas y sindicales consultadas por ABC. Pero no promulgar esas correcciones sí que podría suponer, en algunos casos, un escollo o discusiones en la aplicación de lo pactado. (ABC)

El Gobierno no aplicará su propia reforma laboral cuando las administraciones y empresas públicas tengan que contratar personal para gastar los fondos europeos. Según se recoge en la nueva legislación que ha pactado el Ejecutivo con los agentes sociales, las empresas solo podrán utilizar un trabajador temporal sin justificar causa durante 90 días en un solo puesto al año, o durante seis meses, ampliables por convenio hasta un año, si se trata de atender aumentos imprevisibles de la demanda. El contrato por obra o servicio, que estaba ligado a una subcontratación acotada en el tiempo y que se acababa cuando terminaba el proyecto, no se podrá utilizar. Sin embargo, toda esta normativa no se aplicará a las administraciones y entidades públicas a la hora de ejecutar los eurofondos. Los contratos que firmen con los trabajadores podrán tener una duración más allá de los plazos aplicables al sector privado. En concreto, podrán durar todo lo que se necesite para cumplir con los objetivos marcados en el Plan de Recuperación, que se financia con unos 70.000 millones en ayudas europeas no reembolsables. Estos recursos proceden del fondo europeo Next Generation EU y tienen de plazo para gastarse hasta 2026. (El País)

El Gobierno da un paso más en el camino para fulminar a los planes de pensiones individuales. Este año ha vuelto a perjudicar su fiscalidad para forzar su extinción y solo permite que se libren del castigo fiscal los planes de previsión empresarial, con la clara idea de que en el futuro solo se mantenga esta fórmula de ahorro y el superfondo público de pensiones que el ministro Escrivá negocia con empresarios y sindicatos. En los Presupuestos de 2021 ya se incluyó el primer gran hachazo al ahorro privado, cuando se redujo de 8.000 a 2.000 euros la deducción fiscal por aportaciones a planes individuales. Y en las cuentas de 2022 se ha vuelto a ir por el mismo camino y recortado esa cuantía hasta los 1.500 euros, con el argumento de que estos fondos de pensiones tienen unas comisiones muy altas y que las deducciones solo benefician a las clases altas. (ABC)

El objetivo es contar con la luz verde de la CNMV a partir del 2 de febrero Los colocadores aspiran a que el valor en Bolsa sea de 2.000 millones. (Cinco Días)

Bruno Rabassa, consejero delegado de Berkshire Hathaway HomeServices Spain: “Tenemos que ser número uno de intermediación inmobiliaria en 10 años”. “Iremos a sitios estratégicos: el Mediterráneo y los archipiélagos”. “Nuestro objetivo para 2022 es comprar dos o tres compañías más para llegar a la docena de oficinas”. (Cinco Días)

Paack y Fever: más millones para startups españolas. Espera facturar más de 200 millones este año. Ya entrega varios millones de pedidos al mes de 150 clientes internacionales. (Cinco Días)

Santander procesa frutas y verduras en Boadilla. Es la primera empresa española que instala este tipo de maquinaría en sus comedores La iniciativa se engloba dentro del programa BeHealthy, impulsado por Ana Botín. (Cinco Días)

Los dos buques insignia de la familia manejan un flujo inversor de 900 millones con un centenar de empresas y fondos, como KKR e Iconiq, la élite financiera mundial. (Expansión)

VidaCaixa, filial de CaixaBank, ha superado el listón de los 100.000 millones de euros gestionados a través de seguros de vida ahorro y planes de pensiones en España. La entidad, líder en estos dos negocios, cerró 2021 con 105.147 millones administrados, frente a 88.001 millones en el ejercicio precedente, lo que supone un aumento del 19,48%. (Expansión)

El Economista: Loreto Ordóñez, Eco de Engie: "Queremos 3.000 MW de renovables y estamos disparando a casi todo". (El Economista)

La innovación es el plan de pensiones de las compañías. (El Economista)

Más de once años después de admitir a trámite el recurso del PP, el tribunal confía en llevar al Pleno un borrador de la resolución con anterioridad a su próxima renovación en junio. (La Razón)

El análisis realizado por este periódico incluye 14 encuestas publicadas por 11 medios de comunicación (algunos han publicado dos en el último mes) y realizadas por nueve empresas de demoscopia (hay compañías que realizan sondeos para varios medios). Y los datos que ofrecen todas ellas son muy diferentes a los del CIS. La media ponderada de los 14 sondeos analizados ofrece este resultado, de mayor a menor porcentaje de voto: PP (38,9%), PSOE (30%), Vox (12,1%), Unidas Podemos (6%), Ciudadanos (4,7%), UPL (2,7%), Soria Ya (0,9) y Por Ávila (0,7%). Los resultados del CIS publicado ayer, por contra, son éstos: PSOE (30,8%), PP (29,8%), Vox (9,3%), Unidas Podemos (8,7%), Ciudadanos (7,9%), UPL (4%), Soria Ya (1,6%) y Por Ávila (1,1%). La diferencia principal es que el organismo público da nueve puntos menos al PP y tres puntos menos a Vox. Eso sirve para negarles la mayoría que le conceden todos los sondeos. de tal manera que, en el CIS, PP y Vox suman en la horquilla máxima 40 escaños, justo uno por debajo de los 41 que dan la mayoría absoluta. (El Mundo)

Debate en el PP por el recelo a un acuerdo con Vox en Castilla y León. El freno en los sondeos agita la preocupación por la futura relación con el partido de Abascal El electorado popular cree que el PSOE ya no es rival y esa confianza frena la movilización. (La Razón)

El exvicepresidente del Gobierno reconoce que tiene acceso a los resultados del sondeo antes de que se publiquen en un mensaje de Telegram que borró minutos después. (La Razón)

En el año en que se cumple el 30 aniversario de los Juegos de Barcelona, en 1992, pocos dudan del impulso que concedieron a la ciudad, convertida desde entonces en una gran marca internacional. Para toda España, volcada con la cita en su conjunto, fue, asimismo, un punto de inflexión, conjuntamente con la Expo de Sevilla, ese mismo año. No estamos en la misma situación, con la resaca del procés y todavía en plena pandemia, pero la oportunidad de unos nuevos Juegos, en este caso de invierno y compartidos por Cataluña y Aragón, en 2030, se antoja clave para quienes buscan tender puentes con proyectos compartidos después de la quiebra política y social, y dinamizar un territorio como los Pirineos. Los alcaldes afectados lo ven de ese modo, incluso nacionalistas e independentistas, pese a las dudas que muestra la Generalitat, sea por cuotas de protagonismo o cuestiones medioambientales, observadas por algunos implicados como coartada de los prejuicios por compartir algo con el resto de España. Alejandro Blanco exige igualdad con Aragón. (El Mundo)