(Exclusivas de la prensa de papel 16/06/2021) La sangría por la izquierda del Gobierno: agenda incumplida en vivienda, luz, educación, inmigración, infancia, trans y pobreza

El PSOE y Unidas Podemos ven mermado el apoyo de la sociedad civil. La caída de los partidos del Gobierno en la intención de voto tiene una razón por la derecha, por su diálogo con el independentismo y la concesión de los indultos, pero también se explica por sus incumplimientos por la izquierda. De manera creciente, diferentes movimientos sociales acentúan sus críticas por el olvido de la agenda social. Presionan censurando la acción de un Ejecutivo que acusa el desgaste. La gota que ha colmado el vaso ha sido el encarecimiento de la factura de la luz, pero tampoco han ayudado las devoluciones en caliente de los inmigrantes llegados a Ceuta durante la crisis con Marruecos, el incremento de los desahucios en plena pandemia, los alquileres o la subida de las ratios de alumnos por aula para el próximo curso. La sensación generalizada en las ONG y en los sindicatos, que tradicionalmente han tenido buena sintonía con sendos partidos, es que están traicionando sus principios y una parte importante del «acuerdo de coalición progresista» que suscribieron en diciembre de 2019. «¿Cómo es posible que todo esto suceda con un Gobierno de izquierdas?» es la frase más repetida. (El Mundo)

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a empeñar su palabra de que la remuneración mínima legal subirá este año, pero se enfrenta al grueso del área económica del Ejecutivo, que descarta la idea y prefiere aplazarlo a 2022, indicaron ayer fuentes gubernamentales. «2021 tiene que estar centrado en generar empleo». La tensión vuelve así a dispararse a los niveles del pasado mes de diciembre, cuando Díaz echó un pulso a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y quedó desautorizada, teniendo que contentarse con el compromiso de que el SMI volvería a subir cuando la recuperación económica estuviera consolidada. Ahora, como vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, podría negociar la solución directamente con el presidente Pedro Sánchez. (El Mundo)

Según la propuesta de tramos de cotización distintos del Gobierno para el nuevo Reta, un individuo del régimen general y otro del régimen de autónomos, ambos con la actual base mínima de 13.300 euros anuales, cotizarán 3.763,9 y 3.300 euros, respectivamente, por contingencias comunes en 2032 y, sin embargo, obtendrán la misma pensión para una misma carrera laboral y edad de jubilación. Los expertos del Instituto Santalucía ponen en valor la reforma propuesta por una modificación “muy positiva”: la consideración de los rendimientos fiscales como base de cotización. Pero también “tiene elementos muy negativos, entre los que destaca que haya tipos de cotización implícitos diferentes según los rendimientos fiscales, lo que da lugar a inequidades” y que afecta al principio de contributividad del Sistema. (El Economista)

El Gobierno ya ha puesto en marcha el «catastrazo» inmobiliario, que pretende dar un nuevo pellizco a los bolsillos de los ciudadanos y abrir el camino para la ansiada armonización tributaria que pretende desde hace tiempo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para ello, la nueva Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal, que ayer pasó por la Comisión de Hacienda del Senado, incluye cambio y aumentos en seis impuestos: IRPF, a las plusvalías, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, aunque en realidad afectará a toda la tributación. Lo primero, el cambio en la base imponible de varios impuestos. En concreto, el Catastro utilizará datos individualizados de antigüedad, conservación o precio de compraventa de las viviendas para construir el nuevo valor de referencia inmobiliaria. Esto significa que marcará los límites del pago de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio, y que según los expertos consultados por LA RAZÓN, será «ostensiblemente más alto que el actual». (La Razón)

Envía requerimientos a empresas que han rescindido contratos antes del fin de semana o de las vacaciones para evitar la Seguridad Social. Escrivá ultima un nuevo castigo para relaciones laborales de corta duración. (ABC)

Telefónica España ha dado un paso importante en la renovación de las relaciones laborales. La compañía, en la oferta final para la prórroga del segundo convenio de empresas vinculadas (CEV) un año más, hasta finales de 2022, ha incluido la alternativa de implantación de un sistema en línea con la debatida jornada de cuatro días. Eso sí, con reducción salarial para quienes decidan acogerse. De esta manera, en la prórroga del convenio planea instaurar la jornada semanal flexible bonificada (JSFB), de adscripción voluntaria, por la que los empleados que decidan adherirse a este modelo trabajarán 32 horas a la semana (sin cambios en el régimen de jornada, bien partida, bien continua), ocho horas diarias de lunes a jueves, de forma voluntaria, por escrito. De la reducción de jornada semanal de 5,5 horas, la empresa propone bonificar una hora, en torno a un 20% de toda la citada reducción, según explican fuentes sindicales. (Cinco Días)

