El Gobierno Sánchez, por fin, empieza a atender una reclamación de la industria española. Y es que en la reunión del Consejo de Ministros de este lunes se ha anunciado la reducción progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) -más conocido como el del 7%- y lo quitará en 2028.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que dicho tributo dejará de estar suspendido, pero su tipo del 7% pasará a ser del entorno del 5% en los dos últimos trimestres del año, del 3,5% en 2027, y se eliminará el IVPEE totalmente en 2028. “Lanzamos una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores”, ha anunciado. “Es una medida costosa presupuestariamente pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía”. Y es que el Ejecutivo calcula que, dependiendo del consumo, así se podría abaratar la factura de la luz hasta en un 6%, pero la recaudación caerá en 2.700 millones de euros en los años 2027 y 2028.
Eso sí, conviene poner algunos puntos sobre las íes al hilo del IVPEE. En primer lugar, España llega tarde con la medida porque en Portugal se eliminó dicho tributo el pasado 1 de enero. Segundo, cabe recordar que dicho impuesto se creó en 2012 y ha contribuido a reducir la pesada deuda del déficit de tarifa que José Luis Rodríguez Zapatero (ahora imputado por presunta corrupción) disparó a casi 30.000 millones de euros por culpa de las generosísimas primas que dio a las renovables. Tercero, dicho déficit de tarifa cerró 2024 en 5.727 millones y está previsto que se liquide en 2028, pero también conlleva el pago de intereses. Además, dicha deuda no sólo ha sido asumida por los clientes eléctricos sino también por las propietarias de las centrales nucleares españolas (o sea, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), que pagan 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado desde que se les impuso en 2012-2013, aunque dentro de la tasa Enresa ya pagan por la gestión de dicho combustible gastado. Además, las generosímas primas a las renovables que dio Zapatero no sólo dejaron una deuda histórica en el sistema eléctrico español que aún seguimos pagando, sino también un gran número de laudos con fallos favorables y desfavorables, peticiones de indemnizaciones y la llegada de injustos embargos de activos del Estado español.
Recuerden que Moncloa aprobó medidas anticrisis el pasado 20 de marzo, casi un mes después de la guerra de Irán (la cual empezó con ataques de EEUU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero). Claro que a mediados de mayo, anunció que empezaba a quitar alguna de las medidas a partir del 1 de junio, por ejemplo, la suspensión del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) y la rebaja del IVA de luz, gas, briquetas, pellets y leña; que pasaron a tener unos tipos del 5% y del 21%, respectivamente. Por cierto, la eliminación de la rebaja del IVA de luz y gas no gustó nada a Yolanda Díaz, APPA Renovables y Facua.
Ahora se reactivará el IVPEE, pero se irá reduciendo su tipo hasta su eliminación completa y se sustituirá la rebaja del IVA en carburantes por descuentos progresivos en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. Estos últimos irán desde los 15 céntimos por litro en julio, a los 10 céntimos/litro en agosto y los 5 céntimos/litro en septiembre, adaptándose a la normalización de los mercados internacionales de los precios del crudo. Eso sí, el Gobierno ha incluido una cláusula para volver a los 20 céntimos/litro de bonificación “si el conflicto se recrudece y los precios vuelven a dispararse”, ha explicado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Y mantendrá el alivio en el carburante a los profesionales del sector primario y del sector del transporte.
Claro que al mismo tiempo, Moncloa insiste en controlar las estaciones de servicio. De hecho, a través de la CNMC (ahora en pleno cambio de presidente y de tres consejeros, aunque seguirá copada por la izquierda), que es un organismo independiente, se podrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de las estaciones de servicio “para identificar comportamientos anómalos”, ha señalado Aagesen, y se publicará una lista con los nombres de las que muestren ese tipo de comportamientos.
Además, en el caso de la agricultura, el Gobierno añadirá 165 millones a la ayuda para la compra de fertilizantes que hasta ahora se situaba en 500 millones.