(Exclusivas de la prensa de papel 08/10/2020) El PSOE pide el cese de Iglesias si es imputado

Pablo Iglesias puede aguantar, y lo hará, en el Gobierno de Sánchez hasta la imputación. Pero si llega ese momento, la parte socialista considera que es «insostenible» para un equipo que llegó con la bandera de la regeneración, y para un líder que llegó al Gobierno a lomos de la moción de censura bajo el mantra de la ejemplaridad frente al Ejecutivo de Rajoy, mantener como «número dos» del Gabinete a quien está siendo investigado por su papel en la conocida como pieza Dina, sobre el robo del móvil a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario jubilado y en la cárcel José Manuel Villarejo. (La Razón)

Pablo Iglesias no está obligado a dimitir al abrirse una investigación judicial por el actual Código Ético de Podemos, tras su última modificación en mayo de este año, en Vistalegre III -celebrada entre los días 15 y 21 de mayo, cuatro días antes de de que el auto, de  25 de mayo, del magistrado García Castellón, retirara a Pablo Iglesias la condición de víctima o "perjudicado", en la investigación abierta por el robo del teléfono móvil a su antigua asesora Dina Bousselham. A partir de 2020, en lugar de por una imputación se ha pasado a regular que solo en caso de ser condenado o procesado. (El Economista)

El Gobierno pretende reformar la previsión establecida en 2015 en la Ley del Aborto para que las menores que quisieran abortar necesitaran de la autorización de sus padres o tutores. Y previsiblemente saldrá adelante antes de que el Tribunal Constitucional falle el recurso interpuesto en 2010 por el Partido Popular contra la conocida como «Ley Aído». Este recurso de inconstitucionalidad, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes solventes, es el que más tiempo lleva en el Alto Tribunal a la espera de su resolución, algo que, además, no se prevé que vaya a suceder a corto plazo, ni mucho menos. De hecho, el pasado mes de junio hizo diez años desde que fue admitido a trámite el recurso interpuesto. El Gobierno de Navarra también recurrió la citada ley. (La Razón)

Sólo durante el primer semestre del año, la Administración negó 99 expedientes informativos que debería haber entregado en virtud de las resoluciones del Consejo de Transparencia. (ABC)

Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), muestra a LA RAZÓN su indignación ante el Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros que facilita que aquellos médicos no especialistas puedan ejercer una especialidad, lo que, para el presidente de la CESM, es “una aberración porque en medicina una decisión mal tomada no tiene marcha atrás. Y los pacientes pueden no saber que ese médico especialista no lo es realmente. Es un engaño, un ataque a la profesión y a la seguridad de los pacientes”. para Toranzo, es el “mayor atentado contra el Sistema Nacional de Salud desde que se creó". También que médicos extracomunitarios puedan ejercer en España libremente es motivo de indignación para el presidente de la CESM. (La Razón) (La Vanguardia)

Aunque España aspira a obtener un total de 140.000 millones de euros en fondos europeos en seis años, Sánchez solo hizo mención a la mitad que tendrá forma de subvenciones porque el Ejecutivo, revelan fuentes conocedoras, esperará a mediados de 2023, el plazo límite que hay, para decidir qué solicita de los otros 70.000 millones en créditos de la UE. Aunque Bruselas aconseja aprovechar primero las transferencias, agotar el plazo para solicitar los créditos permitirá al Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos cumplir prácticamente la legislatura sin la mácula de haber solicitado préstamos que la oposición podría presentar como un rescate con condiciones. Para arrancar el plan, el Ejecutivo anticipará los 27.400 millones que espera recibir ya en 2021 vía deuda para que estén disponibles desde la entrada en vigor del nuevo Presupuesto que aspiran a impulsar de cara al próximo año. (Cinco Días)

Un 13,2% de la población que tiene trabajo en España presenta una situación de pobreza relativa, y el 3,1%, de pobreza grave, según sendos informes presentados ayer por Cáritas y la fundación Foessa. Hay casi 2,5 millones de personas que, pese a trabajar, apenas pueden subsistir. La pandemia ha agravado el problema del empleo indecente. Más de 7,8 millones de personas viven en hogares sustentados por un trabajador precario. (La Vanguardia)

El Tribunal Supremo ha concluido que los inspectores de Hacienda no pueden entrar a registrar un domicilio particular o una empresa “para ver qué se encuentra” bajo el único argumento de que el propietario tributa por debajo de las cifras medias de su sector. Así lo ha dictaminado la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anulando por defectos de motivación un auto judicial que autorizó a la Agencia Tributaria a entrar en el domicilio de una empresa que declaraba impuestos inferiores al resto de sus competidores. El asunto, anticipado por este diario, supone un importante varapalo para la estrategia inspectora del fisco, que viene midiendo los ingresos declarados los contribuyentes a fin de elevar la inspección sobre aquellos negocios que ofrecen cifras inusitadamente bajas para su entorno comercial. (Cinco Días)

