(Exclusivas de la prensa de papel 01/06/2021) Sánchez remodelará el Gobierno tras los indultos

Tres años después de llegar a la Moncloa, Sánchez prepara una crisis de Gobierno «estructural», que activará presumiblemente una vez se supere el trámite de los indultos, en el que están trabajando varios niveles además del Ministerio de Justicia para armar una fundamentación que supere el recurso ante la Sala Tercera que ya anticipa Vox. «Tiene todo el sentido que así sea», señalan fuentes gubernamentales. La remodelación será de «calado» por primera vez. Hasta ahora, Sánchez se ha limitado a realizar pequeños recambios en las carteras, marcados por cuestiones electorales –las salidas de Salvador Illa y Pablo Iglesias, a las candidaturas de Cataluña y Madrid– que obligaron a realizar movimientos «quirúrgicos». Las fuentes consultadas aseguran que ahora el cambio será de mayor trascendencia, porque en él traslucirá el sentido que el presidente quiere imprimir a lo que resta de legislatura. (La Razón)

La concesión de los indultos a los líderes del procés arraiga en el Gobierno, con Pedro Sánchez abanderando la iniciativa en primera persona. El presidente del Gobierno está decidido a asumir el «desgaste» que para su Ejecutivo y para el PSOE puede suponer conceder la medida de gracia. Pese a que en más de un territorio se manifiestan «dudas» sobre la conveniencia de la medida o, incluso, se pide un «diálogo» con los territorios antes de tomar la decisión, el jefe del Ejecutivo no contempla abrir un debate al respecto pues, defiende, la prerrogativa es del Consejo de Ministros. (El Mundo)

Amortizará presidentes en el cargo desde 2018 como moneda de cambio por el apoyo recibido desde Cataluña y favores con algunos de sus ministros. (ABC)

El Gobierno ha puesto en el centro de la diana de la reforma de las jubilaciones anticipadas a las rentas altas, que son los perfiles que más se verán perjudicados por la modificación prevista en el esquema de coeficientes reductores. Concretamente, el agravamiento de estos porcentajes de reducción de la pensión, en función de los meses de anticipo, se produce en los tres primeros meses de los 24 que puede adelantarse la salida del mercado laboral. Y según fuentes oficiales, esta medida se adopta al detectar que el sistema beneficia a las rentas altas que abandonan prematuramente el empleo, y que son las personas que más anticipan la salida y sobre los que se pretende demorar al menos en unos meses esta decisión. (El Economista)

Esta situación ha supuesto que varios colectivos, entre ellos, las pymes y los regantes hayan puesto el grito en el cielo ante un sistema que les penalizará notablemente. En lo que respecta a las pymes, las más afectadas serán aquellas que tienen los mayores consumos de electricidad en las horas punta (restauración o tiendas de alimentación). La Federación de regantes (Fenacore) considera esta subida como un mazazo, después de que su factura eléctrica haya subido más del 120% desde 2008. Un encarecimiento que consideran puede “suponer un freno para el proceso de modernización”. (El Economista)

El recorte a las eléctricas adelantará el apagón nuclear. La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, llevará hoy al Consejo de Ministros una propuesta para recortar los beneficios que generan los derechos de CO2 y que puede provocar que se adelante el apagón nuclear. El Gobierno presentará hoy un paquete de medidas que puede suponer un cambio de radical para el mercado mayorista de electricidad. El Ministerio de Transición Ecológica dará un paso adelante con el llamado céntimo verde y por otro sumará otra polémica medida, pactada en el acuerdo entre PSOE y Podemos, para que las centrales que no emiten CO2 vean minorada su retribución. (El Economista)

Hacienda ingresará este año más de 2.200 millones por el 'dividendo verde' que quiere recortar a las eléctricas. Las cuentas públicas recibirán este año un multimillonario ingreso extra por el encarecimiento del coste del CO2 que está contribuyendo a poner por las nubes el precio de la electricidad en España y se ha convertido en una seria amenaza para la recuperación económica. Se trata de una de las grandes paradojas del sector eléctrico: la luz se encarece y golpea las rentas de familias y empresas mientras Hacienda ingresa más por la recaudación de impuestos como el IVA y por las subastas de derechos de emisión de CO2 que coordina Europa. (El Mundo)

El hachazo del Gobierno a Iberdrola, Acciona y Endesa espanta al inversor. l plan de atajar la subida de la luz con un mecanismo intervencionista, llamado ‘dividendo de carbono’, hunde a las empresas en Bolsa y enciende alertas entre los analistas financieros. (Expansión)

El Gobierno está impulsando un consorcio entre empresas industriales españolas para pujar por el fabricante aeronáutico ITP Aero, valorado en unos 1.500 millones de euros. Entre los candidatos a participar suenan compañías como Indra, Aernnova, Aciturri y Tecnobit. Sin embargo, este proyecto se encuentra todavía en una fase inicial pues la idea que tiene el Ejecutivo es que este consorcio se quede con el control, algo para lo que no tienen recursos suficientes, ni encajaría a los fondos que actualmente están participando en el proceso, que quieren quedarse con una participación mayoritaria. Por el momento, la transacción sigue su curso y los fondos interesados (Bain, KKR, Platinum, Cinven y Towerbrook) han presentado ofertas, que tendrán que reconfirmar en los próximos días. (El Economista)

