Sr. Director:

Es algo insólito, difícil de explicar y de creer. Un país como el nuestro, gobernado por quienes no creen en él, quienes les da igual ocho que ochenta, quienes les importa un bledo que quemen nuestra bandera, ensalcen a los asesinos del pueblo, prohíban hablar nuestro propio idioma, discriminen económicamente a unas regiones para beneficiar a las que más odian a España y se quieren independizar, desprecien e incumplan los dictados de la justicia, desdeñan a nuestro Jefe del Estado, censuran a los informadores que se pronuncian con valentía en la verdad, que tienen la deleznable actitud de permitir concentraciones masivas de personas sabiendo la gravedad de la pandemia que nos acechaba en Febrero de 2020  y que no tienen otro objetivo que el de ostentar el poder a costa de lo que sea.

Recordemos a Kofi Annan: “Ninguna sociedad democrática puede existir sin una prensa libre, independiente y plural”. Cada día más, nuestros políticos se acercan al comportamiento de los dictadores con la prensa de sus países; tenemos en el nuestro “rufianes” que se niegan a responder a quienes no comulguen con sus ideas. Ya dijimos en su día los prestigiosos periodistas despedidos o acosados, entre otros, por el entonces vicepresidente del gobierno y consentido por el presidente: César Calderón (Público), Alfonso Ussía (La Razón), Alfonso Rojo (Periodista Digital), Vicente Vallés (Antena 3), entre otros. “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar” (Benito Juárez)

Es de miserables impedir que un español aprenda “español” en su propia tierra, que diga un consejero del gobierno regional que el niño que lo quiera estudiar se pague un colegio privado, que se establezcan supervisores o delatores de los estudiantes o profesores que se expresen en su propio idioma, que se sancionen a comerciantes que rotulen en español. Con todo descaro se niegan a cumplir los mandatos de la justicia, ya muy tímida en su sentencia de estudiar un 25% en idioma español. También que el gobierno de la región catalana exija al gobierno de la Nación que se obligue a hablar catalán a los residentes que soliciten la ciudadanía española. Todo esto con el beneplácito de fray Mentiras.

No harían mal los chapuceros gobernantes que tenemos en imitar a su antecesor Manuel Azaña, en su aprecio a nuestra Nación: “Os permito, tolero, admito, que no os importe la República, pero no que no os importe España. El sentido de la Patria no es un mito”. Tal vez  hoy estos indeseables y sus adláteres llamarían fascista a Azaña.