A rebufo del déficit de tarifa, los analistas aseguran que se trata de un órgano consultivo y efectivamente lo es, pero sólo para el Ejecutivo. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es un organismo público, independiente del Gobierno -sometido al control parlamentario- cuya labor fundamental es proteger a los consumidores. Ahora bien, su capacidad para proteger a los consumidores es mayor o menor dependiendo de si los protege de empresas o del Gobierno. Dos ejemplos muy claros: la fibra óptica y los peajes de acceso de electricidad. En el primer caso, recuerden cómo el organismo que preside José María Marín Quemada (en la imagen) tuvo en vela a todo el sector teleco –sobre todo a Telefónica- hasta que no publicó el informe que establecía las condiciones acerca del despliegue de fibra óptica en España. El objetivo, proteger la libre competencia. El texto, por supuesto, era vinculante. El segundo caso: el informe publicado este martes en el que el organismo cuestiona la rebaja del 6,7% de los peajes de acceso de electricidad a los acogidos al peaje 6.1B, esto es, a los consumidores conectados en redes de tensión mayor o igual a 30 kilovoltios y menor de 36 kV. Con buen criterio, la CNMC se cuestiona si la rebaja se ajusta a la Ley 24/2013, que impide la reducción de los peajes mientras exista déficit de tarifa. Efectivamente, estamos hablando de una cantidad pequeña -unos 10 millones de euros-, pero es una cuestión de fuero y no de huevo. En cualquier caso, el Gobierno no dará marcha atrás. Para él, la CNMC sólo es un órgano consultivo. Hispanidad redaccion@hispanidad.com