Los candidatos a comprar ITP Aero sondean alianzas con fondos españoles. Bain Capital, Cinven, Platinum Equity, KKR y TowerBrook, los cinco gigantes internacionales del capital riesgo finalistas en el proceso competitivo para comprar ITP Aero a Rolls-Royce, están sondeando a inversores financieros españoles para dotar sus ofertas del componente nacional que requiere el Gobierno para autorizar la venta del fabricante vasco de motores de avión. El visto bueno del Ejecutivo es un aspecto clave en el devenir de la operación, ya que desde Moncloa se ha trasladado a Rolls-Royce que no se dará luz verde a que un fondo extranjero controle la mayoría del capital de ITP, dado el componente estratégico de la compañía, que forma parte de programas críticos para la seguridad nacional, como adelantó EXPANSIÓN el 20 de abril. (Expansión)

La deuda de la filial no estará vinculada de manera individualizada a cada proyecto, sino que emitirá deuda corporativa dependiente directamente del grupo, entre otros motivos, para garantizar un coste de financiación más reducido. Si se compara con el coste medio de la deuda de Acciona a cierre de 2020, su filial podría rebajar en 180 puntos básicos el coste de financiarse una vez salga al mercado, gracias al rating de investment grade (de máxima calidad) con el que contará. (El Economista)

Abertis disputa a las constructoras los contratos, valorados en 627 millones de euros, para la conservación de las autopistas AP-7 y AP-2 que eliminan el peaje en agosto. La licitación de los contratos para la conservación y explotación de las autopistas AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-Barcelona-Tarragona, con un valor conjunto de 627,8 millones de euros, ha atraído un elevado interés por parte de las constructoras y empresas especializadas en mantenimiento de infraestructuras, habituales en este tipo de concursos. Se ven las caras con un nuevo jugador en este negocio, Abertis, la concesionaria que ha operado los peajes de estas carreteras desde su origen y que dejará de hacerlo el próximo 31 de agosto, cuando vence el contrato con su filial Acesa. Para ello, el grupo propiedad de Atlantia y ACS creó una sociedad específica hace unos meses, Abertis Gestión Viaria. (El Economista)

El interés por el sector ha registrado un incremento del que las principales entidades financieras españolas ya han dado muestra al conseguir avances en el parqué superiores al 40% de media desde que comenzó el año –cinco de las firmas más alcistas del Ibex pertenecen a este ámbito–. Y la apuesta del consenso de mercado por este tipo de empresas es manifiesta. De hecho, la última revisión del Eco 10, el índice de ideas de calidad que elabora elEcono- mista con la colaboración de cincuenta firmas, avala esta teoría ya que las entidades bancarias han obtenido su mayor peso en la cartera desde 2013. La banca española tiene por técnico un recorrido a largo plazo del 50%. (El Economista)

Las discotecas están prohibidas desde el verano pasado pero en La Rioja la justicia ha avalado su apertura y en Andalucía funcionan desde el final del estado de alarma. (La Razón)

Por un lado, están los gobiernos regionales ortodoxos, que no autorizan presentarse a la Selectividad con suspensos, tal y como se había hecho tanto con la LOE del PSOE de 2006 como con la Lomce del PP. Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia (PP), Aragón y Asturias (PP) y Cantabria (PRC) siguen aplicando este curso un real decreto de 2017 que dice que para obtener el título de Bachillerato «será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos». Por otro lado, están las autonomías que permiten presentarse a la Selectividad con suspensos. Cataluña, País Vasco, Baleares, la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha se dejan llevar por la doctrina de la ministra Isabel Celaá, que ha autorizado esta dispensa por una doble vía: la contempla en su Lomloe (aunque esta parte aún no esté en vigor) y también en el real decreto del pasado septiembre con medidas extraordinarias por el Covid-19. (El Mundo)

Marruecos lleva días sin aceptar el retorno forzoso de cientos de sus nacionales que aún permanecen en Ceuta después de la entrada masiva por mar entre el 17 y el 19 de mayo. Tras incentivar la llegada de más de 9.000 personas a la ciudad autónoma, Rabat facilitó la devolución y el retorno voluntario de la inmensa mayoría, pero desde mediados de la semana pasada se han multiplicado los obstáculos para ejecutar expulsiones, según fuentes policiales. La falta de colaboración de las autoridades marroquíes complica que Ceuta, completamente desbordada, recupere la normalidad. En la ciudad autónoma aún quedan, según fuentes policiales, entre 700 y 1.000 marroquíes sin identificar, además de un millar de menores de edad acogidos en cuatro instalaciones de emergencia. (El País)

Iván Duque, presidente de Colombia, intenta recuperar la iniciativa en medio de la mayor revuelta de los últimos 70 años, una ola de protestas en las que se han producido cerca de 50 muertos y 2.000 heridos. En una entrevista con EL PAÍS, Duque trata de precisar las dimensiones de las acciones callejeras: “Hay protestas pacíficas y un clamor de los ciudadanos que escuchamos y respetamos. Pero también se dan graves hechos de vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad”. “Desangrar a un país, cerrarle las arterias, para buscar el colapso del aparato productivo es algo irracional que no podemos aceptar. Eso viola los derechos de todos”. Además, considera, “ha habido un uso de la desinformación para encolerizar a la población colombiana”. El mandatario explica que gran parte del malestar social se debe a las consecuencias de la pandemia, sobre todo a un aumento del nivel de desempleo. Por eso, vaticina, “este estallido va a ocurrir en muchos lugares del mundo”. (El País)