Sr. Director:
La propuesta introducida en la Ley Celaá implicaría acabar con los derechos lingüísticos y limitar el ejercicio de la profesión docente rompiendo el principio de la igualdad de todos ante la ley. Si el proyecto de la ministra Celáa se convierte en parte del precio que paga el Gobierno por el apoyo de los partidos que le sostienen, se acabará convirtiendo en la peor legislación educativa de nuestra democracia.
Es necesario que el PP recurra al Tribunal Constitucional si la Ley llega a aprobarse en estos términos, tal como ha anunciado ya Pablo Casado. Si hay una legislación que por su naturaleza y por su repercusión necesita del consenso de todos los españoles es la educativa. Todo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.