Una de las cuestiones sobre las que sí se avanzó ayer, según fuentes de la negociación, es la relativa a mantener la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas con 30 años de cotización, como profesores, militares de carrera, jueces, fiscales o funcionarios de la Administración Central. Hasta el momento había reticencias en cuanto a si era una cuestión que debía incluirse en el Pacto de Toledo o, por contra, sacarlo de este terreno, ya que no es un aspecto que esté relacionado con la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, las mismas fuentes apuntan a que ayer tanto PSOE como Podemos insistieron en la idoneidad de que se incluya en el informe de la comisión ya que Europa está mirando con lupa los regímenes especiales como este y ha recomendado que sean integrados. Así, ayer se acordó incluir una especificidad en la que se concluye que no habrá merma sobre los derechos adquiridos de estos colectivos, tal y como habían solicitado los populares. (ABC)

Julián Ruiz aterriza en la secretaría general de la Confederación Española del Comercio (CEC) en el peor momento de la historia para el sector. Las consecuencias de esta segunda ola pueden «ser devastadoras» para muchos negocios, que ya permanecieron cerrados durante el confinamiento. Hay subsectores arrasados, como el textil, y el problema, advierte el directivo, es que el pequeño comercio ( que genera 3,2 millones de empleos y es el 13% del PIB nacional) es muy vulnerable porque son sobre todo microempresas familiares. (El Mundo)

La sentencia del caso Pescanova, que se conoció el pasado martes, puede suponer un antes y un después en el sector de las firmas de auditoría tanto por la millonaria indemnización a la que se enfrenta BDO Auditores, encargada de revisar las cuentas de la empresa pesquera, como por la pena al socio auditor que firmaba las cuentas, Santiago Sañé, condenado a tres años y seis meses de prisión. La sorpresa llega además solo una semana después de que se conociera la sentencia por el caso de la salida a Bolsa de Bankia, en la que tanto Deloitte, como el resto de los 33 acusados, quedan absueltos. “En apenas una semana el sector ha recibido una de la cal y otra de arena”, explica a EXPANSIÓN Félix Pedrosa, socio director de PKF Audiec y auditor habilitado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (Icjce) para la defensa jurídica de los profesionales de la auditoría de cuentas. (Expansión)

El enfriamiento de la recuperación económica que se había empezado a producir en el segundo trimestre del año y que se ha manifestado especialmente en la última parte del verano ha hecho que el Gobierno y los bancos estudien la posibilidad de flexibilizar los créditos concedidos con aval del ICO. Piensan en la creciente posibilidad de que, en el momento en que empiecen a vencer las carencias de las amortizaciones, las empresas no puedan hacer frente a los pagos. (Expansión)

Adif negocia con Bruselas una solución transitoria que le permita esquivar el límite contable que forzaría a España a reconocer el endeudamiento del grupo público y, en consecuencia, dispararía el déficit público del próximo año. El administrador de la red de alta velocidad acumula una deuda financiera de 16.000 millones que, de aflorar, dispararía el déficit público un 1,5% más, en un momento de gran debilidad de las finanzas españolas debido a los efectos del Covid. (Expansión)

Endesa entra de lleno en la batalla por los clientes eléctricos con una tarifa planta real, sin revisiones ni regularizaciones. Además, beneficiará con descuentos a los clientes que sean más eficientes en su consumo. Endesa entra de lleno en la batalla por los clientes eléctricos. La compañía que dirige José Bogas acaba de responder a la ofensiva lanzada por Iberdrola de contratos a cinco años con un precio fijo revisable por el IPC y los cambios regulatorios con una propuesta que impulsa el ahorro y que da un paso más que la tarifa plana que ofrece Repsol. (El Economista)

El fondo oportunista Northwood se postula como uno de los candidatos a hacerse con el centro comercial madrileño Xanadú. Según explican distintas fuentes del sector a elEconomista, la firma habría mostrado ya su interés por el centro antes incluso de que el grupo británico encargará el proceso ordenado de venta a la consultora CBRE. (El Economista)

Que Orsted, empresa dedicada a la energía eólica marina, que salió a bolsa en 2016, sea ya la tercera utility que más capitaliza en Europa da una idea de la fuerza con que están creciendo los negocios vinculados a las energías limpias. Esta danesa –que instala molinos que aprovechan la fuerza del viento en alta mar para generar electricidad sin emisiones– casi ha cuadruplicado su valor bursátil en cuatro años. En octubre de 2016 no llegaba a 15.000 millones de euros, y hoy ronda los 55.600. (El Economista)

El nuevo conseller de Interior impuesto por Torra ha tomado una línea más «permisiva» con los manifestantes separatistas. (La Razón)

Advierte Félix de Azúa (Barcelona, 1941) que “Tercer acto” (Literatura Random House) es la cuarta y última parte de una falsa autobiografía: “En ningún momento, ni ahora ni antes, he querido escribir un relato de mi vida, sino más bien dar cuenta del mundo tal y como lo he conocido”. Un mundo que el narrador compone con secuencias de la España de la Transición y sus consecuencias en la hora presente. Un “Tercer acto” protagonizado por un grupo de jóvenes antifranquistas que viven como unas vacaciones su exilio parisino hasta que la muerte de Franco les aboca a la inutilidad de sus utopías. (ABC)