Ya ha comenzado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también llamada COP30, en Belém (Brasil). Una cita donde los ecologistas insisten en la misma solución de siempre: reducir población, a pesar de que la emergencia climática es la gran estafa contemporánea. Sin embargo, no hablarán de que las energías renovables han dejado de ser un chollo… y se está pasando de una burbuja especulativa un reflujo, que ya se ve en los movimientos de numerosos fondos de inversión (BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Apollo, CIP, Brookfield...) y empresas, con el añadido para nuestro país de laudos y hasta posibles embargos que ya se han empezado a temer.
A España todo esto le está saliendo demasiado caro… porque los contribuyentes aún seguimos pagando (con intereses incluidos) el elevado déficit de tarifa que disparó el socialista José Luis Rodríguez Zapatero con sus generosísimas primas a las energías renovables a casi 30.000 millones de euros. Un desastre del PSOE de Zapatero… y del PP de Mariano Rajoy, pues cuando se empezaron a dar cuenta e iniciaron la reducción de dichas primas, comenzaron a llegar laudos en arbitrajes internacionales contra nuestro país.
Recuerden que el ministro socialista Miguel Sebastián fue el primero que comenzó a usar la tijera en dichas primas en 2010 y le siguió el ministro pepero José Manuel Soria en 2013, que también quiso amortiguar el desastre con un nuevo impuesto (del 7% por la energía eléctrica producida por las energías verdes). Claro que no sólo tomaron postura los políticos, sino también el Tribunal Supremo, que llegó a estimar que la rentabilidad de turbinas eólicas y placas solares no podía ser del 22% que prometió ZP, sino que entre un 7% y un 9% era más que suficiente. Y así empezaron los arbitrajes, llegando a 52 casos que reclamaban más de 10.000 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), pero como este organismo de arbitraje del Banco Mundial no puede dictar sentencia, los demandantes deben denunciar ante tribunales ordinarios.
Hasta ahora, se han dado fallos favorables y otros en contra, pero nuestro país no ha pagado aún nada del dinero reclamado... y han comenzado los embargos de activos ajenos al sector energético en EEUU, Australia, Reino Unido y Bélgica. Hace dos años, se vio con cuatro cuentas bancarias (en el Banco Santander) del Estado español, en concreto pertenecientes al Instituto Cervantes, y también la sede de dicho Instituto en Londres, así como el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige y hasta un bono de deuda... Claro que lo que hizo temer de verdad a los medios diplomáticos y jurídicos de nuestro país fue la posibilidad de que se embargara el avión de Pedro Sánchez cuando viajó a la 80ª Asamblea de la ONU.
Esta misma semana, España ha recibido un séptimo golpe judial en EEUU por haber dado el tijeretazo a las generosísimas primas a las energías verdes. El Tribunal del Distrito de Columbia ha confirmado el laudo que reconoció una indemnización de 41,76 millones a 9Ren, que invirtió de 211 millones en ocho plantas fotovoltaicas. Además, no hay que olvidar que ya hay 28 resoluciones arbitrales emitidas en contra, cuyas indemnizaciones ascienden a más de 1.750 millones... y al sumar los intereses de demora y condenas en costas, la cifra supera los 2.000 millones.
El déficit de tarifa supone una pesada deuda que los contribuyentes no acabaremos de pagar hasta 2028, y que encima conlleva el pago de intereses. ZP y Rajoy cuentan con una pensión vitalicia como ex presidentes del Gobierno... y podrían contribuir a pagarla con parte de dicha pensión. Además, teniendo en cuenta que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, no pierde la ocasión de engañar diciendo que no iban a pasar la línea roja de que la prórroga de las centrales nucleares costara dinero a los contribuyentes y celebra que las propietarias de Almaraz (Iberdrola, Endesa y Naturgy) hayan renunciado a la petición de una rebaja fiscal, habría que recordarle que dichas energéticas y EDP (que es accionista de la central de Trillo) contribuyen a liquidar dicha deuda. De hecho, a estas cuatro compañías se les impuso el pago de 5 euros en el impuesto al combustible nuclear gastado en 2012-2013, como ha recordado el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en más de una ocasión.