Aqualia, la firma de agua propiedad de FCC y el fondo australiano IFM, ha impulsado su posición en España en los últimos meses a través de prórrogas y renovaciones de contratos con distintas Administraciones y empresas públicas. Así, en 2020 y hasta la fecha de 2021 la compañía que dirige Félix Parra ha sumado proyectos que representan una cartera de más de 450 millones de euros, reforzándose así como la principal generadora de ingresos futuros para el grupo que controla Carlos Slim. (El Economista)

Endesa, Iberdrola y Naturgy, los principales propietarios de los siete reactores nucleares que siguen produciendo electricidad en España, reclaman un precio mínimo garantizado por cada megavatio producido para mantener abiertas esas instalaciones hasta el cierre definitivo que se había acordado con el Gobierno, en el año 2035. Fuentes del sector cifran este precio en una horquilla de entre 58 y 59 euros por megavatio hora. Bancos como Credit Suisse dan por hecho que tendría que haber algún tipo de entendimiento para evitar un colapso del sistema. Con la producción actual de las centrales atómicas como referencia eso supondría unos 3.000 millones de euros al año. Y teniendo en cuenta el cierre escalonado ya programado para esas instalaciones, el total, de aquí a 2035, supondría más de 25.000 millones. (Expansión)

Parece que el acuerdo entre sindicatos y CaixaBank sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) que intentan alcanzar ambas partes se quedará para el último día, el 29 de junio, pese a que BBVA ya llegó a un acuerdo con sus empleados también para poner en marcha su ERE. CaixaBank mantuvo ayer una nueva reunión con los sindicatos en la que ha planteado un aumento de las indemnizaciones que recibirían los empleados que salgan de la empresa. (Cinco Días)

CaixaBank, la que vende más producto propio en gestión discrecional: hasta el 85%. (El Economista)

El Corte Inglés cerró entre abril y mayo la compra y transmisión del paquete accionarial que su expresidente, Dimas Gimeno, y su madre, María Antonia Álvarez, tenían a través de la sociedad de cartera IASA, segunda accionista del grupo de grandes almacenes. Una operación anunciada en febrero de este año con la que las partes pusieron punto y final a su guerra judicial tras varios años de conflicto. Sin embargo, esta no se cerró hasta el 7 de abril, según desvela el informe financiero que El Corte Inglés ha remitido a sus bonistas con los resultados de 2020. En esa fecha se hizo oficial la compra del 22,18% que Gimeno y su madre tenían en IASA, en la que compartían accionariado con las herederas de Isidoro Álvarez, Cristina y Marta Álvarez, esta última presidenta de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces. El importe de la transacción fue de 145 millones. (Cinco Días)

La división de mantenimiento de Renfe no va a tener que retocar a la baja, de momento, las tarifas que cobra a otros operadores por el acceso a sus talleres. La Audiencia Nacional ha estimado las cautelares solicitadas por el operador contra la resolución de la CNMC del pasado 10 de diciembre, en las que se tildaban los precios de abusivos y se instaba a la publicación de un nuevo cuadro tarifario en no más de dos meses. (Cinco Días)

La Comisión Europea lanzó ayer la primera emisión de deuda con la que va a financiar el programa Next Generation, un momento largamente esperado por los Gobiernos de la zona euro y por los inversores, ya que así se pone en marcha el mecanismo de financiación con el que reconstruir Europa tras la dura crisis de la pandemia. Se trata además del debut de unos bonos que son considerados como un primer paso hacia la mutualización de la deuda europea, un tema tabú hasta la fecha, ya que están respaldados por el presupuesto comunitario. La UE da así un importante paso adelante en su integración financiera y se consolida como uno de los grandes emisores de deuda soberana del mundo. “Necesitamos invertir bien este dinero para aprovecharlo al máximo. Tenemos que asegurarnos de que los planes estén en línea con las prioridades europeas”, dijo ayer la presidenta de la CE Ursula von der Leyen. (Cinco Días)

Bruselas ahorra 30 puntos de interés con el primer eurobono. (El Economista)

