Sr. Director: Las vueltas y revueltas que el caso de Charlie Gard, un bebé con una enfermedad rara, al que los  facultativos del hospital en el que está hospitalizado, quieren desconectar de los medios mecánicos que lo mantienen, sin el consentimiento de los padres, demuestra la invasión de los poderes públicos en el derecho de los padres a la hora de ejercer la patria potestad que les corresponde, como primeros responsables de su hijo. No es mi intención poner en evidencia a los facultativos del hospital, pues los protocolos en estos casos, basados en las leyes eutanásicas vigentes,  posiblemente amparen la decisión que han tomado para este caso. Este proceder colisiona con los principios y el derecho de los padres, pues lo que se pretende es la muerte del paciente al prescindir de los medios básicos para mantener su vida hasta su  muerte natural, consecuencia de su enfermedad. El caso ha transcendido a otros países y centros médicos como el hospital Bambino Gesú de Roma, que quiere hospitalizarlo y cuidarlo hasta su muerte natural. También en EEUU han ofrecido hospitalizarlo y aplicarle un tratamiento experimental, aprobado por la FDA  para este tipo de enfermedad. Ante la negativa de los padres el centro hospitalario recurrió a la justicia y ahora está pendiente del fallo del tribunal. No es el primer caso que se da en el que  la justicia decide este tipo de litigios. Esta misma situación se está produciendo en el ámbito de la educación. Es notorio como en muchos países de occidente los gobiernos, en nuestro país también, están legislando y poniendo en marcha, de manera dogmática, en niños en edad escolar, principios basados en la ideología de género, tan apreciados en nuestro entorno cultural. Los objetivos pueden ser buenos, a nadie se puede ni debe discriminar por su orientación sexual, pero para eso no hace falta recurrir a ideologías de diseño que introducen fundamentos teóricos de elección de la orientación sexual y que pueden producir efectos contraproducentes y confundir en el desarrollo afectivo del niño. Lo más grave es que estos planteamientos no se hacen con el consentimiento de los padres, la mayoría desconoce en qué consiste esta ideología, obviando su derecho a dar una  formación basada en sus valores, como dispone nuestra constitución. Lo curioso es que no se haya recurrido este tipo de legislación a los tribunales, cuando ya el Tribunal Supremo dictaminó que en los colegios se obviaran temas controvertidos socialmente. A parte de esto puede ser una temeridad inculcar a los niños estos planteamientos ideológicos sin ninguna base antropológica ni práctica, cuyas consecuencias de futuro se desconocen. En ambos casos, los estados con su legislación están usurpando los derechos de los padres con respecto a sus hijos. Fernando Villar