Sr.Director:
Los presidentes estadounidenses nunca dejan de citar la Biblia, y la referencia a Dios es continua en la vida ordinaria de Estados Unidos. Michel explica que allí "la separación de Iglesia y Estado es estricta a nivel jurídico, pero no se opone a la religión. Las confesiones pueden expresarse libremente en la esfera pública. La manifestación personal de la fe —se trate de Jefferson, Truman, Kennedy o Carter—, confirma el pluralismo religioso de Estados Unidos".
Para los norteamericanos, la posición correcta es "la de una estricta separación con respeto a todas las religiones, como expresó Thomas Jefferson en su carta a los Bautistas de Danbury, en 1802. Evoca la necesidad de erigir un 'muro de separación' entre las Iglesias y el Estado ( ... ). Esta concepción del 'muro de separación' sigue prevaleciendo hoy en día en la jurisprudencia estadounidense".
De todos modos, este planteamiento puede estar menos consolidado de lo que considera el Prof. Michél: basta pensar en diversos casos pendientes ante el Tribunal Supremo, generalmente, por aplicación de leyes sanitarias o educativas que podrían violar la Primera Enmienda. Además, con la pandemia, jueces de ámbito inferior han protegido la libertad religiosa ante decisiones políticas que los afectados consideraban intromisiones. En esa línea se sitúa un nuevo caso, que puede tener una evolución imprevisible: la prohibición del uso de una mascarilla en una escuela pública de un condado de Mississippi, con la leyenda "Jesús me ama", cuando se han admitido otras muchas con textos variados: equipos deportivos, logos universitarios, frases de televisión, candidatos políticos, el eslogan Black Lives Matter...
En la sociedad contemporánea nada suele ser pacífico cuando se trata del hecho religioso. De ahí la necesidad de aquilatar la diversidad de los derechos humanos clásicos, comenzando por la libertad religiosa. Ante la posible prohibición de algunas entidades que fomentarían el odio a la República francesa en nombre del islam, un experto francés en derecho de asociación, Jean-Claude Bardout, recuerda en unas declaraciones a Le Monde que "el principio de laicidad se impone al Estado, no a las asociaciones, ni al ciudadano".
