Exclusivas de la prensa de papel (12/02/2020)

Ante la situación de alarma, el Gobierno, la Generalitat y los ayuntamientos de Barcelona y l’Hospitalet han redoblado los esfuerzos para tratar de convencer a la organización de que el Mobile debe seguir adelante, aunque sea de mínimos, sin la exuberancia de años anteriores. La decisión final la tomará el consejo general de la GSMA el viernes, en una reunión ordinaria fijada en el calendario hace meses, pero que se ha convertido en una cita decisiva para adoptar una postura firme, sea en un sentido u otro, justo diez días antes del 24 de febrero, cuando está previsto que el certamen abra sus puertas. (La Vanguardia) 

La organización y los participantes negocian el coste de cancelar el Mobile. (Cinco Días)

El fondo de pensiones de empleo de CaixaBank, que acumula 6.000 millones de euros y es el mayor de España, ha decidido cambiar su estrategia para tener voz y voto en las empresas en las que invierte. La comisión de control del plan ha tomado esta decisión para reforzar su inversión socialmente responsable (ISR), en la que tiene puesto el foco. Hasta ahora, las pensiones de la plantilla del banco, gestionadas por VidaCaixa, canalizan su inversión a través de grandes gestoras internacionales, lo que hace imposible que el plan pueda ejercer los derechos políticos en las empresas incluidas en su cartera. «Se trata de que, por ejemplo, si se considera oportuno invirtamos directamente en las sociedades que se incluyen en un ETF [fondo cotizado] en lugar de hacerlo a través de este vehículo», explica el presidente del plan. (Expansión)

Han pasado dos años y medio desde aquel día marcado en el calendario de los mercados, del Banco de España, de la CNMV, del BCE, de los responsables de los fondos de rescate bancarios, tanto del español (FROB) como del europeo (MEDE), y también de los del organismo encargado de la resolución de los bancos (JUR). Los alrededor de 300.000 accionistas de Popular perdieron todo su dinero el 7 de junio de 2017. Santander compró el banco por el simbólico precio de un euro. Pero ofreció bonos a unos 115.000 accionistas para que recuperaran su dinero. Quienes los aceptaron, en torno a 100.000 clientes, han recuperado casi todo. (Cinco Días)

Desde febrero del pasado año la banca española se ha ido quedando rezagada frente al sector de la eurozona, dejándose 16 puntos porcentuales de rentabilidad por el camino. Esta diferencia no ha venido acompañada de un recorte análogo en las estimaciones de beneficio, lo que ha hecho que la banca española se convierta en la más barata de la región. Las entidades del Ibex 35 cotizan a 8,1 veces sus beneficios de este año, lo que supone un descuento del 13% frente a la industria y la ratio más baja, junto a la de la banca austriaca. Además, esta situación contrasta con lo vivido hace poco menos de tres años, cuando el sector del país cotizaba a 13,6 veces sus ganancias de ese ejercicio, lo que la convertía en la banca más cara de la región, solo por detrás de Alemania, cuyos números estaban distorsionados por unas previsiones de Deutsche Bank en plena corrección. (El Economista)

Repsol, Total, Galp, Cepsa y BP han desatado una guerra para hacerse con el mayor trozo posible del sector de las renovables. La estimación conjunta habla de unos 6.000 millones de euros de inversión, lo que lo convierte en un auténtico boom. Las grandes petroleras aprovechan el elevado ritmo de crecimiento que está registrando, en concreto, todo lo relacionado con la energía solar, y la ambición del Plan Nacional de Energía y Clima, que prevé la instalación de 29.000 MW hasta 2030. (El Economista)

Euskaltel, el operador vasco de telecomunicaciones, tiene previsto iniciar en los próximos meses, a finales de marzo o principios de abril, las operaciones fuera de sus territorios históricos en los que ha estado presente hasta el momento, según señalan fuentes del mercado. Portavoces oficiales de la operadora han declinado comentar esta información, aunque ha trascendido que el plan de negocio del grupo se hará público el próximo 10 de marzo. (Expansión)

La compraventa de vivienda cerró en 2019 un ciclo de cinco años. Según las cifras del Consejo General del Notariado, el año pasado se vendieron 566.777 viviendas, lo que supone un 3,35% menos que en 2018. Es la primera vez que cae la venta de casas desde 2013, cuando se desplomó un 17,28%, hasta las 370.005 unidades. (ABC)

