En estos tiempos que vivimos a más de uno se le llena la boca hablando de inclusión o inserción, pero una cosa es la teoría y otra la práctica. La triste realidad es que España suspende en la inserción laboral de personas con discapacidad: su tasa de empleo (25,9%) es 41 puntos inferior a la del resto de la población (66,9%). Ojo, son datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2019, pero la pandemia del coronavirus va a empeorar este panorama.

La primera prueba de esto se refleja en el estudio que realizó la Fundación Randstad con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra cada 3 de diciembre. Basándose en los datos publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), señaló que entre enero y octubre de 2020, los profesionales con discapacidad habían firmado 71.404 contratos, lo que muestra un desplome del 28,6% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando la cifra fue 100.003. Además, destaca que la crisis que ha provocado la pandemia ha tenido una especial incidencia en la contratación de personas con discapacidad, rompiendo con una tendencia positiva de siete años y provocando que este indicador del mercado laboral retroceda a niveles de 2014, cuando se firmaron 69.648 contratos. 

discapacidad Fundación Randstad

A la vista de este estudio, no cabe ninguna duda de que los datos del INE de 2020 serán bastante peores que los del año anterior. Conviene destacar que la tasa de empleo del citado colectivo del año anterior (25,9%), sólo aumentó un 0,1% respecto a la de 2018, y la población ocupada con discapacidad se situó en 485.900 personas. Pero ojo, porque su tasa de actividad bajó medio punto, hasta el 34%, siendo 43,7 puntos inferior a la de la población sin discapacidad: este último porcentaje se traduce en que 638.600 de las 1.876.900 personas con discapacidad en edad de trabajar) eran activos, 0,5 puntos menos que en 2018, dentro de un colectivo que en total en nuestro país está formado por 2,5 millones de personas. Además, la tasa de paro del colectivo fue del 23,9%, con un descenso del 1,3%, siendo 10 puntos superior a la del resto de la población.

Entre enero y octubre de 2020, los profesionales con discapacidad firmaron 71.404 contratos, un 28,6% menos respecto al mismo periodo del año anterior, por la pandemia 

El INE también afirmaba que la participación laboral de estas personas con capacidades diferentes está muy determinada por el tipo y la intensidad de la discapacidad que padecen. Por tipo, las mayores tasas de actividad la tienen las personas con deficiencias en el sistema auditivo (56,8%), en el sistema osteoarticular (47,7%) y en el sistema visual (45%); mientras que las menores han ido para las personas con trastorno mental (27,8%) y discapacidad intelectual (30,3%). Y por intensidad, la tasa de actividad más elevada, en concreto del 54%, es para las personas con una discapacidad de entre el 33% y el 44%; y del 38,5% para las que tienen un grado de entre el 45% y el 64%; mientras que para las de mayor grado (del 75% o superior), la tasa es sólo del 12,7%.

tasas discapacidad

La mayoría de los empleados con discapacidad en 2019 eran asalariados, en concreto un 89,5%, y sólo un 10,4% eran trabajadores por cuenta propia (o sea, autónomos). Un 73,1% tenían un contrato indefinido, un 82,7% trabajan a jornada completa y desempeñaban su actividad en el sector Servicios un 80,9% (5,5 puntos superior al porcentaje de las personas sin discapacidad).

Poniendo la mirada en las empresas, los últimos datos del INE tampoco dibujan un escenario poco optimista, pese a que las públicas y privadas que tienen 50 o más empleados están obligadas a que, al menos, el 2% de su plantilla tenga el certificado de discapacidad, según se establece en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (LGD), de finales de 2013. Y es que el porcentaje de asalariados con discapacidad en las empresas de 50 o más trabajadores del sector privado fue del 2,2% (cifra en la que se incluyen entidades especializadas en la inclusión social de este colectivo) frente al 1,6% de las empresas de menos de 50 empleados, por lo que la media es del 1,9%.

La Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social (LGD) fija que las empresas con 50 o más empleados están obligadas a que, al menos, el 2% de su plantilla tenga el certificado de discapacidad

“La imagen reflejada en la encuesta del INE se ha visto agravada todavía más como consecuencia de la pandemia de la Covid-19”, afirma el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga. Por todo ello considera que “es necesario implementar nuevas medidas dirigidas a promover la inserción laboral de las personas con discapacidad como, por ejemplo, una cuota de reserva en las medianas empresas o un aumento del 2% actual en las grandes de manera proporcional al número de trabajadores que tenga”.

SEPE

Dos propuestas que tienen bastante lógica y son justas, porque conviene tener en cuenta que el requisito recogido en la LGD es mínimo y además incluye alguna excepcionalidad y medidas alternativas para que las empresas lo cumplan con vías diferentes a la contratación directa si justifican la imposibilidad para incorporar a dicho colectivo. Entre esas medidas alternativas, están: un contrato con un Centro Especial de Empleo (CEE) o con un autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria u otros bienes; donaciones y acciones de patrocinio a entidades sin ánimo de lucro que se dediquen a la inserción laboral o la creación de empleo de personas con discapacidad; o constituir un enclave laboral, previa suscripción con un CEE, como medida de fomento de empleo de dicho colectivo.

En 2019, el porcentaje de asalariados con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores fue del 2,2% frente al 1,6% de las empresas de menos de 50 empleados. Por tanto, la media fue del 1,9%

COCEMFE ha lanzado la campaña #QueNoNosApaguen para denunciar la vulneración de derechos que las personas con capacidad diferentes están experimentando durante la pandemia, bajo el lema: “Si se apagan nuestros derechos, se apaga nuestro futuro”. A esta campaña se ha unido la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA Cocemfe Madrid). La pandemia del Covid-19 está afectando a este colectivo, pues según una encuesta que ha elaborado esta Confederación a más de 800 personas, el 73% ha tenido retrasos en sus citas médicas, el 56% reconoce que su salud ha empeorado, el 40% vio interrumpidos sus tratamientos, el 37% siente que sus derechos han retrocedido y el 20% se ha encontrado una negativa a recibir atención sanitaria.

Tras décadas de lucha y trabajo por la inserción de este colectivo, en estos momentos sus derechos fundamentales se encuentran en grave peligro, sobre todo, en la posibilidad de recibir una atención sociosanitaria digna. Asimismo, su derecho al trabajo, que es un derecho fundamental, sigue siendo una asignatura pendiente y ha empeorado en el último año. Por todo ello, afianzar la inserción desde la educación y la sensibilización de toda la sociedad vuelve a cobrar más importancia si cabe, porque las frases de que “saldremos más fuertes” y “nadie se quedará atrás” suenan muy bien, pero deben materializarse… y es tarea de todos para que nuestra sociedad sea mejor y España apruebe en esta materia que tiene pendiente desde hace años.