El primero que lo verbalizó fue Montilla: cuidado con que la acogida a los inmigrantes vaya a deteriorar los servicios sociales de los nacionales, nuestros votantes. El discurso ha calado, así que el gobierno ha puesto para el período 2007-2010 (ya saben que Zapatero estará siempre) 2.300 millones de euros encima de la mesa para la cosa de la integración: evitar abusos en la relaciones laborales, homologación de titulaciones profesionales, fomento de la integración en la educación, igualdad de género (como no) y respeto a los valores y normas españolas "a las que también se deben adaptar", señala la vicepresidenta. "El objetivo es que los sistemas no sufran deterioro por la llegada de la población inmigrante", señala Caldera.
El 40% del presupuesto será gestionado por ayuntamientos y el plan incluye acogimiento, formación en la interculturalidad, aprendizaje de la lengua, empleo, vivienda, servicios sociales, mujer, infancia y juventud, igualdad, etc. En cuando al aprendizaje del idioma, será "conveniente, aunque no obligatorio", aclara Caldera.
