(Exclusivas de la prensa de papel 02/02/2021) La fuga de empresas de Cataluña a Madrid repunta un 8%

Según los datos de cierre de 2020 facilitados a este diario por la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, las empresas catalanas llegadas a Madrid en 2020 suman 477, por encima de las 440 registradas en 2019. Parecía entonces que iba a bajando ya la marea, pero se ha producido un repunte un año después. Durante los meses del estado de alarma inicial, los cambios fueron mínimos, pero se aceleraron de nuevo a partir de agosto. Suman ya 3.602 traslados en 40 meses de goteo constante desde que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, impulsara las llamadas «leyes de desconexión» y el referéndum ilegal del 1 de octubre. (El Mundo)

«La independencia se podría convertir en un suicidio económico para Cataluña». La red de think tanks europeos Epicenter, publica hoy un extenso informe al que ha tenido acceso este periódico y en el que analiza y pone cifras a una eventual independencia de Cataluña. Y las conclusiones, como ya se adivina con la frase inicial, son devastadoras. Algunas son muy tangibles, como el hecho de que la deuda pública se dispararía hasta niveles muy elevados: de entre el 112% y el 126% del Producto Interior Bruto (PIB). La cifra, se podría pensar, es similar a la que registrará el conjunto de España como consecuencia de la crisis del coronavirus. Pero existe una diferencia notable, y es que «le costaría más pedir préstamos en los mercados financieros» como consecuencia de «su salida de la zona euro». «Y no se puede olvidar que su deuda está actualmente protegida por el Estado de España», añade el documento. Además, «el coste de asumir competencias que ahora son estatales, como Defensa, Justicia o Asuntos Exteriores supondría un gasto adicional de entre 37.900 y 39.800 millones de euros», prosigue el informe. El documento parte de la base de que la República de Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, lo que sometería al nuevo país a un «efecto frontera» que tendría un impacto directo en los precios de exportación (El Mundo)

España no está preparada para la implantación de la semana laboral de cuatro días. Es la principal coincidencia de los expertos que valoran el proyecto piloto aprobado por el Gobierno con una dotación de 50 millones de euros como una "ocurrencia". Son muchos los puntos controvertidos de la aplicación de esta medida, pero el principal es que hasta un 42% de las empresas del tejido productivo vería incrementarse sus costes laboral de manera automática. (El Economista)

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer lunes su Plan de Control Tributario y Aduanero para 2021 en el que, como no podía ser de otra manera, se incluyen varias menciones a la sangría anual que para la arcas públicas supone la colonia británica de Gibraltar. En lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, el Plan indica que se impulsará la implantación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, «big data» y minería de datos para reforzar las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en materia de análisis patrimonial y blanqueo de capitales. En concreto, Hacienda subrayó que en esta materia «resulta prioritaria la zona del Campo de Gibraltar», en la que se desarrollarán operaciones en coordinación con las autoridades policiales y judiciales, en aplicación del Plan Especial del Campo de Gibraltar. Además, continuarán las acciones operativas y de vigilancia marítima que se han visto reforzadas por la prohibición legal de las «narcolanchas». (La Razón)

Pelea y presión. Son los dogmas que se han instalado en Podemos en su convivencia en el Gobierno, pues entienden que no tienen otra vía para imponer al PSOE sus medidas o, al menos, activar aquellas del pacto firmado entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que más rédito político pueden darle. En esta tesitura se enmarca la disputa entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes por la Ley de la Vivienda. Una normativa que debe abordar la regulación del alquiler, la prohibición de los desahucios y un parque público de domicilios. Frente a los recelos de Transportes por las prisas, buscando seguridad jurídica, Iglesias lanza una nueva campaña contra sus socios, en esta ocasión contra José Luis Ábalos, con el objetivo de poder aprobar la ley antes de las elecciones catalanas, el 14 de febrero, lo que le dotaría de munición electoral para dar oxígeno a la campaña de los comunes –el sector catalán de Podemos–, combatir a ERC, con quien batalla por ser referente en la política social, y presentarse como la formación capaz de doblar el pulso al PSOE. (El Mundo)

Fondos, promotores y sector público lanzan 90.000 viviendas para el alquiler. La consultora Atlas calcula la escasez de oferta en arrendamiento en 1,8 millones de casas. (Cinco Días)

«El plastificado de maletas se hace en vuelos de larga distancia, pero este año casi no ha habido», lamenta este empresario, uno de los más de 40 que se han rebelado contra las condiciones que el gestor de los aeropuertos españoles quiere aplicar a los arrendatarios de los locales comerciales y que, según denuncian éstos, «son un abuso», en palabras de Jordi Ruiz, del despacho de abogados Fieldfisher Jausas, que lleva el caso de este grupo de empresas. Suponen el 20% de los 200 arrendatarios que la compañía participada por el Estado tiene en los distintos aeródromos españoles. Ambas partes llevan semanas renegociando las condiciones del pago de la renta por parte de estos inquilinos, pues ahora, con la pandemia, la situación ha cambiado. (El Mundo)

El representante de las pymes españolas señala que el apoyo de los ERTE y los ICO ha sido superado por la duración de la crisis y las empresas necesitan ya ayudas directas. «La solvencia de al menos una de cada cinco está al límite», advierte. (El Mundo) (Cinco Días)

Podemos insta a Calviño a dar ayudas directas a las empresas en crisis. Ministros socialistas admiten que la idea está sobre la mesa. Economía no lo ve viable. (El País)