La Abogacía del Estado ha decidido personarse en la causa en la que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón investiga supuestas irregularidades fiscales en el seno de la Fundación Messi tras la denuncia interpuesta por un ex empleado de la misma contra la estrella del Fútbol Club Barcelona y su padre, Jorge Horacio Messi. Fue la propia instructora de la causa la que, a instancias de la Fiscalía, ofreció a los Servicios Jurídicos del Estado su personación en el procedimiento en representación de la Agencia Tributaria ante la posible existencia de un perjuicio para las arcas de Hacienda, dado que en la causa se investiga la posible comisión de delitos tributarios y de blanqueo tras su reapertura el pasado diciembre. (La Razón)

El Ministerio de Transición Ecológica prepara un importante hachazo a la cogeneración que supondrá un recorte del orden de 1.350 millones de euros en el periodo que va desde 2020 a 2022. Este ajuste ha puesto en alerta al sector, que ha convocado para hoy una reunión urgente a la que acudirán del orden de 120 empresas para trazar su estrategia antes de la aprobación de esta medida, que debería producirse durante el mes de febrero. (El Economista)

El año pasado se subastaron entre las generadoras eléctricas 50 millones de toneladas de derechos de emisión de CO2, que, a 25 euros la tonelada, supuso una recaudación de 1.250 millones de euros. Dado que la Comisión Europea se queda con un 10% del total, el Ministerio de Hacienda ingresó 1.125 millones (menos que el año anterior, en que aún funcionaron las centrales de carbón). El fuerte incremento del precio de estos derechos ha convertido esta partida en un dulce caramelo para el fisco, que prevé alcanzar los 1.700 millones en 2020. (Cinco Días)

Gobierno y País Vasco apuran los días para su próxima reunión del 20 de febrero, en la que la ministra de Administración Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comunicará el calendario de traspasos comprometidos al Ejecutivo vasco. La transferencia de Prisiones será «inmediata», porque ya estaba prácticamente a punto con Meritxell Batet antes de que el devenir electoral lo paralizara todo. La relativa a la Seguridad Social, que entonces optó por aparcarse, aún se negocia. En Moncloa aseguran que no hay nada decidido todavía pero que el «entendimiento está avanzado». (La Razón)

La Moncloa apartó al Ministerio de Exteriores y encargó al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que afrontara la presencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas de la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, a quien las sanciones de la UE prohíben pisar suelo europeo. Ábalos, quien hoy dará cuenta en el Congreso del polémico episodio, dijo inicialmente que solo hubo un encuentro fortuito, y admitió después que conversó con ella durante unos 25 minutos. Un informe policial al que ha accedido EL PAÍS concluye que Ábalos y Rodríguez estuvieron reunidos aproximadamente una hora sin que la mandataria venezolana llegase a ingresar en el territorio Schengen. (El País)

El Govern de la Generalitat donó 150.000 euros en 2019 al departamento de la ONU que, ese mismo año, emitió un dictamen reclamando la puesta en libertad de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez cuando todavía se encontraban en prisión preventiva a la espera de conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que acabaría condenando a 13 años de cárcel al jefe de filas de ERC y a nueve al líder de Òmnium Cultural y al ex presidente de la ANC. (El Mundo)

Cuando se trata de ocultar información comprometida reclamada a través del Portal de Transparencia, Moncloa siempre sigue un patrón similar. Tras recibir la solicitud, el gabinete de Presidencia estira los plazos lo máximo posible antes de dar respuesta al reclamante. La primera respuesta suele ser negativa. Así, el ciudadano tiene dos caminos: rendirse o continuar demandando que se cumplan sus derechos a través del Consejo de Transparencia. (ABC)

La evolución del ex presidente le ha llevado a apoyar las tesis del régimen chavista frente a las denuncias de la oposición democrática. (El Mundo)

Suponiendo que únicamente el 0,35 por ciento del total de defunciones en España fueran provocadas por la práctica de la eutanasia, ésta supondría entre 1.000 y 1.500 casos anuales si se despenaliza su práctica. (La Razón)