Sr. Director:
Hasta finales de marzo estaba bastante claro, con algunos matices, cómo se autolimitaban los derechos constitucionales. Pero el coronavirus está suponiendo una importante tensión entre los diferentes derechos. Por eso el Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a detallar qué material de protección distribuye y cómo lo reparte entre el personal sanitario: el deber de prestar atención médica no puede entrar en colisión con el derecho a la vida. Y también por eso hay un grupo de juristas que han pedido al Defensor del Pueblo que impugne un estado de alarma que, en realidad, con el mes más que pretenden imponer, sería un estado de excepción.
Es incomprensible que en estas circunstancias una de las personas designadas por el Gobierno para garantizar la seguridad diera a entender que se trabaja para limitar la libertad de expresión contra la actuación del Ejecutivo. Aquí el bien jurídico protegido es muy claro y la colisión de derechos inexistente. Contra los bulos no se lucha con menos libertad. No podemos salir de esta crisis menos libres.