El histórico plan de deuda de la Unión Europea para captar los recursos que financiarán el Fondo de Recuperación comunitario ya está en marcha. Santander participó ayer en la primera colocación de deuda de Comisión Europea para dotar de recursos al mayor paquete de ayudas de la historia comunitaria, el Fondo de Recuperación Next Generation. El Ejecutivo comunitario captó 20.000 millones de euros bajo una fuerte demanda de 142.000 millones, un volumen de peticiones que hubiera cubierto siete veces la cantidad finalmente captada por la Comisión. Santander colideró junto al danés Danske Bank, la operación sindicada, mientras que BNP Paribas, DZ Bankc, HSBC, Banca Intesa Sanpaolo y Morgan Stanley fueron los colocadores. (Expansión)

Además de los indultos y de la rebaja de pena del delito de sedición, en los planes del Gobierno hay una tercera medida vinculada al procés que también satisface al independentismo: el desmontaje de la norma con la que el PP dio nuevas armas jurídicas al Tribunal Constitucional para que garantizara el cumplimiento de sus resoluciones. La reforma, que aún está en trámite parlamentario, preocupa en el ámbito judicial, y en particular en el Tribunal Supremo, en el que recayó la tarea de juzgar lo sucedido. «La reforma desarma al Constitucional. Si se aprueba, no se podrá hacer lo que se hizo para frenar el 1-O», afirma un magistrado del Alto Tribunal. Otro magistrado resalta que la reforma que ahora puede derogarse permitió «agilizar» la respuesta del TC a los desafíos que iban llegando desde el Parlament, que en ocasiones ajustaba sus horarios para intentar adelantarse al Constitucional. (El Mundo)
Robles firmó en 2012 un manifiesto contra los indultos y ahora evita pronunciarse. La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó en noviembre de 2012 un manifiesto «contra el indulto como fraude» junto a cerca de otros 200 jueces. El texto recordaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy que «todas las personas, sin excepción, están sujetas a las leyes», que la legitimidad para imponer condenas «corresponde con exclusividad al Poder Judicial» y que una medida de gracia que no se ajusta a la legalidad supone una «afrenta Judicial» así como un «ejercicio abusivo» de poder. (ABC)

La Justicia quiere saber cómo se desarrolla la política penitenciaria del Gobierno con los presos de la organización terrorista ETA. Y quiere acabar con el bloqueo informativo que el Ministerio del Interior mantiene sobre los expedientes de cada uno de los internos acercados o progresados de grado. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado un plazo de 20 días al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska para que facilite información sobre presos de ETA beneficiados. En concreto, el tribunal atendió el pasado 9 de junio la reclamación en el caso de los etarras que formaron parte del comando Andalucía. (El Mundo)

"Esto es parte de la misma espiral de vandalismo y de destrucción. La gente que ha estado instigando al odio también está llena de rencores históricos. No es capaz de analizar el paso de la historia con hechos objetivos. Para nosotros, la relación con España es transcendental, basada en el respeto y en los valores compartidos. Nosotros fuimos parte de España y ahora no lo somos, nos independizamos y hemos convivido pacíficamente. Tratar de destruir 200 años de pasado es una torpeza. Pero hay un modelo populista que quiere generar odio contra todo, un odio irracional, contra el pasado también". (El Mundo)

Una combinación de factores hacen que Svetlana Tijanovskaya sea reconocida como la única representante legítima de Bielorrusia en el exterior. Permanecer en silencio durante 27 años de Presidencia de Alexander Lukashenko es mucho tiempo, por eso no dudó en saltar a la primera línea política y presentarse como candidata a presidir el país cuando su marido, Serguei Tijanovski, fue encarcelado por el régimen un par de meses antes de los comicios. Después de unas elecciones fraudulentas se vio obligada a abandonar su país y vivir refugiada en la capital de Lituania por temor a represalias a ella y a sus dos hijos menores de edad. Sin experiencia política, pero con un profundo sentido de servicio público, ambiciona con echar a Lukashenko del poder. Fuerte, decidida y firme en cada respuesta, la líder de la oposición bielorrusa atiende a LA RAZÓN en una entrevista telemática desde República Checa, en medio de una gira europea. (La Razón)

La Abogacía del Estado pide que la familia Pujol haga frente al pago de 7.768.127 euros por la media decena de delitos fiscales que le atribuye. En un escrito que ha presentado ante la Audiencia Nacional en representación de la Agencia Tributaria sostiene que el primogénito de la familia del ex presidente autonómico catalán incurrió junto a su ex esposa en al menos cinco delitos fiscales entre los ejercicios 2007 y 2012. (El Mundo) (La Vanguardia)