La subida del salario mínimo en casi un 30% en dos años, primero, y el Covid, después, han hecho estragos entre las empleadas del hogar que cotizan a la Seguridad Social, que hoy están en su nivel más bajo desde 2012. Este año estas trabajadoras pasaron a formar parte del régimen de asalariados del sistema; antes contaban con un régimen propio, similar al de los autónomos. Para encarar el alza del SMI hasta 950 euros, en 2020 algunas familias, que o bien no pudieron o no quisieron asumir el incremento, optaron, en el mejor de los casos, por modificar el contrato y recortaron la jornada laboral de la empleada para pagar lo mismo. (ABC)

Vodafone, el tercer grupo de telecomunicaciones del mercado español, está explorando la posibilidad de constituir una compañía conjunta de infraestructuras de telecomunicaciones en España con Orange, lo que se denomina una InfraCo, para poner en valor sus activos de redes, que alcanzan mayores valoraciones cuando salen del balance de las operadoras de telecos. Un portavoz oficial de Vodafone en España declinó ayer hacer comentarios sobre esta información, mientras que fuentes de Orange negaron esta posibilidad. (Expansión)

Las cotizadas españolas no se libran de los inversores bajistas, aunque a enorme distancia de Wall Street. Según los datos remitidos a la CNMV, los hedge funds mantienen posiciones cortas en el capital de 18 firmas que a precios de mercado están valoradas en 1.004,65 millones de euros. Los fondos están obligados a comunicar al regulador posiciones cortas equiparables al 0,1% del capital, aunque la CNMV publica únicamente aquellas que superan el 0,5%. (Cinco Días)

Koplowitz, Alierta y los March ganan peso en Bolsa española. A través de sus Sicavs, empresarios como Alicia Koplowitz, César Alierta o la familia March buscan aprovechar la mejora en las perspectivas de las economías más castigadas incrementando el peso de la renta variable en sus carteras. Y por primera vez en mucho tiempo, también elevan su exposición a la Bolsa española. (Expansión)

"Es un problema que las empresas enfermas lastren a las sanas". Los bancos centrales "no crean más inversión real ni más empleo". "Todas las respuestas a la brecha social son del siglo XX, no del XXI". (El Economista)

Un total de 13 de los 16 textos que se lanzaron durante el primer estado de alarma aún siguen en tramitación. La lentitud de la izquierda en estas leyes contrasta con la rapidez que aplica a reformas ideológicas como la del CGPJ, la educación o la eutanasia. (ABC)

762 fallecidos y colapso en las UCI de siete autonomías. Los enfermos críticos ocupan más del 60% en Comunidad Valenciana, La Rioja y Melilla. (La Razón)

La llegada de la vacuna contra la Covid-19 ha cambiado el panorama en las residencia en esta tercera ola de la pandemia. La inmunidad, el conocimiento de la enfermedad, los nuevos planes de contingencia y que «¡ahora por fin Sanidad y el Gobierno sí nos hacen caso, han descubierto que existimos!» les hace afrontar la nueva escalada del virus y el futuro inmediato del sector con mejores armas y optimismo, sin perder la cautela. Tras duros meses de lucha contra el virus, un extenuante aprendizaje y irrecuperable peaje de más de 22.000 muertos por la Covid-19 –según datos del ministerio de Derechos Sociales–, los centros están mejor preparados, se conoce al virus y se sabe cómo poder combatirlo y ha mejorado/iniciado la interlocución y colaboración con las administraciones, a pesar de que Salvador Illa abandonó el ministerio de Sanidad sin reunirse personalmente con las residencias. Algo que tampoco ha hecho el vicepresidente de Derechos Sociales Pablo Iglesias, con quien CEAPs ha pedido reunirse hasta en 5 ocasiones y que delega la interlocución en su número dos. (El Mundo)

La presidenta de la Comisión Europea defiende en una entrevista que los contratos con las farmacéuticas han sido un éxito. (El País)

Europa solo tiene aseguradas vacunas para el 22% de la población hasta verano. (La Vanguardia)

La vacuna de Janssen llegará en marzo y la de Novavax, a partir de abril. La CE invierte 416 millones en el antígeno de Novavax y el de Valneva. España recibirá, al menos, 8,1 millones de dosis durante el primer trimestre, la mayoría de Pfizer. (El Economista)

Una cláusula imponía la obligación de aprender un idioma en el que nunca se ha expresado y él pidió liberarse del contrato si Cataluña se independizaba. (El Mundo)

Las cláusulas más curiosas de Messi: No montar en moto acuática, no apostar mucho dinero y jugar donde le ponga el entrenador. El vínculo obliga al argentino a admitir expresamente que su técnico le puede colocar "en la posición más conveniente". (El Mundo)

Los docentes alertan en pleno choque de los rectores con el ministro de la falta de garantías de las pruebas telemáticas. Los propios alumnos avisan de las malas prácticas de sus compañeros. (El Mundo)

Si no gana Illa, que es por lo que pelea Sánchez pese a que esté complicado, la alternativa por la que trabajan en Moncloa apunta a que el Gobierno de la Generalitat lo presida ERC, aunque pacte con JxCat. Si la Presidencia es de ERC, Moncloa confía en mantener el «pragmatismo» y la vía negociadora en Madrid, incluso con Puigdemont como carga, a través de dos «cartas»: la reconstrucción catalana, que será inevitablemente prioritaria tras la pandemia y que puede servir de justificación a ERC para el pacto, Moncloa la ve «negociable» con ERC pero no con JxCat; y la otra «moneda» serían los indultos a los líderes del procés. La concesión del indulto está ya interiorizada dentro del PSOE y hasta se da por hecha para cuando pase la campaña electoral. En el Gobierno, la parte de Podemos ha presionado para que el indulto fuera previo a los comicios, pero habría sido tanto como regalarles a los morados una baza en la campaña electoral y darle otra baza a Ciudadanos para activar una parte del voto que los socialistas aspiran a que se vaya hacia sus siglas. (La Razón)